Las ramificaciones de la Subzona 14

En el juicio a los represores de La Pampa se condenó a la "mano de obra", pero el Terrorismo de Estado contó con la colaboración del Estado provincial procesista. No se puede reducir la Subzona 14 a lo ocurrido en la provincia, ya que ayudó a perseguir pampeanos que fueron desaparecidos por la maquinaria nacional.

Norberto Asquini y Juan C. Pumilla

El juicio a los represores de la Subzona 14 condenó, al imponer penas a ex oficiales del Ejército y la Policía provincial, las prácticas del Terrorismo de Estado aplicadas en La Pampa durante la dictadura militar. La provincia fue, en el marco de la represión ilegal llevada a cabo en la Argentina de los años setenta, un espacio periférico y con características propias, pero fue parte al fin de la maquinaria del terror aplicado a la población con fines políticos, sociales y económicos.

El largo brazo.
Hay dos cuestiones que en el marco general del juicio oral y público a los represores quedaron solapadas, ya que no estaban implicadas en la judicialización de los casos de secuestros y torturas de las víctimas del grupo de tareas de la Subzona 14, pero que dan el contexto nacional a lo ocurrido en La Pampa.
En el proceso llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, se condenó, y se involucró, a la "mano de obra" de la represión ilegal. Por un lado, los militares que fueron su conducción, dado que más allá del ex coronel Néstor Greppi, fueron parte de esa dirección el jefe militar de La Pampa, Fabio Iriart; el jefe del destacamento de General Pico, Oscar Cobuta; algunos de los jefes de Inteligencia como Juan José Amarante; y el jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini. Y a los policías que cumplieron las órdenes y fueron los que aplicaron el Terrorismