martes, 31 de agosto de 2010
Tres maestros combativos
Socialistas vs. Radicales en Anguil en los ‘30
Norberto G. Asquini
Tras el golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, los vecinos del Territorio Nacional de La Pampa pudieron volver a votar para concejales recién a fines de 1932.
Para entonces, en Anguil las posiciones políticas se habían polarizado entre dos sectores. Por un lado, se había fortalecido el radicalismo, que sería gobierno en Anguil durante toda la década del ’30. Por otro, la oposición se había organizado en torno al Partido Socialista, una corriente en ascenso dentro del territorio.
jueves, 26 de agosto de 2010
Los intendentes del Proceso
La investigación sobre la procedencia partidaria de los jefes comunales designados por el Proceso en el año 1976 arroja que el 33% fue del Mofepa y el 31% de la UCR. Hubo algunos casos de peronistas. En 1981, los mofepistas se hicieron con la mayoría de las intendencias.
NORBERTO G. ASQUINI
NORBERTO G. ASQUINI
martes, 24 de agosto de 2010
Papeles viejos I
¿QUIEN SE LLEVO EL CARTEL DE EMULSIÓN SCOTT?
Juan Carlos Pumilla
Durante años, particularmente en las tardecitas morosas del verano o en las mañanas templadas del otoño santarroseño, un grupo de amigos ejerció un extraño ritual: solían sentarse alrededor de una mesa de la confitería La Capital con el solo objeto de constatar la presencia, en una de las paredes laterales del edificio de Irigoyen, de una litografía lapislázuli que algún publicista señero ubicó en lo alto para promover las bondades de la emulsión Scott.
miércoles, 18 de agosto de 2010
La "milagrosa" cura de Babelis
APITERAPIA: ¿ÉXITO O FRAUDE?
Norberto G. Asquini
En 1965 Arizona, el último pueblo del sur de San Luis, comenzó a ser centro de un fenómeno social, mediático, de discusión tanto en ámbitos científicas como populares y que llegó a las grandes urbes. Por entonces, los diarios dieron cuenta de una noticia que provocaría un suceso rayano en el milagro y que poco tiempo después se derrumbaría como las esperanzas de muchos de los enfermos que creyeron ciegamente en una posible cura a sus males y desfilaron hacia la población puntana: las curaciones realizadas a través de la Apiterapia, un tratamiento a base de picaduras de abejas que curaba la leucemia y los cánceres.
viernes, 13 de agosto de 2010
1963: El año de la "rosca" (III y última parte)
Norberto G. Asquini
El acuerdo.
Amit, viejo "zorro" de la política y la rosca, ató con los dos cargos de senadores disponibles las dos alianzas para llegar primero a la gobernación en el colegio electoral, y después para poder gobernar con una Legislatura a favor que había quedado también muy dividida. De hecho, la Cámara provincial quedó conformada por 8 diputados de la UCRI, 7 de la UCRP, 3 de la UP, 2 de Udelpa y 1 del PDC.
Amit "arreglaría" su situación: le dio los votos a Bauducco para el Senado para que Udelpa le aportara los cuatro votos necesarios en el colegio electoral, y arregló con la UP para que Mariano Fernández fuera senador.
La primera reunión de la Cámara de Diputado se hizo el 29 de julio y la UCRI, Udelpa y la UP se mostraron juntos, según informaba la prensa. El 6 de agosto en la segunda sesión se eligieron los senadores y con el voto de los tres bloques del "acuerdo" se designó a Bauducco y Fernández. Los ucristas ignoraron al candidato natural de su partido para ese cargo, Oporto. La Arena informaba luego que "los de UP y Udelpa cada uno a su turno fueron repudiados por sus respectivas agrupaciones políticas". La parte más dura del peronismo afirmará: "La traición se ha consumado", y anunció la "refundación" del peronismo.
El "acuerdo" UCRI-UP se profundizaría luego con la incorporación de algunos peronistas como funcionarios de Amit, como el caso del médico Guillermo Furst en el área de Salud.
En el colegio.
El 26 de agosto se iba a reunir el colegio electoral por primera vez, pero sólo fueron los electores de la UCRI y no pudo ser consagrado Amit. La Arena, opositora al ex mandatario, hablaba de un "Claro pronunciamiento: La reelección del doctor Ismael Amit ha merecido el repudio de la mayoría del pueblo pampeano". Afirmaba que estaba en contra la "verdadera" UCRI -ya que los de Amit no lo eran por haber renegado de la línea oficial-, la UCRP -que impugnó su candidatura porque entraba en coalición con el artículo 67 de la Constitución ya que era reelecto porque había sido votado en 1960-, y el PDC que hablaba de que no tenía "autoridad moral".
Pero el miércoles 28 de agosto se convocaron nuevamente y los representantes de la UCRI y Udelpa y juntaron 22 de los 40 votos necesarios para consagrar a Amit-Grubisich.
El 12 de octubre Amit asumió su segundo mandato a través de las urnas. Sólo los diputados de la UCRI, UP y Udelpa apoyaron la toma de juramento.
Fracturas profundas.
Las elecciones del 63 tuvieron repercusiones al interior de todos los partidos. Los arreglos y negociados, previos a la elección y sobre todo posteriores, sacudirían a la mayoría de las agrupaciones políticas del "acuerdo", que quedaron envueltos en acusaciones y cismas. Esto demostraba la debilidad de la llamada democracia con el peronismo proscripto y los demás sectores sin un claro vencedor.
Por lo pronto, a comienzos de agosto Udelpa de La Pampa fue intervenida por el comité nacional por disposición de Aramburu y se partió entre los de Pico y Santa Rosa por el apoyo a Amit. El senador y los diputados serían expulsados del partido.
En la UCRI, el comité piquense denunció a la conducción partidaria provincial ante las autoridades nacionales. El 1º de octubre se informó oficialmente en La Arena que había sido intervenida por Alende la UCRI pampeana, y que se había designado un interventor. Esto fue desconocido por la mesa directiva del Comité provincial.
La UCRI en La Pampa quedó apartada del tronco central del partido. En 1965, Amit y sus seguidores se volcaron al MID, el partido creado por Frondizi. Mientras en Pico quedó un núcleo ucrista.
Dos líneas.
En el peronismo pasó algo similar. Mariano Fernández fue denunciado ante el Consejo Coordinador y Supervisor del PJ y la mayoría de la Junta Promotora provincial del PJ renunció a su cargo -Olga Facca, Rodolfo De Diego, Amilcar Castro, Nery Rubio, Matías Figueroa, Clemente Bedis y Avelino Cisneros-.
El 10 de agosto en Santa Rosa se reunieron los piquenses encabezados por Ananía -al que se lo vinculaba a Fernández- y los renunciantes de la Junta que censuraron la actitud de los diputados y llamaron a reorganizar las bases del movimiento. El 13, los dirigentes renunciantes fueron a la sede central de la UP en Yrigoyen y 25 de Mayo y sacaron todos los muebles.
Poco después el Consejo nacional del PJ nombraría una conducción de seis miembros -dos por rama- que quedaría desde entonces en manos de la línea "dura". Estos expulsarían a los representantes de la UP que habían asumido sus bancas o cargos públicos y ganarían las elecciones de 1965 para diputados nacionales.
miércoles, 11 de agosto de 2010
1963: El año de la "rosca" (II)
Norberto G. Asquini
Las conversaciones para un posible frente electoral continuaron entre algunos dirigentes de la UP y los ucristas. A pesar de la censura de los sindicalistas combativos que veían con malos ojos esa confluencia. En tanto, Ananía decidió alejarse de una candidatura y el 23 de mayo, la UP proclamó la fórmula Mariano Fernández para gobernador y Meana como vice.
El 18 de junio, los "popes" peronistas y ucristas se reunieron en Castex para consensuar una lista conjunta. Fue dos días después de que Amit sufriera un accidente en Luján a bordo de un Falcon. Estuvieron Amit, Fazzini y Valenzuela y Ananía, Meana, Serralta, Mónaco y Mariano Fernández, entre otros. Amit pidió que lo votaran a él, y la UP que la fórmula fuera Fernández-Carlos Mattiauda.
El 20 de junio se realizó la convención de la UCRI con el faltazo de los delegados piquenses. Allí se ratificó la adhesión a Solano Lima, lo que provocó una sangría en sus filas, sobre todo en el norte.
El domingo 30 de junio, 37 delegados de la UP discutieron las alianzas y fue unánime la resistencia a Amit.
El voto en blanco.
Pero el gobierno nacional decretó prohibiciones para la UP, proscribió a los neoperonistas para cargos ejecutivos y sólo se les permitió competir para legislativos. Perón ordenó el voto en blanco y así se resolvió en el partido. El 3 de julio, a cuatro días de la elección, los medios publicaron la resolución. En tanto, el PSV y el PC también convocaron a votar en blanco en La Pampa, como los ucristas alejados de Amit.
El 7 de julio se realizaron los comicios y se impondría el radical del Pueblo, Arturo Illia, para presidente, con el 25% de los votos. La vuelta a la normalidad constitucional llevó la mácula de la falta de legitimidad del mandatario.
Para la primera magistratura, en La Pampa el voto en blanco sumó 24.963 boletas, mientras que la UCRI fue la primera minoría con 24.256, convirtiéndose en una de las pocas provincias donde ganó esa fuerza.
Para gobernador se impondría otra vez Amit con 24.514 votos (30%) y la UCRP sacaría 18.906 (23%). La primera minoría sería el voto en blanco con 25.666 sufragios (31%). Ante la cantidad de votoblanquismo y la dispersión de los apoyos, a Amit no le alcanzó para reunir los electores propios necesarios para ser designado por mayoría en el colegio electoral: ese cuerpo quedó conformado por 18 representantes de la UCRI, 14 de la UCRP, 4 de Udelpa y 4 del PDC.
Pero la orden de votar en blanco para los peronistas llegó tarde, o algunos no quisieron cumplirla. La UP consiguió con escasos votos tres diputados provinciales y un concejal en Santa Rosa.
En Santa Rosa se impuso la UCRI para concejales -esa vez de entre los ediles se elegía el intendente- con el 37% y logró 5 bancas de 9. La UP obtuvo el 9% y el voto en blanco llegó al 30%. En General Pico el peronismo fue más "fiel" a las órdenes. El voto en blanco trepó al 35% y la UP apenas tuvo el 4%. Ganaría la UCRP con el 36%.
La gran rosca.
Comenzó en los días siguientes una trabajosa negociación entre los partidos para definir el nombre del próximo gobernador. Frente a un colegio electoral enrevesado, comenzaron las reuniones y charlas. Los radicales del Pueblo decidieron votar a sus propios candidatos. La UCRI habló con el PDC -en La Pampa no se adoptó el criterio de apoyar la fórmula radical con más votos como sí a nivel nacional- y con Udelpa. Se hablaba de la posibilidad de una senaduría para el presidente de este último partido, José Raúl Bauducco, votada por los ucristas. Esto generó el enojo de los demócratas cristianos que rompieron lanzas con Amit el 31 de julio a través de la prensa.
Entretanto, a nivel nacional, se produjo un cisma en la UCRI y en una convención el sector de Alende expulsó a varios "frondicistas".
Detrás de la "gran negociación" en torno a los electores, había otra. El peronismo comenzó a debatir si sus representantes debían asumir o no los cargos obtenidos en las urnas.
El 23 de julio, Matías Figueroa, secretario general de las 62 de la capital, renunció a su banca de diputado, y esa organización repudió la incorporación de los otros legisladores por contravenir la orden de Perón: Rubén Sierra y Carmen Balent de Gallego.
El 28 se realizó una Convención Provincial del peronismo y allí se votaron dos mociones: por la asunción o la dimisión. Se impuso la primera por 128 votos contra 70 y 8 abstenciones. Se aceptó la renuncia de Figueroa y José Eugenio Ferrero ocupó su lugar. El plenario también dispuso la reorganización del peronismo pampeano, lo que provocó numerosas renuncias como las de Olegario Holgado, Froy Regis, Justino García, Matías Figueroa, Serralta, Rubio, Cisneros y Bedis, entre otros.
Por su parte, José Regazzoli renunció a la concejalía de Santa Rosa como también el segundo de la lista, Félix Mariani. Pero el tercero, Raúl Washington González Fernández, asumió la banca.
El peronismo quedó partido, según las caracterizaciones de sus dirigentes y de la prensa, entre "concurrencistas", "confluencistas" o "integristas", y los "intransigentes", "duros" o "puros" o "principistas".
(SIGUE)
martes, 10 de agosto de 2010
1963: El año de la "rosca" (I)
La segunda elección de Amit: En 1963 las elecciones para gobernador en La Pampa terminaron en un "empate técnico". En el colegio electoral, la "muñeca política" de Amit lo llevó a su segunda gobernación de la mano de la UCRI.
Norberto G. Asquini
El 7 de julio de 1963, durante la presidencia de Tomás Guido, se votó para presidente, gobernadores y legisladores, en medio del enfrentamiento entre azules y colorados en el Ejército sobre la "cuestión peronista".
En La Pampa, para entonces, la UCRI era la fuerza mejor organizada. En 1960 había ganado las elecciones para gobernador con Ismael Amit, y quería repetir esa performance. Había igual algunas divisiones entre sus filas: los "blancos" eran mayoría indiscutible detrás de Amit, y los verdes y la línea "La verdad verdadera" de Juan Miguel Abdo, la oposición.
En esos comicios, todos hablaban de frentes a nivel nacional y de una fórmula neoperonista. Y La Pampa no era la excepción. La Arena llegó a publicar ya en febrero de ese año que había contactos entre la UCRI y los dirigentes peronistas seguidores de de Raúl Mattera -que iba ser candidato a presidente- para hacer una lista común.
Por su lado, la otra rama radical, la UCRP, designó el 24 de marzo en Quemú Quemú la fórmula Cirilo Brown y Francisco Torroba. La primera en lanzarse.
Otro partido que asomaba era Unión del Pueblo Argentino (Udelpa), el partido del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, que a mediados de marzo comenzó con las pegatinas de afiches en General Pico.
Los proscriptos.
Por su parte, el peronismo proscripto, acudiría bajo una sigla neoperonista. Para febrero, los dirigentes piquenses comenzaron a reclamar contra el monopolio santarroseño en la dirección política y orgánica. No era la única división interna que sufría: además de piquenses y santarroseños, estaba la de políticos y sindicalistas, y entre "duros" y "moderados".
El día 26 de marzo, llegó Angel Gianola, enviado del Consejo Superior y Coordinador y se reunió con Mariano Fernández, presidente del Justicialismo, para comenzar a trabajar en la Unión Popular.
El 14 de abril comenzó a organizarse: hubo una convención provincial convocada por la Junta Promotora del PJ en un local céntrico. Se eligieron los precandidatos y hubo preponderancia de los piquenses. Para gobernador se definió una terna, impulsada por los del norte, entre el ex mandatario Salvador Ananía, Pedro Alberto Conchez y Mariano Fernández. Y que José Meana fuera candidato a vice. Los santarroseños se quedaron con algunos diputados provinciales. Se estableció para las candidaturas el cupo del 50% para los sindicalistas, 25% a políticos y 25% la rama femenina. Afuera de la reunión quedaron los disidentes del Partido Laborista y la CGT Auténtica, que no fueron invitados. El delegado se llevó los nombres para ser considerados a nivel nacional.
Volveremos.
Las diferencias no sólo aquejaron al peronismo. A la hora de las candidaturas, en la UCRI los piquenses quedaron relegados y descontentos por no tener lugares. El domingo 21 de abril en Castex, se eligió en un cónclave por votación la fórmula Amit y Pablo Eliseo Grubisich, y sólo Julio Oporto, de Pico, fue designado como posible senador. Poco después, seguidores de la UCRI empapelaron la ciudad con afiches con la cara de Amit y la leyenda "Volveremos".
En junio, la UCRI se dividió entre quienes pretendían un acuerdo con el peronismo a nivel nacional, alentados por Arturo Frondizi, y la línea oficial del partido que quería a Oscar Alende como candidato a presidente. Recuerdan viejos ucristas que estando Alende comiendo con Amit y dirigentes pampeanos en el Hotel Comercio, recibió un llamado que le hizo atragantar la cena. Ahí le informaron que Frondizi no lo iba a apoyar en su candidatura a presidente. Alende saludó enojado, se levantó y se fue.
El sector de Amit había renegado de la línea oficial del partido y respaldó a Vicente Solano Lima, lo que creó aún más diferencias con la dirigencia del norte provincial que eran alendistas. La ruptura era un hecho y a nivel nacional se llegó el 13 de junio a la toma del local central en Buenos Aires del comité central.
En tanto, el 12 de mayo, el Partido Demócrata Cristiano eligió la fórmula que faltaba: Jorge Picca, de Realicó, y Juan Carlos Garat, de Acha. Udelpa llevaría electores provinciales pero no un postulante.
Afuera de esos comicios quedaron el Partido Socialista de Vanguardia y el Comunista, no reconocidos por la justicia.
(SIGUE)
lunes, 9 de agosto de 2010
Pampeanos en los archivos de la Bonaerense
Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla
Fichas, datos y listas de ex detenidos pampeanos durante la dictadura militar integran el archivo documental que supo recopilar la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), otra de las fuerzas que colaboró con el intercambio de información entre los diversos servicios de inteligencia durante la represión ilegal.
Parte de esa información, que se encuentra en el archivo que hoy maneja en La Plata la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -un organismo público, autónomo y autárquico-, fue entregado como prueba al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que juzga a nueve represores de la Subzona 14. Y a pesar de lo fragmentaria de esa documentación, demuestra no sólo los lazos entre las distintas fuerzas del país sino también que en ese marco La Pampa no estuvo aislada del esquema nacional del Terrorismo de Estado y que sus fuerzas colaboraron con el esquema del plan represivo de las Fuerzas Armadas.
El Archivo de la ex Dipba es el único de un órgano policial con funciones de inteligencia recuperado en Argentina. El espionaje, el seguimiento, registro y análisis de la información para la persecución política ideológica fueron sus principales funciones desde su creación, en 1956, hasta su disolución en 1998. El alcance territorial específico de la Dipba fue la provincia de Buenos Aires, sin embargo la coordinación de los servicios de inteligencia, que históricamente es contemporánea a su creación, hace que se encuentren en el archivo documentos de otros servicios de inteligencia del plano nacional y de otras provincias.
Los datos aportados al TOF se refieren a las "fichas" de personas involucradas en el juicio de la Subzona 14 por lo que seguramente hay otras más, pero también se hallaron una serie de documentos que hablan sobre casos pampeanos.
Las fichas.
En el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria hay fichas individuales, por ejemplo, del ex ministro de Obras Públicas Santiago Covella, del ex funcionario regazzolista Rodolfo de Diego, del ex diputado provincial Roberto Gil, del médico Gustavo Brouwer de Konning, del ex diputado nacional Carlos Aragonés y del docente Guillermo Quartucci. Otros figuran en listas donde se informa sobre liberados a disposición del PEN como Hermes Accátoli.
Sobre Aragonés sólo menciona el juicio en el año 1971 contra gremialistas piquenses en Bahía Blanca por atentar contra las líneas telefónicas de esa ciudad y su asunción como diputado nacional.
De Covella, en la ficha elaborada el 1º de octubre del 76, el Servicio de Inteligencia Naval informa de su detención y otro del 28 de septiembre del 76 sobre "antecedentes de detenidos tratados en plenarios" elaborados por "la Comisión de Estudio de detenidos a disposición del PEN".
Sobre Gil también el SIN habla de su detención y su liberación. Y hay antecedentes suyos como "comunista" previos al golpe.
La Comisión Asesora.
El caso más paradigmático es el de Brouwer de Konning, que fue docente en el colegio secundario de Jacinto Arauz y fue detenido el 14 de julio del 76. Su legajo fue tratado por la Comisión Asesora de Antecedentes, una mesa que reunía a los delegados de todos los servicios de inteligencia, se reunía semanalmente, y trataba y catalogaba a cada persona por su "peligrosidad". Esta información era analizada meticulosamente y en base a esos datos emitía un veredicto, una resolución del caso. Era una instancia de decisión colegiada, en donde, en base al intercambio y análisis de información, se votaba y ponía una calificación a las personas y a los libros y publicaciones, indica la CPM.
Según el legajo de la Mesa DS ("delincuentes subversivos") número 12.853, el coronel Fabio Iriart, jefe de la Subzona 14, envió varios "casos" pampeanos para ser tratados por la CAA y entre ellos figuran pedidos de captura solicitados por él.
En la ficha de Brouwer de Konning, se remite al legajo de la Mesa DS número 19.307. La CAA lo clasificó como "Fórmula 2" (había cuatro y la cuarta era la más "alta") que lo catalogaba con: "Los antecedentes que registra no permiten considerarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista". Toda la información del legajo tiene como origen a la Side.
En el expediente número 58.589/79 figuran los datos personales de "persona vigilada" y sus "antecedentes" desde 1976 hasta 1980, descriptos en un informe pormenorizado elaborado por la Side a partir de lo recolectado por el supervisor del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Francisco Pablo Olmedo y por el supervisor enviado por la Dirección Nacional de Enseñanza Privada, J. S. Cossy Isasi, en su inspección al colegio de Jacinto Arauz. El informe se concentra en el rol docente de Brouwer de Konning y la supuesta "acción de adoctrinamiento y condicionamiento mental promarxista" de dicho instituto.
En el documento se menciona a otros docentes como Samprón, Quartucci, Alvarez y Pozo Grados y dice que "este grupo procede de Bahía Blanca y fue llevado al instituto por el rector al hacerse cargo, y tiene antecedentes por su actuación en la Universidad Nacional del Sur y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta)".
Más docentes.
En la llamada Mesa DS también está el documento 6.746 de octubre del 76 en cuyo legajo se menciona al ex profesor Angel Alvarez, de Jacinto Arauz, lugar donde se desempeñaba como docente en el colegio José Ingenieros, "por impartir enseñanza de acuerdo con patrones marxistas. Actualmente se halla detenido en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa".
En cuanto a Guillermo Quartucci, otro docente que pudo escapar del centro clandestino de tortura del Puesto Caminero de Jacinto Arauz hacia Bahía Blanca y se exilió en México, se lo señala en su ficha sobre sus "antecedentes sociales" como "guerrillero". En su legajo que figura en la Mesa DS se solicita su detención a la Bonaerense luego de su fuga por pedido de la Jefatura de Policía de La Pampa. Allí se señala que se había "fugado el día 14 del corriente en proximidades de Jacinto Arauz (La Pampa), siendo sindicado por esa Policía como peligroso guerrillero".
Otro material.
En el material localizado en el archivo de la Dipba que da cuenta del accionar represivo en el periodo que se investiga, en la zonificación militar donde se encontró ubicada la provincia de La Pampa hay legajos que mencionan a otros detenidos pampeanos: Julio Irazusta, Juan José Guida y Jorge Alberto Pascuali Cabrera, de 1975; Rafael Mercedes, Dardo Hernández y Adrián Di Santo, de 1977; y Guardia Dionisio Paniego, de 1978, entre otros. También que se hizo un seguimiento o persecución ideológico-política a la persona al comunista Jorge Kiriachek -los legajos de la Side llevan los números 9963, 43390/77 y 44816-.
Operativo.
Hay otro legajo (Mesa DS, número 4447) caratulado "Informe sobre cuerpo operativo y célula propagandística de la OPM Montoneros detectada en Bahía Blanca. Unidad Regional Bahía Blanca" anterior al golpe que llama la atención. La carpeta incluye un informe producido el 7 de enero del 76 por el comisario Julio Nelo Trujillo, jefe de la Dipba Bahía Blanca.
En el informe, previo al golpe, se destaca un "Informe sobre comisión realizada por orden del Señor Comandante de la Subzona 14 en la Región Sud-Este de la provincia de La Pampa". Allí se menciona un comunicado de la Bonaerense que solicita la detención de varias personas que viajaban hacia La Pampa en esa época en varios vehículos y el policía provincial Ernesto Rubén Alex del Puesto Caminero de Jacinto Arauz relata el paso del nombrado contingente por esa zona. Una muestra documental de la colaboración entre distintas fuerzas para la represión ilegal.
(Diario La Arena, 9 de agosto de 2010)
domingo, 8 de agosto de 2010
El día de los Gloster (1958)
Juan Carlos Pumilla
No fueron pocos los que percibieron, con cierto sobrecogimiento, el lejano bramido crispando el amanecer de Bernasconi. Pero la incertidumbre demoró al menos una hora más en disiparse.
Fue el tiempo que un productor de la zona, tras vencer su recelo, invirtió para aproximarse a un tramo de la ruta nacional 35, situado a dos o tres kilómetros de la entrada al poblado. Allí no tardaría en establecer el origen de la alteración mañanera.
Momentos antes un fuerte ruido había atraído su atención y la extrañeza transformada en alarma al observar precipitarse en su chacra un objeto plateado de considerable tamaño.
Al atravesar la alambrada la visión de la carretera mudó en asombro su curiosidad: en el lugar, alineados al costado de la banquina, cuatro enormes aviones con sus respectivos pilotos aguardaban a la espera de auxilio.
Prontamente, con inocultable deleite, el hombre de campo da-ría cuenta del episodio al comisario y lo refrendaría más tarde hasta el hartazgo a quien se le cruzara. Al parecer uno de los aparatos, con destino a la Base de Punta Indio, había quedado sin combustible obligando a un descenso forzoso del conjunto. La ejecución de esta maniobra impuso la necesidad de arrojar preventivamente los tanques de aprovisionamiento.
La especie se dilató hacia todos los confines en aquel intenso verano y no fueron pocos a los que se les antojó relacionar las aprensiones del chacarero con las turbaciones que, veinte años antes, Orson Wells generaba en su audiencia de La Guerra de los Mundos.
Si hasta las imprecisas crónicas posteriores de la radio de Bahía Blanca no habrían escatimado elementos para establecer, con cierta sorna, estas analogías.
Empero, aunque desde otra consideración, el miedo podía tener sustento: cuatro aviones de la misma dotación habían sido protagonistas centrales de los bombardeos a Plaza de Mayo tan solo tres años antes, el 16 de junio de 1955. Una vileza que aún sigue impune.
Pero no hubo aquí, en la sobresaltada campaña pampeana, corolarios luctuosos. Al contrario.
Fue una jornada de fiesta. Los escolares no asistieron a clases y el ausentismo en los lugares de trabajo fue notable. Camiones, tractores y diversidad de vehículos llegaron hasta el lugar de las expectaciones procedentes de diversos puntos del departamento Hucal.
Los aviones Gloster Meteor, sus pilotos y el chacarero –en ese orden- se constituyeron en los focos de un interés que no decreció en ningún momento. Es que los contingentes se fueron renovando hasta promediar la tarde en que, procedente de la base de Puerto Belgrano, llegó un camión cisterna para cumplimentar la tarea de abastecimiento.
Pero sin lugar a dudas el momento de mayor excitación fue el que fraguó el despegue de los aparatos. Ordenados en la ruta de tierra se elevaron uno tras otro ejecutando un pronunciado giro hacia el Este apuñalando el firmamento. La algarabía de los concurrentes en la despedida apenas fue disipada por el tronar de las turbinas.
Luego, un absoluto silencio y quizás un dejo de tristeza por el retorno a una previsible rutina. Sin embargo ya nada sería igual en las tertulias vecinales de las semanas venideras por el predominio de lo acontecido.
Cuando el último Gloster se perdió en el horizonte y se ponía de relieve la dificultad colectiva para exteriorizar sus emociones alguien se atrevió a quebrar el mutismo con una casi inaudible musitación: “¡Qué bien manejan!”.
sábado, 7 de agosto de 2010
Los detenidos de la UTN en el 76
Norberto G. Asquini
En General Pico se intensificaron los procedimientos durante los días siguientes al golpe del 24 de marzo del 76. Uno de los sectores más castigados por la represión ilegal fue el de los alumnos de Ingeniería de la UTN. Esta Facultad fue un espacio de militancia en los ’70 nacido con los aires ideológicos de liberación y reconstrucción nacional. Desde el ’74 estuvo dirigida por el decano Carlos Agaya, apoyado por muchos alumnos peronistas simpatizantes de la Tendencia, de las izquierdas marxistas revolucionarias, profesores y no docentes.
Pero el sueño de la UTN cayó en enero del ‘75 bajo la intervención de la derecha peronista que desarticuló su proyecto educativo. La resistencia de autoridades y alumnos llegó a la toma de la sede hasta que fueron desalojados por la policía a los pocos días. Desde entonces los alumnos fueron marcados como “subversivos”.
Cuando llegó el golpe, la represión en Pico se concentró en este grupo. En los días siguientes se concretó la razzia ordenada por el coronel Cobuta contra los estudiantes y los no docentes que llenaron la Seccional Primera. Cayeron detenidos Walter Neher, Carlos Llinás, Mario Llinás, Luis Barotto, Eduardo Oporto, Juan Reucci, Jorge Giussani, José Leguizamón, Jorge Canciani, Miguel Guinda, Hugo Clavería, Francisco Tineo, Graciela Espósito, Zelma Rivoira, Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Marcelino Vergara, Oscar Odetti, Carlos Brunengo, los hermanos Enrique y Rosalind Gancedo, Francisco Cortada, Osvaldo Gómez, Irma Guerra, Pedro Bellardo y Rubén Beccaría. En la capital fue capturada el 7 de abril Stella Marys Barrios(1).
Los alumnos en su mayoría fueron capturados en el barrio Pampa, la zona de la ciudad donde vivían muchos de los jóvenes universitarios. Otros fueron citados a la comisaría y quedaron encarcelados cuando se presentaron. Algunos cayeron en la terminal de ómnibus y la estación de trenes. Otros fueron arrestados pero puestos en libertad en cuestión de horas.
Mientras estaban hacinados en la comisaría, algunos recordaron(2) que llegó un profesor y otro estudiante que indicaron a los oficiales a los que debían soltar porque “pertenecían al grupo de los buenos”.
Los que quedaron a disposición de la Subzona 14 fueron trasladados esposados y encapuchados en celulares y carros de asalto a Santa Rosa. Al llegar a la capital, las mujeres quedaron alojadas en la Seccional Primera y a los hombres se los ingresó en la Colonia Penal. Varios fueron torturados en la Primera.
A partir de abril los estudiantes fueron recobrando su libertad(3). Varias jóvenes, como Barabaschi, Audisio y Rosalind Gancedo estuvieron secuestradas durante varias semanas. La primera recién pudo salir el 20 de abril.
(fragmento de "El informe 14", escrito junto a Juan C. Pumilla)
(1)Nómina completa en La Arena del 30 de marzo de 1976.
(2)Norberto Asquini, Crónicas del fuego, Amerindia, 2006,
(3)Barotto, Tineo y Osvaldo Gómez quedaron a disposición del Juzgado Federal acusados de haber participado de la sustracción de un mimeógrafo de la UTN, que era del centro de estudiantes. Oporto quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de General Pico acusado de haber participado del daño en el vehículo del interventor de esa Facultad. (Juzgado Federal, expedientes 156/76 y 159/76).
En General Pico se intensificaron los procedimientos durante los días siguientes al golpe del 24 de marzo del 76. Uno de los sectores más castigados por la represión ilegal fue el de los alumnos de Ingeniería de la UTN. Esta Facultad fue un espacio de militancia en los ’70 nacido con los aires ideológicos de liberación y reconstrucción nacional. Desde el ’74 estuvo dirigida por el decano Carlos Agaya, apoyado por muchos alumnos peronistas simpatizantes de la Tendencia, de las izquierdas marxistas revolucionarias, profesores y no docentes.
Pero el sueño de la UTN cayó en enero del ‘75 bajo la intervención de la derecha peronista que desarticuló su proyecto educativo. La resistencia de autoridades y alumnos llegó a la toma de la sede hasta que fueron desalojados por la policía a los pocos días. Desde entonces los alumnos fueron marcados como “subversivos”.
Cuando llegó el golpe, la represión en Pico se concentró en este grupo. En los días siguientes se concretó la razzia ordenada por el coronel Cobuta contra los estudiantes y los no docentes que llenaron la Seccional Primera. Cayeron detenidos Walter Neher, Carlos Llinás, Mario Llinás, Luis Barotto, Eduardo Oporto, Juan Reucci, Jorge Giussani, José Leguizamón, Jorge Canciani, Miguel Guinda, Hugo Clavería, Francisco Tineo, Graciela Espósito, Zelma Rivoira, Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Marcelino Vergara, Oscar Odetti, Carlos Brunengo, los hermanos Enrique y Rosalind Gancedo, Francisco Cortada, Osvaldo Gómez, Irma Guerra, Pedro Bellardo y Rubén Beccaría. En la capital fue capturada el 7 de abril Stella Marys Barrios(1).
Los alumnos en su mayoría fueron capturados en el barrio Pampa, la zona de la ciudad donde vivían muchos de los jóvenes universitarios. Otros fueron citados a la comisaría y quedaron encarcelados cuando se presentaron. Algunos cayeron en la terminal de ómnibus y la estación de trenes. Otros fueron arrestados pero puestos en libertad en cuestión de horas.
Mientras estaban hacinados en la comisaría, algunos recordaron(2) que llegó un profesor y otro estudiante que indicaron a los oficiales a los que debían soltar porque “pertenecían al grupo de los buenos”.
Los que quedaron a disposición de la Subzona 14 fueron trasladados esposados y encapuchados en celulares y carros de asalto a Santa Rosa. Al llegar a la capital, las mujeres quedaron alojadas en la Seccional Primera y a los hombres se los ingresó en la Colonia Penal. Varios fueron torturados en la Primera.
A partir de abril los estudiantes fueron recobrando su libertad(3). Varias jóvenes, como Barabaschi, Audisio y Rosalind Gancedo estuvieron secuestradas durante varias semanas. La primera recién pudo salir el 20 de abril.
(fragmento de "El informe 14", escrito junto a Juan C. Pumilla)
(1)Nómina completa en La Arena del 30 de marzo de 1976.
(2)Norberto Asquini, Crónicas del fuego, Amerindia, 2006,
(3)Barotto, Tineo y Osvaldo Gómez quedaron a disposición del Juzgado Federal acusados de haber participado de la sustracción de un mimeógrafo de la UTN, que era del centro de estudiantes. Oporto quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de General Pico acusado de haber participado del daño en el vehículo del interventor de esa Facultad. (Juzgado Federal, expedientes 156/76 y 159/76).
jueves, 5 de agosto de 2010
La Cooperativa de La Capital
Norberto G. Asquini (Del libro "Crónicas del fuego")
Un emprendimiento periodístico innovador en los años setenta, más en lo organizativo y social que en lo editorial, fue la constitución de la Cooperativa de Trabajo del diario La Capital -Cooperativa Pampeana Periodística y Gráfica de Trabajo Limitada (Co-Pam)- que comenzó a ser administrada por sus propios empleados a fines de 1975. Su director fue Nelson Nicoletti(1), el vicepresidente Justo Godoy, tesorero Angel Ortiz y secretario Juan José Muñóz.
En el ’75 el diario más antiguo de la provincia, en manos de la familia Gazia, comenzó a recibir los golpes económicos y las deudas lo pusieron al borde de la quiebra. Sus cuarenta empleados coparon una asamblea donde se discutía cómo evitar el cierre cercano, y los dueños se comprometieron a venderlo a los trabajadores. El acuerdo indicaba que sería parte en cuotas y parte a cambio de sueldos y cargas sociales adeudadas; mientras que los empleados renunciaron al cobro de las indemnizaciones.
La deuda con los trabajadores pasó a ser parte del capital social para fundar la cooperativa de trabajo periodística. En su mayoría fueron gráficos, cuyo número pesaba en esos tiempos sobre los otros integrantes de la planta por el manejo de las linotipo; y había unos siete periodistas y tres administrativos. Los objetivos de los trabajadores fueron consolidar la empresa como cooperativa de trabajo y desarrollar un medio de difusión que, según su estatuto, sería “vocero de las causas populares, defensor del patrimonio y de la cultura nacional”.
La entidad tuvo como modelo la primera cooperativa dedicada al periodismo del país, la del diario El Independiente de La Rioja, nacida al calor de la ola popular y revolucionaria de la presidencia de Cámpora, y del gobernador de esa provincia, Carlos Menem, quien mantuvo una fachada de apoyo a la Tendencia en sus primeras semanas para luego decantar en el verticalismo isabelista y condenar al ala izquierda del movimiento(2). La conexión con los colegas riojanos se dio a través de una carta a la que le siguieron varios llamados telefónicos; y se afianzó cuando uno de los pampeanos fue a observar su organización y funcionamiento.
A fines del ’75 estuvieron en La Pampa el director y presidente del medio riojano, Alipio Paoletti, y dos de los impulsores que asesoraron para constituir la cooperativa santarroseña y dejarle material propagandístico sobre la defensa de las fuentes de trabajo y las entidades solidarias. En los primeros tiempos también proveyeron papel a las máquinas(3). Posteriormente, esta vinculación sería utilizada como un argumento más contra la dirección del diario por parte de los sectores reaccionarios.
El emprendimiento periodístico tuvo una vida efímera. Comenzaron a publicar el diario como entidad cooperativa a partir de enero de '76 y sus páginas, editadas ya cuando el golpe de Estado se acercaba y la censura se cernía sobre la prensa, tuvieron una línea periodística moderada. Menos de tres meses después, el 24 de marzo de '76, su director fue detenido y el gobierno militar de la dictadura nombró a un interventor para que se hiciera cargo de la empresa. La Capital finalmente fue vendida en 1978 y pocos años después, cerró sus puertas.
(1) Nicoletti era un ex seminarista nacido en 1950. Era integrante de los grupos de base cristianos posconciliares con relaciones con los sectores tercermundistas y que militaba en los grupos de base católicos de la capital. Nacido en una familia con vinculación con la iglesia católica, había estudiado el secundario en el seminario “La Asunción” de Bahía Blanca. Según explicó en una entrevista, en el ‘69 había sido expulsado del seminario de Bahía Blanca en una ofensiva contra el estudiantado universitario de la UNS luego que tomaron las instalaciones. Fue periodista de La Reforma y en el ’71 ingresó como cronista en La Capital. Vinculado con el sector de docentes peronistas de la UNLPam se hizo cargo del área de extensión universitaria hasta diciembre de 1975 luego de la separación de Di Nápoli. Desde diciembre del 75 a marzo del 76 fue director de La Capital y presidente del directorio de la cooperativa de trabajo. Sus oponentes en el sindicato de prensa lo consideraron un gremialista que a pesar de adscribir a una tenencia progresista se acercó al sector ortodoxo y peronista dentro de la prensa pampeana cuyo grupo más conservador se encontraba en General Pico. Fue también director de prensa de la UNLPam entre febrero de 1974 a diciembre de 1975.
(2) El Independiente sufrió la persecución de la derecha peronista en La Rioja y el delegado normalizador enviado en 1974 al PJ riojano reclamó públicamente la eliminación del diario. Ver La Arena, 22 de enero de 1976.
(3) Nicoletti en una entrevista relató que mientras se encontraban reunidos en una cena la policía demoró a los riojanos en su vehículo en pleno centro por tenencia de armas y allanó la habitación del hotel donde se hospedaban.
Un emprendimiento periodístico innovador en los años setenta, más en lo organizativo y social que en lo editorial, fue la constitución de la Cooperativa de Trabajo del diario La Capital -Cooperativa Pampeana Periodística y Gráfica de Trabajo Limitada (Co-Pam)- que comenzó a ser administrada por sus propios empleados a fines de 1975. Su director fue Nelson Nicoletti(1), el vicepresidente Justo Godoy, tesorero Angel Ortiz y secretario Juan José Muñóz.
En el ’75 el diario más antiguo de la provincia, en manos de la familia Gazia, comenzó a recibir los golpes económicos y las deudas lo pusieron al borde de la quiebra. Sus cuarenta empleados coparon una asamblea donde se discutía cómo evitar el cierre cercano, y los dueños se comprometieron a venderlo a los trabajadores. El acuerdo indicaba que sería parte en cuotas y parte a cambio de sueldos y cargas sociales adeudadas; mientras que los empleados renunciaron al cobro de las indemnizaciones.
La deuda con los trabajadores pasó a ser parte del capital social para fundar la cooperativa de trabajo periodística. En su mayoría fueron gráficos, cuyo número pesaba en esos tiempos sobre los otros integrantes de la planta por el manejo de las linotipo; y había unos siete periodistas y tres administrativos. Los objetivos de los trabajadores fueron consolidar la empresa como cooperativa de trabajo y desarrollar un medio de difusión que, según su estatuto, sería “vocero de las causas populares, defensor del patrimonio y de la cultura nacional”.
La entidad tuvo como modelo la primera cooperativa dedicada al periodismo del país, la del diario El Independiente de La Rioja, nacida al calor de la ola popular y revolucionaria de la presidencia de Cámpora, y del gobernador de esa provincia, Carlos Menem, quien mantuvo una fachada de apoyo a la Tendencia en sus primeras semanas para luego decantar en el verticalismo isabelista y condenar al ala izquierda del movimiento(2). La conexión con los colegas riojanos se dio a través de una carta a la que le siguieron varios llamados telefónicos; y se afianzó cuando uno de los pampeanos fue a observar su organización y funcionamiento.
A fines del ’75 estuvieron en La Pampa el director y presidente del medio riojano, Alipio Paoletti, y dos de los impulsores que asesoraron para constituir la cooperativa santarroseña y dejarle material propagandístico sobre la defensa de las fuentes de trabajo y las entidades solidarias. En los primeros tiempos también proveyeron papel a las máquinas(3). Posteriormente, esta vinculación sería utilizada como un argumento más contra la dirección del diario por parte de los sectores reaccionarios.
El emprendimiento periodístico tuvo una vida efímera. Comenzaron a publicar el diario como entidad cooperativa a partir de enero de '76 y sus páginas, editadas ya cuando el golpe de Estado se acercaba y la censura se cernía sobre la prensa, tuvieron una línea periodística moderada. Menos de tres meses después, el 24 de marzo de '76, su director fue detenido y el gobierno militar de la dictadura nombró a un interventor para que se hiciera cargo de la empresa. La Capital finalmente fue vendida en 1978 y pocos años después, cerró sus puertas.
(1) Nicoletti era un ex seminarista nacido en 1950. Era integrante de los grupos de base cristianos posconciliares con relaciones con los sectores tercermundistas y que militaba en los grupos de base católicos de la capital. Nacido en una familia con vinculación con la iglesia católica, había estudiado el secundario en el seminario “La Asunción” de Bahía Blanca. Según explicó en una entrevista, en el ‘69 había sido expulsado del seminario de Bahía Blanca en una ofensiva contra el estudiantado universitario de la UNS luego que tomaron las instalaciones. Fue periodista de La Reforma y en el ’71 ingresó como cronista en La Capital. Vinculado con el sector de docentes peronistas de la UNLPam se hizo cargo del área de extensión universitaria hasta diciembre de 1975 luego de la separación de Di Nápoli. Desde diciembre del 75 a marzo del 76 fue director de La Capital y presidente del directorio de la cooperativa de trabajo. Sus oponentes en el sindicato de prensa lo consideraron un gremialista que a pesar de adscribir a una tenencia progresista se acercó al sector ortodoxo y peronista dentro de la prensa pampeana cuyo grupo más conservador se encontraba en General Pico. Fue también director de prensa de la UNLPam entre febrero de 1974 a diciembre de 1975.
(2) El Independiente sufrió la persecución de la derecha peronista en La Rioja y el delegado normalizador enviado en 1974 al PJ riojano reclamó públicamente la eliminación del diario. Ver La Arena, 22 de enero de 1976.
(3) Nicoletti en una entrevista relató que mientras se encontraban reunidos en una cena la policía demoró a los riojanos en su vehículo en pleno centro por tenencia de armas y allanó la habitación del hotel donde se hospedaban.
miércoles, 4 de agosto de 2010
Vigencia de los dos demonios
Juan Carlos Pumilla
Nada, ni nadie, podrá alterar la calificación de histórico que viene definiendo al juicio de la Subzona 14 en La Pampa. Lo es por una multiplicidad de circunstancias: históricas, geográficas, temporales, ideológicas y políticas, entre otras.
Empero sigue siendo lícito formular una reflexión crítica acerca del proceso. Para el debate, para honrar la libre expresión, acaso para la docencia.
En los albores de los ochenta los exégetas de Raúl Alfonsín diseñaron con rotundo éxito lo que vino a conocerse como “teoría de los dos demonios”. Un presupuesto vertebrado en el sostenimiento de que en La Argentina se había librado una guerra entre dos contendientes: por un lado la guerrilla, por otro las Fuerzas Armadas.
Tan falaz como eficaz, la teoría sustrajo la consideración del Estado al del escenario de los años setenta.
Sin menoscabo de que será inevitable y necesario referirse en algún momento al amplio espectro que involucra e involucró el término “guerrilla” (que según la in-objetable y fundada verificación del coronel Florencio García, no llegaba, a mediados de esa década, a superar los mil efectivos) se impone como necesario subrayar que al imperio de los dos demonios, en otro juicio histórico, el de las Juntas, la sociedad no reclamó a través del Estado por sus perjuicios iniciales. De manera que sólo se las condenó por los crímenes cometidos pe-ro no por el objetivo que determinó esos crímenes. No hubo a provincia, como probablemente tampoco habrá, en tal sentido, una acusación a los responsables del terrorismo de Estado por el delito de sedición. Ese es el delito primero. Luego, los crímenes.
No es ésta una cuestión menor.
Por fortuna, para subsanar nuestras limitaciones, teóricos y juristas se han dedicado a desmenuzar el enorme universo de la intencionalidad.
Esto nos lleva a otra consideración. Por comodidad o acostumbramiento la calificación de “lesa humanidad” nos tranquiliza y agota. Acaso no se ha extendido plenamente la enorme significación del fallo contra Etchecolatz: “Genocidio”
Si así fuere, se hará manifiesta a la comprensión de cualquier lector que se inicie en el tema, la evidencia de que estas comparaciones conducen a conquistar precisión en una cuestión capital: la diferencia entre lo que es lesa humanidad y genocidio. El eje vertebral de este con-traste es la intencionalidad.
Por eso creemos que es importante dilatar la extensión temporal del terrorismo de Estado y subrayar sus propósitos centrales. El Estado argentino y su sociedad deben reclamar no sólo por las consecuencias.
Si lo hiciera estaríamos habilitados para confirmar que asistimos a un proyecto genocida que lo era aun antes de implementarse.
Cobraría sentido y otra dimensión la determinación de los blancos iniciales, instituciones, proyectos y personas, y le adjudicaría al tribunal razones para establecer las motivaciones que originaron estas actuales y únicas imputaciones por detenciones ilegales y tormentos.
Al igual que en el plano nacional y su correlato de los treinta mil, estos crímenes en La Pampa no fueron el objetivo sino el presupuesto.
Nada, ni nadie, podrá alterar la calificación de histórico que viene definiendo al juicio de la Subzona 14 en La Pampa. Lo es por una multiplicidad de circunstancias: históricas, geográficas, temporales, ideológicas y políticas, entre otras.
Empero sigue siendo lícito formular una reflexión crítica acerca del proceso. Para el debate, para honrar la libre expresión, acaso para la docencia.
En los albores de los ochenta los exégetas de Raúl Alfonsín diseñaron con rotundo éxito lo que vino a conocerse como “teoría de los dos demonios”. Un presupuesto vertebrado en el sostenimiento de que en La Argentina se había librado una guerra entre dos contendientes: por un lado la guerrilla, por otro las Fuerzas Armadas.
Tan falaz como eficaz, la teoría sustrajo la consideración del Estado al del escenario de los años setenta.
Sin menoscabo de que será inevitable y necesario referirse en algún momento al amplio espectro que involucra e involucró el término “guerrilla” (que según la in-objetable y fundada verificación del coronel Florencio García, no llegaba, a mediados de esa década, a superar los mil efectivos) se impone como necesario subrayar que al imperio de los dos demonios, en otro juicio histórico, el de las Juntas, la sociedad no reclamó a través del Estado por sus perjuicios iniciales. De manera que sólo se las condenó por los crímenes cometidos pe-ro no por el objetivo que determinó esos crímenes. No hubo a provincia, como probablemente tampoco habrá, en tal sentido, una acusación a los responsables del terrorismo de Estado por el delito de sedición. Ese es el delito primero. Luego, los crímenes.
No es ésta una cuestión menor.
Por fortuna, para subsanar nuestras limitaciones, teóricos y juristas se han dedicado a desmenuzar el enorme universo de la intencionalidad.
Esto nos lleva a otra consideración. Por comodidad o acostumbramiento la calificación de “lesa humanidad” nos tranquiliza y agota. Acaso no se ha extendido plenamente la enorme significación del fallo contra Etchecolatz: “Genocidio”
Si así fuere, se hará manifiesta a la comprensión de cualquier lector que se inicie en el tema, la evidencia de que estas comparaciones conducen a conquistar precisión en una cuestión capital: la diferencia entre lo que es lesa humanidad y genocidio. El eje vertebral de este con-traste es la intencionalidad.
Por eso creemos que es importante dilatar la extensión temporal del terrorismo de Estado y subrayar sus propósitos centrales. El Estado argentino y su sociedad deben reclamar no sólo por las consecuencias.
Si lo hiciera estaríamos habilitados para confirmar que asistimos a un proyecto genocida que lo era aun antes de implementarse.
Cobraría sentido y otra dimensión la determinación de los blancos iniciales, instituciones, proyectos y personas, y le adjudicaría al tribunal razones para establecer las motivaciones que originaron estas actuales y únicas imputaciones por detenciones ilegales y tormentos.
Al igual que en el plano nacional y su correlato de los treinta mil, estos crímenes en La Pampa no fueron el objetivo sino el presupuesto.
lunes, 2 de agosto de 2010
Marín entre las acusaciones y la victimización
Marín entre las acusaciones y la victimización
Frente al debate sobre la actuación del peronismo en los 70, el ex gobernador queda siempre en el ojo de la tormenta por su responsabilidad política. Entre las duras acusaciones y la reivindicación el costado pragmático de Marín lo señala en las buenas, pero sobre todo en las malas.
NORBERTO G. ASQUINI
La revisión de los crímenes y responsabilidades políticas vinculados al Terrorismo de Estado durante los años 70 es una sombra permanente sobre algunos dirigentes de la sociedad civil que tuvieron actuación en estos tiempos desde hace unos años. Sobre todo en el PJ, partido en el que, según el historiador Vicente Palermo, tuvo militantes "de ambos lados de la picana" -frase que no es nueva, pero sí no muy repetida-. Por eso en esa corriente muchos dirigentes han sido cuestionados por su actuación en la época desde que en 2003 la gestión de Néstor Kirchner -con su política en el tema de derechos humanos- y desde la justicia -con la reapertura de las causas de delitos de lesa humanidad- volvieron a poner en vigencia la revisión de los años 70, antes y después del golpe del 76.
Ese marco nacional abrió la "caja de Pandora" para que cada tanto, el peronismo deba afrontar las responsabilidades que tuvieron algunos de sus dirigentes en la época más negra de los 70. Por supuesto, que en este revisionismo juegan también cuestiones que nada tienen que ver con la memoria y la verdad, como son los intereses políticos donde se mezclan situaciones partidarias y hasta personales en temas que deberían tratarse con mayor altura y rigurosidad.
En todos lados.
En La Pampa, desde 2003, la revisión de lo ocurrido en los años 70 tuvo también un fuerte impulso. Desde la reapertura de la causa contra los represores de la Subzona 14, y para dar un ejemplo de los avances en este sentido, se pudo sistematizar al menos la presencia de más de 270 víctimas del terrorismo de Estado en todo el territorio, listado elaborado por Juan Carlos Pumilla y el autor de esta nota. La provincia no escapó a este marco general del debate, aunque con sus especificidades.
Y por supuesto su discusión, que debería ser mucho más profunda, tiene como protagonistas a las víctimas y los investigadores, por un lado; y a quienes politizan los años 70 por el otro, acicateando el permanente conflicto político que después de 2001 vive el peronismo local. Cada vez que "explota" públicamente este tema, se producen cruces como el que se dio hace poco en el acto a Eva Perón cuando resurgieron acusaciones y se llegó a levantar el tono de las voces.
Pero, como es sabido, la lógica del poder y la necesidad hacen que los debates se disimulen ante las coyunturas políticas y electorales en una convivencia o equilibrio necesarios para la continuidad de esa fuerza en el gobierno.
El gran protagonista.
En La Pampa el gran debate dentro del PJ se ha dado en torno al ex gobernador Rubén Marín. Esto no es gratuito ya que fue el que mayor responsabilidad política tiene en esto: ha sido el político tal vez más influyentes de la provincia desde 1983 en adelante siendo cuatro veces gobernador -además de diputado y senador- y más allá del "otoño" de su carrera política, continúa vigente. Durante los 90 fue el dirigente hegemónico en el PJ local, hasta que en 2003 perdió ese monopolio del poder partidario y comenzaron entonces las miradas acusadoras hacia su pasado, ayudadas por el debate nacional. Además, hay que recordar que entre 1973 y 1976 Marín fue vicegobernador.
Por eso es el blanco de las sospechas y los debates: por la responsabilidad política que le cabe como conductor por décadas del PJ y por su alto cargo en el gobierno peronista de los 70.
Las últimas acusaciones no surgieron de parte de una víctima, como lo hizo con suficiente crédito Raquel Barabaschi quien estuvo detenida en aquellos años, sino del ultravernista Migue Solé, ex funcionario y uno de los integrantes de la denominada "banda de los pampeanos" de la gestión menemista, entre otros antecedentes. Una cuestión de raíces políticas y personales que se mezcla con hechos por demás sensibles.
La lista peronista.
El ex mandatario estuvo en los 70 entre los peronistas que se enfrentaron con el gobernador José Aquiles Regazzoli e intentaron que dejara el cargo. La cara más visible de esta corriente fue el diputado nacional Carlos Aragonés, de la rama sindical. En esa época, entre ambos bandos hubo violentos choques y hasta fuertes acusaciones. Las reuniones con funcionarios nacionales para llevar los reclamos de los sindicalistas contra Regazzoli están documentadas.
Cuando estalló el golpe, y esta es una de las especificidades de la represión ilegal en La Pampa, hubo detenidos de la "izquierda" -la mayoría fue previo al 76-, y entre el peronismo, pero la mayoría de estos últimos estuvo vinculada al gobierno provincial regazzolista. En La Pampa, a diferencia de otros lados, no fueron arrestados los de la JP del ala izquierda, que apenas tuvo demorados. Pero si de la JP del derechista Comando de Organización, aliada al gobernador, y cuyos militantes en otras zonas del país no sufrieron la represión ilegal. También hubo funcionarios provinciales y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. El grueso fue del arco regazzolista. Del otro sector, después del 24 de marzo apenas Aragonés pasó por la Unidad Penal 4, y algún otro caso puntual. Desde entonces, la sombra de la "entrega" realizada por Marín y Aragonés de esos nombres a los oficiales de la Subzona 14 no dejó de perseguirlos.
También se recuerda que en 1979, Marín fue abogado defensor de un estanciero que contrató a un grupo de tareas militar de Buenos Aires para hacer una "apretada" en la zona de Victorica.
Argumentos a favor.
Por supuesto que Marín ha tenido otra historia que él reivindica al contrastarla con esa sombra. Apenas asumido su primer mandato, en 1984, inició las actuaciones sumariales contra los oficiales de la Policía provincial que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14. El grueso de esa información es la que los llevó al juicio que comienza hoy en la provincia. Fue uno de los pocos gobiernos provinciales que encaró esta investigación decisiva. Además, en un acto de justicia, reincorporó a todos aquellos prescindidos de la administración pública durante la dictadura militar.
El además ha insistido que estuvo detenido durante algunos días en octubre de 1976 en la Seccional Primera, cuando ya la mayoría de los presos políticos de la provincia habían sido liberados o trasladados.
Aunque esta reivindicación se use como defensa, no alcanza para responder las sospechas sobre la etapa previa, porque en realidad lo que se pretende es conocer su actuación en el lapso anterior y, en particular, su relación con los detentores del poder.
Luces y sombras.
Ante la falta de documentación sobre las acusaciones, se debe analizar la actuación de Marín previa y posterior al golpe desde dos aspectos. Por un lado, su reivindicación es parte de una mirada que ha tenido el peronismo hacia su propia historia. El peronismo ha logrado reinventarse a través de su pasado enalteciendo u ocultando su propia historia, y esto ha sido una de las claves de su permanencia. Mientras Menem pudo levantar la bandera del más crudo liberalismo y de la mal llamada reconciliación nacional, pocos años después el peronismo se encarriló detrás de un proyecto nacional y en la revisión de su pasado setentista.
Marín, en esa revisión obligada por las circunstancias de su pasado en los 70, hace lo propio: echa luz sobre algunos aspectos destacables como el sumario administrativo del 84 o su detención, para ocultar otros oscuros como su enfrentamiento con el otro ala del peronismo local.
Pragmatismo puro.
Frente al uso político de esta visión parcializada del pasado, juega también otra consideración para entender la ubicuidad entre los extremos de una misma persona en su trayectoria -la traición o la reivindicación-. ¿Marín es al final cómplice de la dictadura o, al otro extremo, fue el que permitió juzgar a los represores?
Marín, desde sus inicios en el partido en los 60, siempre tuvo una definición: "yo soy peronista". Esto, además de servirle para impugnar a otros compañeros críticos o corrientes internas, le permitió públicamente cobijarse en los circunstanciales espacios nacionales de poder: desde el ala derecha gremial de los años 70, que comandaba Lorenzo Miguel, hasta su actual kirchnerismo; pasando sucesivamente por la renovación del cafierismo y el neoliberalismo menemista, sin empacho ni dobleces. En síntesis, en este plano, siempre cayó parado. En la cuestión de los derechos humanos pasó de la investigación en los 80 a la teoría de la reconciliación y el olvido en los 90, para reinventarse en el 2000 junto al kirchnerismo.
Desde esta visión pragmática, las dos visiones de la historia pueden llegar a convivir en el mismo personaje. Desde otro punto de vista, hoy el sumario administrativo del 84 toma entidad histórica cuando los represores pampeanos serán juzgados a raíz de esa investigación promovida por su gestión. Pero no alcanza eso sólo para deslindar las responsabilidades de los 70. La responsabilidad de su sector en los años 70 fue obvia al ser el peronismo que no fue castigado en la provincia con las detenciones como ocurrió con sus opositores internos.
Marín fue en esa coyuntura un dirigente de peso en las decisiones que se tomaron desde el ala sindical. Haya o no documentación al respecto, por su figura en la política provincial y su alto cargo en los 70, debe dar cuenta de las sombras de su pasado.
Frente al debate sobre la actuación del peronismo en los 70, el ex gobernador queda siempre en el ojo de la tormenta por su responsabilidad política. Entre las duras acusaciones y la reivindicación el costado pragmático de Marín lo señala en las buenas, pero sobre todo en las malas.
NORBERTO G. ASQUINI
La revisión de los crímenes y responsabilidades políticas vinculados al Terrorismo de Estado durante los años 70 es una sombra permanente sobre algunos dirigentes de la sociedad civil que tuvieron actuación en estos tiempos desde hace unos años. Sobre todo en el PJ, partido en el que, según el historiador Vicente Palermo, tuvo militantes "de ambos lados de la picana" -frase que no es nueva, pero sí no muy repetida-. Por eso en esa corriente muchos dirigentes han sido cuestionados por su actuación en la época desde que en 2003 la gestión de Néstor Kirchner -con su política en el tema de derechos humanos- y desde la justicia -con la reapertura de las causas de delitos de lesa humanidad- volvieron a poner en vigencia la revisión de los años 70, antes y después del golpe del 76.
Ese marco nacional abrió la "caja de Pandora" para que cada tanto, el peronismo deba afrontar las responsabilidades que tuvieron algunos de sus dirigentes en la época más negra de los 70. Por supuesto, que en este revisionismo juegan también cuestiones que nada tienen que ver con la memoria y la verdad, como son los intereses políticos donde se mezclan situaciones partidarias y hasta personales en temas que deberían tratarse con mayor altura y rigurosidad.
En todos lados.
En La Pampa, desde 2003, la revisión de lo ocurrido en los años 70 tuvo también un fuerte impulso. Desde la reapertura de la causa contra los represores de la Subzona 14, y para dar un ejemplo de los avances en este sentido, se pudo sistematizar al menos la presencia de más de 270 víctimas del terrorismo de Estado en todo el territorio, listado elaborado por Juan Carlos Pumilla y el autor de esta nota. La provincia no escapó a este marco general del debate, aunque con sus especificidades.
Y por supuesto su discusión, que debería ser mucho más profunda, tiene como protagonistas a las víctimas y los investigadores, por un lado; y a quienes politizan los años 70 por el otro, acicateando el permanente conflicto político que después de 2001 vive el peronismo local. Cada vez que "explota" públicamente este tema, se producen cruces como el que se dio hace poco en el acto a Eva Perón cuando resurgieron acusaciones y se llegó a levantar el tono de las voces.
Pero, como es sabido, la lógica del poder y la necesidad hacen que los debates se disimulen ante las coyunturas políticas y electorales en una convivencia o equilibrio necesarios para la continuidad de esa fuerza en el gobierno.
El gran protagonista.
En La Pampa el gran debate dentro del PJ se ha dado en torno al ex gobernador Rubén Marín. Esto no es gratuito ya que fue el que mayor responsabilidad política tiene en esto: ha sido el político tal vez más influyentes de la provincia desde 1983 en adelante siendo cuatro veces gobernador -además de diputado y senador- y más allá del "otoño" de su carrera política, continúa vigente. Durante los 90 fue el dirigente hegemónico en el PJ local, hasta que en 2003 perdió ese monopolio del poder partidario y comenzaron entonces las miradas acusadoras hacia su pasado, ayudadas por el debate nacional. Además, hay que recordar que entre 1973 y 1976 Marín fue vicegobernador.
Por eso es el blanco de las sospechas y los debates: por la responsabilidad política que le cabe como conductor por décadas del PJ y por su alto cargo en el gobierno peronista de los 70.
Las últimas acusaciones no surgieron de parte de una víctima, como lo hizo con suficiente crédito Raquel Barabaschi quien estuvo detenida en aquellos años, sino del ultravernista Migue Solé, ex funcionario y uno de los integrantes de la denominada "banda de los pampeanos" de la gestión menemista, entre otros antecedentes. Una cuestión de raíces políticas y personales que se mezcla con hechos por demás sensibles.
La lista peronista.
El ex mandatario estuvo en los 70 entre los peronistas que se enfrentaron con el gobernador José Aquiles Regazzoli e intentaron que dejara el cargo. La cara más visible de esta corriente fue el diputado nacional Carlos Aragonés, de la rama sindical. En esa época, entre ambos bandos hubo violentos choques y hasta fuertes acusaciones. Las reuniones con funcionarios nacionales para llevar los reclamos de los sindicalistas contra Regazzoli están documentadas.
Cuando estalló el golpe, y esta es una de las especificidades de la represión ilegal en La Pampa, hubo detenidos de la "izquierda" -la mayoría fue previo al 76-, y entre el peronismo, pero la mayoría de estos últimos estuvo vinculada al gobierno provincial regazzolista. En La Pampa, a diferencia de otros lados, no fueron arrestados los de la JP del ala izquierda, que apenas tuvo demorados. Pero si de la JP del derechista Comando de Organización, aliada al gobernador, y cuyos militantes en otras zonas del país no sufrieron la represión ilegal. También hubo funcionarios provinciales y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. El grueso fue del arco regazzolista. Del otro sector, después del 24 de marzo apenas Aragonés pasó por la Unidad Penal 4, y algún otro caso puntual. Desde entonces, la sombra de la "entrega" realizada por Marín y Aragonés de esos nombres a los oficiales de la Subzona 14 no dejó de perseguirlos.
También se recuerda que en 1979, Marín fue abogado defensor de un estanciero que contrató a un grupo de tareas militar de Buenos Aires para hacer una "apretada" en la zona de Victorica.
Argumentos a favor.
Por supuesto que Marín ha tenido otra historia que él reivindica al contrastarla con esa sombra. Apenas asumido su primer mandato, en 1984, inició las actuaciones sumariales contra los oficiales de la Policía provincial que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14. El grueso de esa información es la que los llevó al juicio que comienza hoy en la provincia. Fue uno de los pocos gobiernos provinciales que encaró esta investigación decisiva. Además, en un acto de justicia, reincorporó a todos aquellos prescindidos de la administración pública durante la dictadura militar.
El además ha insistido que estuvo detenido durante algunos días en octubre de 1976 en la Seccional Primera, cuando ya la mayoría de los presos políticos de la provincia habían sido liberados o trasladados.
Aunque esta reivindicación se use como defensa, no alcanza para responder las sospechas sobre la etapa previa, porque en realidad lo que se pretende es conocer su actuación en el lapso anterior y, en particular, su relación con los detentores del poder.
Luces y sombras.
Ante la falta de documentación sobre las acusaciones, se debe analizar la actuación de Marín previa y posterior al golpe desde dos aspectos. Por un lado, su reivindicación es parte de una mirada que ha tenido el peronismo hacia su propia historia. El peronismo ha logrado reinventarse a través de su pasado enalteciendo u ocultando su propia historia, y esto ha sido una de las claves de su permanencia. Mientras Menem pudo levantar la bandera del más crudo liberalismo y de la mal llamada reconciliación nacional, pocos años después el peronismo se encarriló detrás de un proyecto nacional y en la revisión de su pasado setentista.
Marín, en esa revisión obligada por las circunstancias de su pasado en los 70, hace lo propio: echa luz sobre algunos aspectos destacables como el sumario administrativo del 84 o su detención, para ocultar otros oscuros como su enfrentamiento con el otro ala del peronismo local.
Pragmatismo puro.
Frente al uso político de esta visión parcializada del pasado, juega también otra consideración para entender la ubicuidad entre los extremos de una misma persona en su trayectoria -la traición o la reivindicación-. ¿Marín es al final cómplice de la dictadura o, al otro extremo, fue el que permitió juzgar a los represores?
Marín, desde sus inicios en el partido en los 60, siempre tuvo una definición: "yo soy peronista". Esto, además de servirle para impugnar a otros compañeros críticos o corrientes internas, le permitió públicamente cobijarse en los circunstanciales espacios nacionales de poder: desde el ala derecha gremial de los años 70, que comandaba Lorenzo Miguel, hasta su actual kirchnerismo; pasando sucesivamente por la renovación del cafierismo y el neoliberalismo menemista, sin empacho ni dobleces. En síntesis, en este plano, siempre cayó parado. En la cuestión de los derechos humanos pasó de la investigación en los 80 a la teoría de la reconciliación y el olvido en los 90, para reinventarse en el 2000 junto al kirchnerismo.
Desde esta visión pragmática, las dos visiones de la historia pueden llegar a convivir en el mismo personaje. Desde otro punto de vista, hoy el sumario administrativo del 84 toma entidad histórica cuando los represores pampeanos serán juzgados a raíz de esa investigación promovida por su gestión. Pero no alcanza eso sólo para deslindar las responsabilidades de los 70. La responsabilidad de su sector en los años 70 fue obvia al ser el peronismo que no fue castigado en la provincia con las detenciones como ocurrió con sus opositores internos.
Marín fue en esa coyuntura un dirigente de peso en las decisiones que se tomaron desde el ala sindical. Haya o no documentación al respecto, por su figura en la política provincial y su alto cargo en los 70, debe dar cuenta de las sombras de su pasado.
domingo, 1 de agosto de 2010
INFORME. EL PARTIDO COMUNISTA EN LA PROVINCIA (1923-1966)
Ser camarada en La Pampa: la
historia de los otros proscriptos
Perseguidos por gobiernos peronistas y no peronistas, por democracias o dictaduras, el Partido Comunista es la historia de una militancia a prueba de toda represión. Algunos elementos para seguir su trayectoria hasta 1966 en La Pampa.
Norberto G. Asquini*
La historia del Partido Comunista y de sus integrantes en La Pampa es contar la historia de una proscripción. Bajo gobiernos peronistas y no peronistas, bajo regímenes democráticos –o semidemocráticos– y dictaduras militares, ser comunista no fue fácil en el país, y menos en la provincia.
Si durante 18 años el peronismo estuvo proscripto en la Argentina, el comunismo no le fue en zaga. El llamado por los sectores reaccionarios “peligro rojo” fue, al menos hasta mediados de los 60, la representación de la corriente política tradicional ubicada más a la izquierda en la provincia. Esta es parte de una historia que rescatamos, y que comienza en 1920 y finaliza, para darle un corte temporal, en 1966.
Los primeros.
No hay muchos datos para dar cuenta de los primeros grupos comunistas en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, pero poco después de 1920 había al menos algunos seguidores. Nacido como producto de la división del Partido Socialista argentino, varios integrantes de ese partido decidieron también volcarse al internacionalismo que crecía con la Revolución en Rusia. El historiador Jorge Etchenique indica que el PC habría tenido su instancia fundacional con la conferencia sobre los soviets realizada el 9 de junio de 1923 en Santa Rosa por José Penelón, concejal en Capital Federal, sindicalista y fundador de ese partido en 1921.
Entre las contadas menciones en esos años 20, el diario Germinal en 1927 en un suelto identificaba como comunista al ex dirigente socialista Antonio Buira, participando como orador en un meeting del PS en defensa del municipio santarroseño.
Donde sí tuvo arraigo el comunismo fue en General Pico, sobre todo entre algunos obreros de la Unión Ferroviaria. Además, a mediados de los años 30, el socialismo tuvo otra división. Se conformó la disidencia del PS Obrero que en Pico tuvo un núcleo fuerte y reunió a trabajadores. Expulsados sus dirigentes por las autoridades nacionales, comenzaron a militar en el PC.
A fines de 1945, cuando se comenzó a conformar la Unión Democrática en La Pampa ante la coyuntura electoral que llevaría a Juan Domingo Perón a la presidencia, los comunistas se unieron entonces a socialistas y radicales. Una de las primeras asambleas “democráticas” la impulsó en Pico la Unión Democrática Ferroviaria en el mes de noviembre y se hizo una junta Pro-UD. La comisión provisoria estaba conformada por Alfredo Rossell, Miguel Diván, Tomás Zucconi, José Macaggi y José Arbós, dirigentes del PS, la UCR y el PC.
El sábado 20 de julio de 1946, pasadas las elecciones, se constituyó formalmente en General Pico el PC y como secretario general se designó a Aurelio Fentini. Lo secundaban Tomás De León y A. Agostini.
Durante el peronismo.
El comunismo fue siempre observado como un “peligro”. Y durante el peronismo no fue una excepción. Por ejemplo, el 10 de marzo de 1947, el jefe de Policía e interventor de la delegación regional del Trabajo, Eduardo Reguero, habló de “la infiltración comunista” en los sindicatos. Ante empleados de la administración pública dijo: “Pretende desorganizar un movimiento que por medios legítimos llevará a cabo una obra revolucionaria” y que “la táctica es infiltrarse en todos los ambientes y allí paulatinamente y subrepticiamente, siembra sus doctrinas de odio y desunión”. Luego pidió “que los gremios del territorio denuncien y expulsen de sus filas a todo afiliado que no sea un auténtico obrero de la actividad correspondiente”.
La División Investigaciones de la Policía pampeana, encargada de vigilar a los “elementos peligrosos”, tuvo bajo su mira en desde 1948 a varias personas sospechadas de comunismo. Como las actividades en General San Martín de León Nicanoff, que había sido secretario de la municipalidad. Allí también se investigó al director de la Escuela 158, Juan de Eurasquin, a los chacareros de la colonia La Juanita y al Sindicato Agrario “La tierra para el que la trabaja” porque habían sido “vistos muchos pobladores llevando distintivos rojos para significar su adhesión a la URSS de los cuáles podrían observarse muchos niños” y asimismo se vio a un corresponsal del periódico comunista La Hora, Tobías Sirichman.
En 1955, con el recrudecimiento de la lucha entre peronistas y antiperonistas, la policía de la provincia comenzó a investigar los pasos de una lista de “enemigos públicos” a vigilar. Entre otros figuraban Nicanoff (“si actúa lo hace en forma muy reservada”) y en General Pico Salvador Abudara, De León y Franco Fons (los tres “catalogados de comunistas”), Mauricio Knobel (sospechado) y Tomás Zucconi (“comunista”).
En La Pampa hubo dos gremios donde la presencia de militantes comunistas fue importante para su desarrollo: uno la Unión Ferroviaria, en General Pico; el otro el de los empleados públicos de la provincia, en Santa Rosa.
En 1951 La Fraternidad inició una huelga contra el gobierno peronista que terminó con muchos despedidos. El 2 de junio de 1952 cuando Perón iba a asumir la segunda presidencia hubo varios detenidos en el país y en General Pico cayeron cinco maquinistas que fueron llevados a Bahía Blanca sospechados de atentar contra la seguridad del Estado. Entre ellos Raúl Cheves, comunista.
El PC se presentó durante esos años a las elecciones cuando La Pampa se provincializó, a pesar de “quedar marcados” sus integrantes cuando asistían a las urnas. El 11 de noviembre de 1951 se votó para presidente en el país, y en la provincia pudieron hacerlo sus habitantes por primera vez. Sobre 67.248 votantes, el peronismo obtuvo 49.773 sufragios, la UCR 16.248, el PC 248 –138 hombres y 110 mujeres– y el PS 70.
El bastión.
Podemos encontrar un ejemplo sobre el control de las actividades comunistas en una anécdota que se observó en las elecciones del 7 de mayo de 1954 cuando se votó para vicepresidente en el país, por el fallecimiento de Hortencio Quijano. En Puelén, población ubicada a más de 400 kilómetros al oeste de la capital provincial, al ser abiertas las dos urnas para hacer el recuento de votos, la sorpresa fue mayúscula cuando por primera vez en el país, el comunismo había ganado una votación llevando como candidata a la dirigenta Alcira De La Peña. Tras la sorpresa inicial sobrevino una exhaustiva investigación del hecho. Fue personal de la Policía Federal al lugar y hasta hubo sumarios.
Viejos dirigentes del PC afirmaron que la sorpresiva victoria, se debió a una jugada de uno de los dirigentes locales que para desplazar del terreno político local a sus opositores, habría ordenado votar por la boleta comunista. El jefe de la estafeta local de entonces, Juan Carlos Martín, jefe del circuito electoral, aseguró al autor, que se debió a que "era la segunda vez que se votaba en Puelén y la mayoría de la población era rural, analfabetos y semianalfabetos”.
En la Libertadora.
Caído el peronismo, luego del entusiasmo inicial, el comunismo comenzó a colaborar con la agitación gremial peronista y obtuvo la conducción de algunos gremios; por otro lado, intentó ingresar a la arena de los partidos democráticos. Pero el gobierno de facto también los persiguió. Fueron acusados de colaborar con el fallido intento del general Juan José Valle el 9 de junio del 56. El diario La Capital publicaba el 17 de junio que “será restringida en el país la actividad cívica del comunismo (…) en virtud de la injerencia de elementos comunistas nacionales y foráneos en los últimos sucesos subversivos, acerca de la cual fue muy explícito”. Y hablaba de “importantes comprobaciones” sobre el “plan terrorista”, si bien no participaron.
En 1957, varios dirigentes nacionales fueron detenidos por la policía y algunos, como Rubens Iscaro, encarcelados en Santa Rosa. En abril de ese año, fueron secuestrados libros y materiales en los locales comunistas de General Pico y Santa rosa y también en casas de algunos afiliados y dirigentes.
En 1950, Nicanoff se estableció en Santa Rosa y desde el 55 se afilió formalmente al partido. Desde entonces, fue el apoderado de la organización y una figura excluyente. En tanto, el Comité Provincial estuvo integrado por él, Levin Weckesser y Armando Rodríguez, ambos de Pico.
El PC pudo participar de las elecciones del 27 de julio de 1957 en las que se eligieron convencionales constituyentes nacionales y provinciales, ya que la primera Constitución pampeana, aprobada durante el peronismo, había sido derogada por la “Libertadora”. En el local de la avenida San Martín al 300, de la capital, se realizó el primer acto público proselitista en el que hablaron Alcira De La Peña, Rodolfo Ghioldi y Nicanoff. Con el sistema proporcional, el comunismo obtuvo un representante sobre 21 convencionales: León Nicanoff. El PC logró 2.240 votos, el 3,2 por ciento de los sufragios, y tuvo por primera y única vez un “legislador” electo. Pero la asamblea no llegó a ponerse en marcha ya que la mayoría de la UCRI la dejó sin quórum al considerarla ilegítima.
Más elecciones.
Pocos meses después se volvió a votar para presidente. Para el 23 de febrero de 1958 el PC designó como posibles candidatos a diputados nacionales por La Pampa al médico Knobel y al obrero del ferrocarril Aníbal Tellechea, pero finalmente no pudo participar al quedar proscripto. Para electores nacionales la lista iba a estar integrada por Cheves, Weckesser, Nicanoff, Zucconi y Armando Rodríguez. En esos comicios, los comunistas propusieron un frente electoral a todos los otros partidos y apoyaron finalmente a la UCRI.
Ya durante los primeros meses del gobierno “semidemocrático” de Frondizi, en 1959 se designó una junta promotora, se nombraron los delegados del interior y se hicieron comisiones para activar la reorganización partidaria.
Pero el gobierno nacional puso en vigencia el decreto 4.965/59, la “ley anticomunista”, el 27 de abril con la que se prohibió toda “actividad insurreccional, política y gremial” del partido mientras estuviera en vigencia el Estado de Sitio. Tampoco permitía la circulación de diarios, revistas y toda clase de publicación que en forma clara u oculta difundiera las actividades de esa agrupación política “y entidades vinculadas directa o indirectamente”. También se clausuraba los locales comunistas y de las agrupaciones conexas. En sus fundamentos citaba las “actividades insurreccionales” y “un plan subversivo que según el PEN estaría realizando el comunismo en el país”.
El 15 de mayo fue clausurado el local provincial del PC en la Calle 22 número 585 en General Pico con precintos en la puerta. El secretario provincial, Weckesser, tornero de 31 años, se negó a entregar las llaves y suscribir el acta policial. En noviembre, el fiscal federal subrogante pidió la cancelación de la personería jurídica del PC de La Pampa ante el Juzgado Electoral.
Las razzias.
En noviembre de 1958, se produjo la primera razzia de militantes pampeanos bajo el frondizismo. La redada fue de dirigentes peronistas y comunistas, acusados de conspirar en un alzamiento nacional. El 11 se declaró el estado de sitio y ese día la Policía Federal arrestó a los comunistas Basilio Polisuk, Daniel Kiriachek y Weckesser en Pico, y a Francisco Rodríguez Menéndez. Además de una docena de peronistas.
Nicanoff, que estaba en su trabajo en La Arena, no pudo ser capturado. En esos tiempos, la presencia de Nicanoff en el diario permitió publicar la actividad partidaria que de otro modo no se podía realizar. Los detenidos fueron trasladados en avión a Capital Federal y encarcelados en Devoto hasta fines de noviembre.
La Pampa, luego de esta redada, estuvo en calma por pocos días. El 1º de diciembre en el marco de una huelga ferrovaria, 83 trabajadores del riel de Pico se negaron a trabajar y se presentaron espontáneamente en el cuartel de esa ciudad. Fueron detenidos y trasladados a Capital Federal donde fueron juzgados y enviados a la prisión en la Isla Martín García donde pasaron meses.
Los dirigentes de la UF que impulsaron la medida, eran militantes comunistas muy activos dentro del sindicato. Tellechea, el “Cabezón”, recibió 6 meses de prisión y Victorio Marsero cinco. Tellechea fue delegado de la Línea Sarmiento a nivel nacional compitiendo con el peronismo y en los 70 conformó la Lista Rosa que agrupaba a socialistas y comunistas. Su presencia fue puntal para la organización en esa ciudad.
Los presos “de afuera”.
Los militantes comunistas, junto con los socialistas y peronistas, tuvieron que ayudar a los presos políticos de otros puntos del país que bajo el Plan Conintes poblaron la Unidad Penal 4 de Santa Rosa entre 1959 y 1963. En octubre de 1959 se conformaron los primeros Comité pro-presos. Sus funciones fueron desde encontrar asesoría jurídica para presentar hábeas corpus, hasta ocuparse de recibir a los familiares, las visitas de los días domingos y la entrega de yerba, cigarrillos o golosinas. Cada militante se convirtió en “padrino” de algún detenido. Los abogados locales auspiciaban con habeas corpus a los detenidos, como los socialistas Manuel Cuadrillero y Carlos Pérez a los de izquierda y algunos peronistas. También enviaron sus abogados la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Entre los dirigentes políticos del PC detenidos que pasaron por la Colonia Penal se mencionan a Francisco y Pascual Mazzitelli, Pedro Chiaranti –fundador de la UOCRA y co-fundador del Comité Central del PC– en el 60; Carlos Imizcoz y Jacobo Perelman en el 61; Ernesto Giudice y los médicos Carlos Abolsky y Alfredo Drakmann en el 63, entre otros muchos.
Estas actividades fueron vigiladas por las fuerzas de seguridad. El 23 de marzo, el abogado de la Liga, Antonio Martinovich, visitó La Arena y entregó la nómina de 54 detenidos. Poco después, hubo un procedimiento policial en el diario para conocer lo que se iba a publicar. Prestaron declaración D’Atri y el apoderado del PC, Nicanoff por una causa por infracción al decreto 4.965 la haber encontrado panfletos que hablaban de un golpe de Estado militar palaciego.
A pesar de la censura, las actividades continuaban. El 24 de mayo de 1960, por ejemplo, aparecieron carteles y pintadas en Santa Rosa reclamando por la libertad de los presos políticos y gremiales y la policía citó a militantes comunistas por ese tema.
En blanco.
En las elecciones provinciales del 6 de abril de 1960, los comunistas nuevamente fueron proscriptos. Una convención en General Pico resolvió concurrir presentando solamente constituyentes, pero la intervención provincial inició un recurso en la Justicia Electoral para impugnar al PC al tener la personería jurídica cuestionada. El juez electoral no la oficializó. El 15 de febrero, se decidió votar en blanco, como hicieron los peronistas y los otros partidos, salvo la UCRI. Para gobernador, el votoblanquismo alcanzó 21.208 sufragios (el 29% de los votantes) contra 20.960 (28%) de la UCRI.
En diciembre de ese año, bajo el Plan Conintes peronistas, socialistas y comunistas fueron otra vez detenidos acusados de conspirar contra el gobierno nacional. Para algunos, se había convertido en una costumbre caer preso en esos años.
El 12 de diciembre y días posteriores se realizaron operativos en Santa Rosa y varias poblaciones del interior donde fueron detenidos 64 peronistas. En la madrugada del 22, comenzó otra razzia, ahora sobre personas de la izquierda. Fueron detenidos otros 19 ciudadanos, entre ellos los comunistas Nikanoff, Kiriachek, Polisuk, Norberto Righi, Angel Ferrato, Sergio Lino y Roque Cherascot, primero, y luego Armando Rodríguez, Fons, Tellechea, Zucconi, Victorino García y Bismark Ruiz.
En Pico fueron allanados además los domicilios de los comunistas Knobel, De León y Weckesser, pero al no ser hallados quedaron como prófugos. El 26 se presentaron en la comisaría piquense Knobel y De León y fueron arrestados. Los últimos liberados el 28 fueron Nicanoff, Tellechea, Knobel y De León.
Las huelgas ferroviarias.
Las detenciones “por prácticas comunistas” fueron varias, si bien puntuales. El 28 de julio del 61 el presidente estuvo en Santa Rosa para inaugurar un tramo de la ruta 5. Aparecieron entonces letreros comunistas el día 25 con la hoz y el martillo que versaban “Fuera Frondizi traidor” e “Ilegal es el gobierno”.
Hubo otras que se produjeron durante movilizaciones, como ocurrió con las huelgas ferroviarias del 61, en resistencia al desmantelamiento de la empresa estatal por Frondizi. Ese año, desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre, durante 42 días, se desarrolló el paro.
El 26 de octubre cuando se inició el conflicto, el dirigente ferroviario Victorino García fue detenido en Santa Rosa mientras salía de una entrevista con el gobernador Ismael Amit junto a una comisión vecinal piquense. En Pico se movilizaron por su libertad y los ferroviarios organizaron una comisión. El 3 de noviembre, García fue liberado.
¬El gobierno lanzó la represión contra los huelguistas. En muchos lugares se conformaron comisiones populares de apoyo para hacer colectas. El 7 de noviembre fue detenido el dirigente ferroviario Tellechea, por la Federal. Se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo por sus “actividades comunistas”. Tellechea fue trasladado y alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa. Recuperó su libertad el 11 de diciembre. Y el médico Knobel fue cesanteado por la empresa Ferrocarriles del Estado y luego reincorporado.
¬¬Los obreros pampeanos se plegaron a la protesta y la mantuvieron. El 15 de noviembre fueron arrestados en Pico y Realicó unos 19 maquinistas y guardas.
En los años 60 donde se hicieron sentir los comunistas, como dirigentes o militantes de base fue en la Asociación de Empleados Provinciales (ADEP), convertida en el 64 en ATE. La esposa de Nicanoff, Nora Susana Pértica, en junio del 61 fue elegida como secretaria adjunta del gremio. Frente a los reclamos salariales, por parte de los empleados públicos a la gestión del gobernador Amit, el 1º de septiembre siete empleados de la provincia, entre ellos Pértica, fueron cesanteados. La excusa fue la supresión de la Dirección de Industria y Comercio, donde algunos se encontraban en relación de dependencia, pero llamó la atención que en su mayoría fueran dirigentes y ex dirigentes de ADEP. Todos acusaron al gobierno de intentar destruir el sindicato. El gremio decretó el estado de alerta, pero no fueron reincorporados.
La mosca en la sopa.
Ser comunista, ya fuera afiliado y militante o adherente o simpatizante identificado con el partido, no fue fácil. Sobre todo en los pueblos, donde sus seguidores eran pocos y se los conocía. Hubo quienes llevaron esa bandera y fueron parte de las instituciones locales, como Héctor Crenna en Intendente Alvear –durante décadas fue presidente de la cooperativa eléctrica– o Pagella en Victorica. Otilia Pagella, hija del militante, recordó que “para unos carnavales Mingo Frois preparó un Sputnik para desfilar. Arriba iba mi padre con su nieto, era alegórico, aunque tenía fuertes connotaciones políticas. Luego del corso se apareció la Policía Federal para investigar qué había pasado. En muchos casos, nos enteramos por vecinos que decían a sus hijas ‘No se junten con las chicas de Pagella que son comunistas’”.
José “Pepe” Brinatti en General Pico, como sus hermanos antes de irse, no fue afiliado comunista, pero se contó entre sus filas. Tuvo participación junto a Victorino García en muchas organizaciones sociales, como el caso de Corpico. También el médico Salvador Abudara.
Macartistas.
En las elecciones de marzo del 62, posteriormente anuladas, los comunistas pampeanos promovieron un frente político, dado que el peronismo podía competir bajo siglas neoperonistas. En la provincia fue como Partido Laborista. Aunque se reconoció la personaría en el orden provincial del PC por el tribunal electoral, y ya nombrados como candidatos a diputados Tellechea y Nicanoff, se rechazó al binomio por la ley anticomunista.
Destituido Frondizi el 29 de marzo por las Fuerzas Armadas, en la Semana Santa de 1962 hubo operativos en Santa Rosa, como en otros puntos del país. El 19 de abril fueron detenidos por la Policía Federal cinco personas, vinculadas con el diario La Arena: Raúl D’Atri, Omar Maraschini, Virgilio Crespo, Máximo Aníbal Rentero y el estudiante y militante comunista, Sergio Daniel Lino.
Los cinco fueron trasladados en un avión militar a Capital Federal y alojados primero en la sede de Coordinación Federal y luego en Devoto. El último en salir fue Lino que fue trasladado a Santa Rosa y liberado el 3 de mayo.
Intervenida la provincia, el 3 de febrero de 1963, LA ARENA publicó una nota titulada en tapa “Maccartysmo en La Pampa”. Afirmaba: “Muy posiblemente obedeciendo a una expresa orden del gobierno central, la intervención federal acaba de elaborar un decreto de restricciones para el ingreso a la administración pública, de franco corte dictatorial y maccartysta. Mediante esa disposición quedará vedada en el futuro la incorporación a los cuadros de la administración de los afiliados comunistas y simpatizantes o sospechosos de serlo”.
Durante el gobierno de Guido, el 24 de mayo de 1963 el decreto-ley 4.214 previó la pena de hasta ocho años de cárcel para los comunistas y facultaba a la policía a ordenar allanamientos y arrestos.
Para entonces, el PC se involucró en las movilizaciones de la CGT junto a los demás partidos, salvo los radicales. Hubo varios actos, y en uno el jefe de Investigaciones de la provincia, Aladino Lambert, le advirtió a la mesa directiva cegetista que no permitiría la participación del orador comunista en la tribuna.
En las elecciones del 63, el PC volvió a convocar a que se votara en blanco. Asumido Amit como gobernador, se derogó el decreto 162/63 dictado por la intervención que establecía restricciones al ingreso y permanencia en la administración pública de militantes comunistas.
La “Fede”.
El 1º de agosto de 1962 se conformó en La Pampa la “Fede”, la Federación Juvenil Comunista (FJC), primer paso para luego ingresar al partido. Ese encuentro se hizo en el Club Santa Rosa, en la calle Yrigoyen. Participaron Lino, Olga Sánchez y Armando Capello, entre otros. En la conducción provisoria, Capello fue designado secretario general. Esa dirección fue ratificada y ampliada a fines del 62, cuando se incorpora un grupo militante importante, entre ellos Santiago Badillo, Omar Giavedonni, Julio Mata, Susana Badillo, Isabel Fleischman y Aquiles Badillo, entre otros. En el año 64 ingresó otro grupo con María Alejandra Naunchuk, Arnaldo Chavidoni, Alicia Piombo, Stella Piombo, Antonio Quintín y Esteban Chamorro, entre otros. Muchos militantes estaban en la administración pública, como Badillo, Naunchuk y Mata –también fue alumno de Económicas en la Universidad de La Pampa y activo dirigente del Centro de Estudiantes–.
Esta organización tuvo un rápido desarrollo y aportó al fortalecimiento del PC en La Pampa y tuvo inserción en la universidad, colegios secundarios como el Industrial, la Normal y el Comercial, y entre los trabajadores estatales. La principal actividad se concentró en la lucha por la libertad de los presos políticos. Otro objetivo importante fue la solidaridad con la Revolución Cubana. Se formó el Fujac (Frente Juvenil de Apoyo a Cuba), que desarrolló una intensa tarea solidaria, desde la difusión de los logros de la revolución hasta el envío de alimentos e insumos a la isla.
Clandestinos.
Las tareas de agitación y propaganda por los más diversos temas –golpes de estado, huelgas obreras, presos políticos– se convertían en pegatinas, pintadas, volantes y se realizaban de manera clandestina, cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, se salía en parejas y de ese modo se trataba de burlar la persecución policial, que estaba siempre en recorrida vigilante.
En la madrugada del 6 de enero de 1964, Aquiles Badillo y Olga Sánchez, de 25 y 18 años respectivamente y afiliados a ADEP, fueron detenidos en la capital cuando pintaban leyendas sobre un tapial por la policía por “daño” y “actividades comunistas”. Ambos simularon ser novios para no ser aprehendidos.
De acuerdo al expediente judicial, un agente observó la presencia en distintos lugares de personas que se tenía “la presunción son de ideología comunistas”. Se dispuso una vigilancia especial en el centro para prevenir posibles pintadas de paredes. A las 2.20 se observó a la pareja que iba a la zona norte cruzando la estación del ferrocarril. En las inmediaciones del cine Gran Norte, sobre la calle Raúl B. Díaz 221, fueron capturados cuando estaban pintando sobre el tapial del cine la leyenda “Viva el 46 aniversario del PC”. Luego la hoz y el martillo. También se pidió la detención el día 9 de Nicanoff como representante del partido.
El comunismo siguió participando de la comisión coordinadora de los actos realizados por la CGT en su plan de lucha contra el presidente Illia, si bien los demócratas cristianos no quisieron que fuera integrada “por comunistas ni marxistas”. Se realizaron dos en marzo del 64, en Villa Santillán y Villa del Busto.
En diciembre del 63, Tellechea emitió un documento que fue publicado en el diario piquense Zona Norte y el jefe de la unidad militar de esa localidad lo hizo citar por la policía. No concurrió y pidió su captura. Sería detenido el 7 de julio y poco después dejado en libertad tras prestar declaración.
Contra el gremio.
El domingo 21 de febrero del 64 se inauguró la sede del comité santarroseño del PC ubicado en la calle O’Higgins 42. Hubo muchos dirigentes peronistas, socialistas y algunos sindicales. En marzo se informó que se apoyaría a los candidatos peronistas de la Unión Popular con el fin de “lograr la unidad con las fuerzas populares antioligárquicas y antiimperialistas”.
El 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado del Ejército destituyó a Illia. En esos días los dirigentes de ATE intentaron sostener su militancia. El 20 de julio un procedimiento de la policía en la sede del gremio de la calle Quintana 248 a las 19.45, cuando estaban reunidos sus directivos terminó con la detención de dirigentes y afiliados. Allí estaban Santiago Badillo, Carlos Kass, Julio Mata, Pedro Bergonzi, Ibrahim Villarreal, J. Alvarado y M. Saldarriaga. Fueron interrogados por la División Investigaciones durante cinco horas. Al día siguiente fueron llevadas las afiliadas Nélida F. de Kiriachek y Rosa F. de Urquiza, y también interrogadas. “Las actuaciones fueron a fin de establecer posible infracción a la ley nacional 16.894/66”, afirmaba la justicia.
El 20 de julio fueron cesanteados el secretario general Oscar Gallegos, peronista, y Mata y el gremio de ATE intervenido el 12 de agosto por el Consejo Directivo Central.
La última ley.
No podemos dejar este repaso sin hablar de la última norma de ese período que reprimió a la agrupación. La Revolución Argentina no sólo proscribió a los partidos políticos sino que promulgó una nueva legislación especial anticomunista en agosto de 1967: la Ley 17401, que habilitaba una amplia persecución que incluía inhabilitarlos para puestos públicos, cargos docentes y variadas profesiones, entre otras cuestiones. A raíz de esta legislación, se continuó con la persecución de sus actividades y por informes de la SIDE cesanteados muchos empleados públicos. En esos días, la policía investigó a varios empleados públicos “sospechados” de comunistas y en los meses siguientes docentes fueron cesanteados, como ocurrió con Santiago Badillo.
Otro ejemplo, el 13 de marzo de 1972 la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos dejó cesante a Tellechea. Se supo públicamente que la decisión se había tomado a raíz de los antecedentes elevados por la SIDE a la empresa ferroviaria. Hubo una movilización en solidaridad con Tellechea a través de la Comisión Pro-reincorporación que llegó a entrevistarse con el gobernador Angel Trapaglia. El 5 de julio, otros tres obreros ferroviarios de Pico fueron citados en la delegación santarroseña de la Policía Federal para iniciarles un proceso por la misma ley. Los señalados fueron el maquinista Raúl Cheves de La Fraternidad, y los operarios Carlos Primo Vola y José Pascual García, de la UF. Calificados de comunistas, fueron informados que quedarían cesantes y tendrían que apelar a la SIDE. Recién con la llegada del presidente Héctor Cámpora al gobierno, en mayo de 1973, la ley anticomunista se anularía y se daría marcha atrás con todos los despidos por persecución ideológica en las empresas estatales.
Ser camarada en La Pampa: la
historia de los otros proscriptos
Perseguidos por gobiernos peronistas y no peronistas, por democracias o dictaduras, el Partido Comunista es la historia de una militancia a prueba de toda represión. Algunos elementos para seguir su trayectoria hasta 1966 en La Pampa.
Norberto G. Asquini*
La historia del Partido Comunista y de sus integrantes en La Pampa es contar la historia de una proscripción. Bajo gobiernos peronistas y no peronistas, bajo regímenes democráticos –o semidemocráticos– y dictaduras militares, ser comunista no fue fácil en el país, y menos en la provincia.
Si durante 18 años el peronismo estuvo proscripto en la Argentina, el comunismo no le fue en zaga. El llamado por los sectores reaccionarios “peligro rojo” fue, al menos hasta mediados de los 60, la representación de la corriente política tradicional ubicada más a la izquierda en la provincia. Esta es parte de una historia que rescatamos, y que comienza en 1920 y finaliza, para darle un corte temporal, en 1966.
Los primeros.
No hay muchos datos para dar cuenta de los primeros grupos comunistas en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, pero poco después de 1920 había al menos algunos seguidores. Nacido como producto de la división del Partido Socialista argentino, varios integrantes de ese partido decidieron también volcarse al internacionalismo que crecía con la Revolución en Rusia. El historiador Jorge Etchenique indica que el PC habría tenido su instancia fundacional con la conferencia sobre los soviets realizada el 9 de junio de 1923 en Santa Rosa por José Penelón, concejal en Capital Federal, sindicalista y fundador de ese partido en 1921.
Entre las contadas menciones en esos años 20, el diario Germinal en 1927 en un suelto identificaba como comunista al ex dirigente socialista Antonio Buira, participando como orador en un meeting del PS en defensa del municipio santarroseño.
Donde sí tuvo arraigo el comunismo fue en General Pico, sobre todo entre algunos obreros de la Unión Ferroviaria. Además, a mediados de los años 30, el socialismo tuvo otra división. Se conformó la disidencia del PS Obrero que en Pico tuvo un núcleo fuerte y reunió a trabajadores. Expulsados sus dirigentes por las autoridades nacionales, comenzaron a militar en el PC.
A fines de 1945, cuando se comenzó a conformar la Unión Democrática en La Pampa ante la coyuntura electoral que llevaría a Juan Domingo Perón a la presidencia, los comunistas se unieron entonces a socialistas y radicales. Una de las primeras asambleas “democráticas” la impulsó en Pico la Unión Democrática Ferroviaria en el mes de noviembre y se hizo una junta Pro-UD. La comisión provisoria estaba conformada por Alfredo Rossell, Miguel Diván, Tomás Zucconi, José Macaggi y José Arbós, dirigentes del PS, la UCR y el PC.
El sábado 20 de julio de 1946, pasadas las elecciones, se constituyó formalmente en General Pico el PC y como secretario general se designó a Aurelio Fentini. Lo secundaban Tomás De León y A. Agostini.
Durante el peronismo.
El comunismo fue siempre observado como un “peligro”. Y durante el peronismo no fue una excepción. Por ejemplo, el 10 de marzo de 1947, el jefe de Policía e interventor de la delegación regional del Trabajo, Eduardo Reguero, habló de “la infiltración comunista” en los sindicatos. Ante empleados de la administración pública dijo: “Pretende desorganizar un movimiento que por medios legítimos llevará a cabo una obra revolucionaria” y que “la táctica es infiltrarse en todos los ambientes y allí paulatinamente y subrepticiamente, siembra sus doctrinas de odio y desunión”. Luego pidió “que los gremios del territorio denuncien y expulsen de sus filas a todo afiliado que no sea un auténtico obrero de la actividad correspondiente”.
La División Investigaciones de la Policía pampeana, encargada de vigilar a los “elementos peligrosos”, tuvo bajo su mira en desde 1948 a varias personas sospechadas de comunismo. Como las actividades en General San Martín de León Nicanoff, que había sido secretario de la municipalidad. Allí también se investigó al director de la Escuela 158, Juan de Eurasquin, a los chacareros de la colonia La Juanita y al Sindicato Agrario “La tierra para el que la trabaja” porque habían sido “vistos muchos pobladores llevando distintivos rojos para significar su adhesión a la URSS de los cuáles podrían observarse muchos niños” y asimismo se vio a un corresponsal del periódico comunista La Hora, Tobías Sirichman.
En 1955, con el recrudecimiento de la lucha entre peronistas y antiperonistas, la policía de la provincia comenzó a investigar los pasos de una lista de “enemigos públicos” a vigilar. Entre otros figuraban Nicanoff (“si actúa lo hace en forma muy reservada”) y en General Pico Salvador Abudara, De León y Franco Fons (los tres “catalogados de comunistas”), Mauricio Knobel (sospechado) y Tomás Zucconi (“comunista”).
En La Pampa hubo dos gremios donde la presencia de militantes comunistas fue importante para su desarrollo: uno la Unión Ferroviaria, en General Pico; el otro el de los empleados públicos de la provincia, en Santa Rosa.
En 1951 La Fraternidad inició una huelga contra el gobierno peronista que terminó con muchos despedidos. El 2 de junio de 1952 cuando Perón iba a asumir la segunda presidencia hubo varios detenidos en el país y en General Pico cayeron cinco maquinistas que fueron llevados a Bahía Blanca sospechados de atentar contra la seguridad del Estado. Entre ellos Raúl Cheves, comunista.
El PC se presentó durante esos años a las elecciones cuando La Pampa se provincializó, a pesar de “quedar marcados” sus integrantes cuando asistían a las urnas. El 11 de noviembre de 1951 se votó para presidente en el país, y en la provincia pudieron hacerlo sus habitantes por primera vez. Sobre 67.248 votantes, el peronismo obtuvo 49.773 sufragios, la UCR 16.248, el PC 248 –138 hombres y 110 mujeres– y el PS 70.
El bastión.
Podemos encontrar un ejemplo sobre el control de las actividades comunistas en una anécdota que se observó en las elecciones del 7 de mayo de 1954 cuando se votó para vicepresidente en el país, por el fallecimiento de Hortencio Quijano. En Puelén, población ubicada a más de 400 kilómetros al oeste de la capital provincial, al ser abiertas las dos urnas para hacer el recuento de votos, la sorpresa fue mayúscula cuando por primera vez en el país, el comunismo había ganado una votación llevando como candidata a la dirigenta Alcira De La Peña. Tras la sorpresa inicial sobrevino una exhaustiva investigación del hecho. Fue personal de la Policía Federal al lugar y hasta hubo sumarios.
Viejos dirigentes del PC afirmaron que la sorpresiva victoria, se debió a una jugada de uno de los dirigentes locales que para desplazar del terreno político local a sus opositores, habría ordenado votar por la boleta comunista. El jefe de la estafeta local de entonces, Juan Carlos Martín, jefe del circuito electoral, aseguró al autor, que se debió a que "era la segunda vez que se votaba en Puelén y la mayoría de la población era rural, analfabetos y semianalfabetos”.
En la Libertadora.
Caído el peronismo, luego del entusiasmo inicial, el comunismo comenzó a colaborar con la agitación gremial peronista y obtuvo la conducción de algunos gremios; por otro lado, intentó ingresar a la arena de los partidos democráticos. Pero el gobierno de facto también los persiguió. Fueron acusados de colaborar con el fallido intento del general Juan José Valle el 9 de junio del 56. El diario La Capital publicaba el 17 de junio que “será restringida en el país la actividad cívica del comunismo (…) en virtud de la injerencia de elementos comunistas nacionales y foráneos en los últimos sucesos subversivos, acerca de la cual fue muy explícito”. Y hablaba de “importantes comprobaciones” sobre el “plan terrorista”, si bien no participaron.
En 1957, varios dirigentes nacionales fueron detenidos por la policía y algunos, como Rubens Iscaro, encarcelados en Santa Rosa. En abril de ese año, fueron secuestrados libros y materiales en los locales comunistas de General Pico y Santa rosa y también en casas de algunos afiliados y dirigentes.
En 1950, Nicanoff se estableció en Santa Rosa y desde el 55 se afilió formalmente al partido. Desde entonces, fue el apoderado de la organización y una figura excluyente. En tanto, el Comité Provincial estuvo integrado por él, Levin Weckesser y Armando Rodríguez, ambos de Pico.
El PC pudo participar de las elecciones del 27 de julio de 1957 en las que se eligieron convencionales constituyentes nacionales y provinciales, ya que la primera Constitución pampeana, aprobada durante el peronismo, había sido derogada por la “Libertadora”. En el local de la avenida San Martín al 300, de la capital, se realizó el primer acto público proselitista en el que hablaron Alcira De La Peña, Rodolfo Ghioldi y Nicanoff. Con el sistema proporcional, el comunismo obtuvo un representante sobre 21 convencionales: León Nicanoff. El PC logró 2.240 votos, el 3,2 por ciento de los sufragios, y tuvo por primera y única vez un “legislador” electo. Pero la asamblea no llegó a ponerse en marcha ya que la mayoría de la UCRI la dejó sin quórum al considerarla ilegítima.
Más elecciones.
Pocos meses después se volvió a votar para presidente. Para el 23 de febrero de 1958 el PC designó como posibles candidatos a diputados nacionales por La Pampa al médico Knobel y al obrero del ferrocarril Aníbal Tellechea, pero finalmente no pudo participar al quedar proscripto. Para electores nacionales la lista iba a estar integrada por Cheves, Weckesser, Nicanoff, Zucconi y Armando Rodríguez. En esos comicios, los comunistas propusieron un frente electoral a todos los otros partidos y apoyaron finalmente a la UCRI.
Ya durante los primeros meses del gobierno “semidemocrático” de Frondizi, en 1959 se designó una junta promotora, se nombraron los delegados del interior y se hicieron comisiones para activar la reorganización partidaria.
Pero el gobierno nacional puso en vigencia el decreto 4.965/59, la “ley anticomunista”, el 27 de abril con la que se prohibió toda “actividad insurreccional, política y gremial” del partido mientras estuviera en vigencia el Estado de Sitio. Tampoco permitía la circulación de diarios, revistas y toda clase de publicación que en forma clara u oculta difundiera las actividades de esa agrupación política “y entidades vinculadas directa o indirectamente”. También se clausuraba los locales comunistas y de las agrupaciones conexas. En sus fundamentos citaba las “actividades insurreccionales” y “un plan subversivo que según el PEN estaría realizando el comunismo en el país”.
El 15 de mayo fue clausurado el local provincial del PC en la Calle 22 número 585 en General Pico con precintos en la puerta. El secretario provincial, Weckesser, tornero de 31 años, se negó a entregar las llaves y suscribir el acta policial. En noviembre, el fiscal federal subrogante pidió la cancelación de la personería jurídica del PC de La Pampa ante el Juzgado Electoral.
Las razzias.
En noviembre de 1958, se produjo la primera razzia de militantes pampeanos bajo el frondizismo. La redada fue de dirigentes peronistas y comunistas, acusados de conspirar en un alzamiento nacional. El 11 se declaró el estado de sitio y ese día la Policía Federal arrestó a los comunistas Basilio Polisuk, Daniel Kiriachek y Weckesser en Pico, y a Francisco Rodríguez Menéndez. Además de una docena de peronistas.
Nicanoff, que estaba en su trabajo en La Arena, no pudo ser capturado. En esos tiempos, la presencia de Nicanoff en el diario permitió publicar la actividad partidaria que de otro modo no se podía realizar. Los detenidos fueron trasladados en avión a Capital Federal y encarcelados en Devoto hasta fines de noviembre.
La Pampa, luego de esta redada, estuvo en calma por pocos días. El 1º de diciembre en el marco de una huelga ferrovaria, 83 trabajadores del riel de Pico se negaron a trabajar y se presentaron espontáneamente en el cuartel de esa ciudad. Fueron detenidos y trasladados a Capital Federal donde fueron juzgados y enviados a la prisión en la Isla Martín García donde pasaron meses.
Los dirigentes de la UF que impulsaron la medida, eran militantes comunistas muy activos dentro del sindicato. Tellechea, el “Cabezón”, recibió 6 meses de prisión y Victorio Marsero cinco. Tellechea fue delegado de la Línea Sarmiento a nivel nacional compitiendo con el peronismo y en los 70 conformó la Lista Rosa que agrupaba a socialistas y comunistas. Su presencia fue puntal para la organización en esa ciudad.
Los presos “de afuera”.
Los militantes comunistas, junto con los socialistas y peronistas, tuvieron que ayudar a los presos políticos de otros puntos del país que bajo el Plan Conintes poblaron la Unidad Penal 4 de Santa Rosa entre 1959 y 1963. En octubre de 1959 se conformaron los primeros Comité pro-presos. Sus funciones fueron desde encontrar asesoría jurídica para presentar hábeas corpus, hasta ocuparse de recibir a los familiares, las visitas de los días domingos y la entrega de yerba, cigarrillos o golosinas. Cada militante se convirtió en “padrino” de algún detenido. Los abogados locales auspiciaban con habeas corpus a los detenidos, como los socialistas Manuel Cuadrillero y Carlos Pérez a los de izquierda y algunos peronistas. También enviaron sus abogados la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Entre los dirigentes políticos del PC detenidos que pasaron por la Colonia Penal se mencionan a Francisco y Pascual Mazzitelli, Pedro Chiaranti –fundador de la UOCRA y co-fundador del Comité Central del PC– en el 60; Carlos Imizcoz y Jacobo Perelman en el 61; Ernesto Giudice y los médicos Carlos Abolsky y Alfredo Drakmann en el 63, entre otros muchos.
Estas actividades fueron vigiladas por las fuerzas de seguridad. El 23 de marzo, el abogado de la Liga, Antonio Martinovich, visitó La Arena y entregó la nómina de 54 detenidos. Poco después, hubo un procedimiento policial en el diario para conocer lo que se iba a publicar. Prestaron declaración D’Atri y el apoderado del PC, Nicanoff por una causa por infracción al decreto 4.965 la haber encontrado panfletos que hablaban de un golpe de Estado militar palaciego.
A pesar de la censura, las actividades continuaban. El 24 de mayo de 1960, por ejemplo, aparecieron carteles y pintadas en Santa Rosa reclamando por la libertad de los presos políticos y gremiales y la policía citó a militantes comunistas por ese tema.
En blanco.
En las elecciones provinciales del 6 de abril de 1960, los comunistas nuevamente fueron proscriptos. Una convención en General Pico resolvió concurrir presentando solamente constituyentes, pero la intervención provincial inició un recurso en la Justicia Electoral para impugnar al PC al tener la personería jurídica cuestionada. El juez electoral no la oficializó. El 15 de febrero, se decidió votar en blanco, como hicieron los peronistas y los otros partidos, salvo la UCRI. Para gobernador, el votoblanquismo alcanzó 21.208 sufragios (el 29% de los votantes) contra 20.960 (28%) de la UCRI.
En diciembre de ese año, bajo el Plan Conintes peronistas, socialistas y comunistas fueron otra vez detenidos acusados de conspirar contra el gobierno nacional. Para algunos, se había convertido en una costumbre caer preso en esos años.
El 12 de diciembre y días posteriores se realizaron operativos en Santa Rosa y varias poblaciones del interior donde fueron detenidos 64 peronistas. En la madrugada del 22, comenzó otra razzia, ahora sobre personas de la izquierda. Fueron detenidos otros 19 ciudadanos, entre ellos los comunistas Nikanoff, Kiriachek, Polisuk, Norberto Righi, Angel Ferrato, Sergio Lino y Roque Cherascot, primero, y luego Armando Rodríguez, Fons, Tellechea, Zucconi, Victorino García y Bismark Ruiz.
En Pico fueron allanados además los domicilios de los comunistas Knobel, De León y Weckesser, pero al no ser hallados quedaron como prófugos. El 26 se presentaron en la comisaría piquense Knobel y De León y fueron arrestados. Los últimos liberados el 28 fueron Nicanoff, Tellechea, Knobel y De León.
Las huelgas ferroviarias.
Las detenciones “por prácticas comunistas” fueron varias, si bien puntuales. El 28 de julio del 61 el presidente estuvo en Santa Rosa para inaugurar un tramo de la ruta 5. Aparecieron entonces letreros comunistas el día 25 con la hoz y el martillo que versaban “Fuera Frondizi traidor” e “Ilegal es el gobierno”.
Hubo otras que se produjeron durante movilizaciones, como ocurrió con las huelgas ferroviarias del 61, en resistencia al desmantelamiento de la empresa estatal por Frondizi. Ese año, desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre, durante 42 días, se desarrolló el paro.
El 26 de octubre cuando se inició el conflicto, el dirigente ferroviario Victorino García fue detenido en Santa Rosa mientras salía de una entrevista con el gobernador Ismael Amit junto a una comisión vecinal piquense. En Pico se movilizaron por su libertad y los ferroviarios organizaron una comisión. El 3 de noviembre, García fue liberado.
¬El gobierno lanzó la represión contra los huelguistas. En muchos lugares se conformaron comisiones populares de apoyo para hacer colectas. El 7 de noviembre fue detenido el dirigente ferroviario Tellechea, por la Federal. Se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo por sus “actividades comunistas”. Tellechea fue trasladado y alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa. Recuperó su libertad el 11 de diciembre. Y el médico Knobel fue cesanteado por la empresa Ferrocarriles del Estado y luego reincorporado.
¬¬Los obreros pampeanos se plegaron a la protesta y la mantuvieron. El 15 de noviembre fueron arrestados en Pico y Realicó unos 19 maquinistas y guardas.
En los años 60 donde se hicieron sentir los comunistas, como dirigentes o militantes de base fue en la Asociación de Empleados Provinciales (ADEP), convertida en el 64 en ATE. La esposa de Nicanoff, Nora Susana Pértica, en junio del 61 fue elegida como secretaria adjunta del gremio. Frente a los reclamos salariales, por parte de los empleados públicos a la gestión del gobernador Amit, el 1º de septiembre siete empleados de la provincia, entre ellos Pértica, fueron cesanteados. La excusa fue la supresión de la Dirección de Industria y Comercio, donde algunos se encontraban en relación de dependencia, pero llamó la atención que en su mayoría fueran dirigentes y ex dirigentes de ADEP. Todos acusaron al gobierno de intentar destruir el sindicato. El gremio decretó el estado de alerta, pero no fueron reincorporados.
La mosca en la sopa.
Ser comunista, ya fuera afiliado y militante o adherente o simpatizante identificado con el partido, no fue fácil. Sobre todo en los pueblos, donde sus seguidores eran pocos y se los conocía. Hubo quienes llevaron esa bandera y fueron parte de las instituciones locales, como Héctor Crenna en Intendente Alvear –durante décadas fue presidente de la cooperativa eléctrica– o Pagella en Victorica. Otilia Pagella, hija del militante, recordó que “para unos carnavales Mingo Frois preparó un Sputnik para desfilar. Arriba iba mi padre con su nieto, era alegórico, aunque tenía fuertes connotaciones políticas. Luego del corso se apareció la Policía Federal para investigar qué había pasado. En muchos casos, nos enteramos por vecinos que decían a sus hijas ‘No se junten con las chicas de Pagella que son comunistas’”.
José “Pepe” Brinatti en General Pico, como sus hermanos antes de irse, no fue afiliado comunista, pero se contó entre sus filas. Tuvo participación junto a Victorino García en muchas organizaciones sociales, como el caso de Corpico. También el médico Salvador Abudara.
Macartistas.
En las elecciones de marzo del 62, posteriormente anuladas, los comunistas pampeanos promovieron un frente político, dado que el peronismo podía competir bajo siglas neoperonistas. En la provincia fue como Partido Laborista. Aunque se reconoció la personaría en el orden provincial del PC por el tribunal electoral, y ya nombrados como candidatos a diputados Tellechea y Nicanoff, se rechazó al binomio por la ley anticomunista.
Destituido Frondizi el 29 de marzo por las Fuerzas Armadas, en la Semana Santa de 1962 hubo operativos en Santa Rosa, como en otros puntos del país. El 19 de abril fueron detenidos por la Policía Federal cinco personas, vinculadas con el diario La Arena: Raúl D’Atri, Omar Maraschini, Virgilio Crespo, Máximo Aníbal Rentero y el estudiante y militante comunista, Sergio Daniel Lino.
Los cinco fueron trasladados en un avión militar a Capital Federal y alojados primero en la sede de Coordinación Federal y luego en Devoto. El último en salir fue Lino que fue trasladado a Santa Rosa y liberado el 3 de mayo.
Intervenida la provincia, el 3 de febrero de 1963, LA ARENA publicó una nota titulada en tapa “Maccartysmo en La Pampa”. Afirmaba: “Muy posiblemente obedeciendo a una expresa orden del gobierno central, la intervención federal acaba de elaborar un decreto de restricciones para el ingreso a la administración pública, de franco corte dictatorial y maccartysta. Mediante esa disposición quedará vedada en el futuro la incorporación a los cuadros de la administración de los afiliados comunistas y simpatizantes o sospechosos de serlo”.
Durante el gobierno de Guido, el 24 de mayo de 1963 el decreto-ley 4.214 previó la pena de hasta ocho años de cárcel para los comunistas y facultaba a la policía a ordenar allanamientos y arrestos.
Para entonces, el PC se involucró en las movilizaciones de la CGT junto a los demás partidos, salvo los radicales. Hubo varios actos, y en uno el jefe de Investigaciones de la provincia, Aladino Lambert, le advirtió a la mesa directiva cegetista que no permitiría la participación del orador comunista en la tribuna.
En las elecciones del 63, el PC volvió a convocar a que se votara en blanco. Asumido Amit como gobernador, se derogó el decreto 162/63 dictado por la intervención que establecía restricciones al ingreso y permanencia en la administración pública de militantes comunistas.
La “Fede”.
El 1º de agosto de 1962 se conformó en La Pampa la “Fede”, la Federación Juvenil Comunista (FJC), primer paso para luego ingresar al partido. Ese encuentro se hizo en el Club Santa Rosa, en la calle Yrigoyen. Participaron Lino, Olga Sánchez y Armando Capello, entre otros. En la conducción provisoria, Capello fue designado secretario general. Esa dirección fue ratificada y ampliada a fines del 62, cuando se incorpora un grupo militante importante, entre ellos Santiago Badillo, Omar Giavedonni, Julio Mata, Susana Badillo, Isabel Fleischman y Aquiles Badillo, entre otros. En el año 64 ingresó otro grupo con María Alejandra Naunchuk, Arnaldo Chavidoni, Alicia Piombo, Stella Piombo, Antonio Quintín y Esteban Chamorro, entre otros. Muchos militantes estaban en la administración pública, como Badillo, Naunchuk y Mata –también fue alumno de Económicas en la Universidad de La Pampa y activo dirigente del Centro de Estudiantes–.
Esta organización tuvo un rápido desarrollo y aportó al fortalecimiento del PC en La Pampa y tuvo inserción en la universidad, colegios secundarios como el Industrial, la Normal y el Comercial, y entre los trabajadores estatales. La principal actividad se concentró en la lucha por la libertad de los presos políticos. Otro objetivo importante fue la solidaridad con la Revolución Cubana. Se formó el Fujac (Frente Juvenil de Apoyo a Cuba), que desarrolló una intensa tarea solidaria, desde la difusión de los logros de la revolución hasta el envío de alimentos e insumos a la isla.
Clandestinos.
Las tareas de agitación y propaganda por los más diversos temas –golpes de estado, huelgas obreras, presos políticos– se convertían en pegatinas, pintadas, volantes y se realizaban de manera clandestina, cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, se salía en parejas y de ese modo se trataba de burlar la persecución policial, que estaba siempre en recorrida vigilante.
En la madrugada del 6 de enero de 1964, Aquiles Badillo y Olga Sánchez, de 25 y 18 años respectivamente y afiliados a ADEP, fueron detenidos en la capital cuando pintaban leyendas sobre un tapial por la policía por “daño” y “actividades comunistas”. Ambos simularon ser novios para no ser aprehendidos.
De acuerdo al expediente judicial, un agente observó la presencia en distintos lugares de personas que se tenía “la presunción son de ideología comunistas”. Se dispuso una vigilancia especial en el centro para prevenir posibles pintadas de paredes. A las 2.20 se observó a la pareja que iba a la zona norte cruzando la estación del ferrocarril. En las inmediaciones del cine Gran Norte, sobre la calle Raúl B. Díaz 221, fueron capturados cuando estaban pintando sobre el tapial del cine la leyenda “Viva el 46 aniversario del PC”. Luego la hoz y el martillo. También se pidió la detención el día 9 de Nicanoff como representante del partido.
El comunismo siguió participando de la comisión coordinadora de los actos realizados por la CGT en su plan de lucha contra el presidente Illia, si bien los demócratas cristianos no quisieron que fuera integrada “por comunistas ni marxistas”. Se realizaron dos en marzo del 64, en Villa Santillán y Villa del Busto.
En diciembre del 63, Tellechea emitió un documento que fue publicado en el diario piquense Zona Norte y el jefe de la unidad militar de esa localidad lo hizo citar por la policía. No concurrió y pidió su captura. Sería detenido el 7 de julio y poco después dejado en libertad tras prestar declaración.
Contra el gremio.
El domingo 21 de febrero del 64 se inauguró la sede del comité santarroseño del PC ubicado en la calle O’Higgins 42. Hubo muchos dirigentes peronistas, socialistas y algunos sindicales. En marzo se informó que se apoyaría a los candidatos peronistas de la Unión Popular con el fin de “lograr la unidad con las fuerzas populares antioligárquicas y antiimperialistas”.
El 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado del Ejército destituyó a Illia. En esos días los dirigentes de ATE intentaron sostener su militancia. El 20 de julio un procedimiento de la policía en la sede del gremio de la calle Quintana 248 a las 19.45, cuando estaban reunidos sus directivos terminó con la detención de dirigentes y afiliados. Allí estaban Santiago Badillo, Carlos Kass, Julio Mata, Pedro Bergonzi, Ibrahim Villarreal, J. Alvarado y M. Saldarriaga. Fueron interrogados por la División Investigaciones durante cinco horas. Al día siguiente fueron llevadas las afiliadas Nélida F. de Kiriachek y Rosa F. de Urquiza, y también interrogadas. “Las actuaciones fueron a fin de establecer posible infracción a la ley nacional 16.894/66”, afirmaba la justicia.
El 20 de julio fueron cesanteados el secretario general Oscar Gallegos, peronista, y Mata y el gremio de ATE intervenido el 12 de agosto por el Consejo Directivo Central.
La última ley.
No podemos dejar este repaso sin hablar de la última norma de ese período que reprimió a la agrupación. La Revolución Argentina no sólo proscribió a los partidos políticos sino que promulgó una nueva legislación especial anticomunista en agosto de 1967: la Ley 17401, que habilitaba una amplia persecución que incluía inhabilitarlos para puestos públicos, cargos docentes y variadas profesiones, entre otras cuestiones. A raíz de esta legislación, se continuó con la persecución de sus actividades y por informes de la SIDE cesanteados muchos empleados públicos. En esos días, la policía investigó a varios empleados públicos “sospechados” de comunistas y en los meses siguientes docentes fueron cesanteados, como ocurrió con Santiago Badillo.
Otro ejemplo, el 13 de marzo de 1972 la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos dejó cesante a Tellechea. Se supo públicamente que la decisión se había tomado a raíz de los antecedentes elevados por la SIDE a la empresa ferroviaria. Hubo una movilización en solidaridad con Tellechea a través de la Comisión Pro-reincorporación que llegó a entrevistarse con el gobernador Angel Trapaglia. El 5 de julio, otros tres obreros ferroviarios de Pico fueron citados en la delegación santarroseña de la Policía Federal para iniciarles un proceso por la misma ley. Los señalados fueron el maquinista Raúl Cheves de La Fraternidad, y los operarios Carlos Primo Vola y José Pascual García, de la UF. Calificados de comunistas, fueron informados que quedarían cesantes y tendrían que apelar a la SIDE. Recién con la llegada del presidente Héctor Cámpora al gobierno, en mayo de 1973, la ley anticomunista se anularía y se daría marcha atrás con todos los despidos por persecución ideológica en las empresas estatales.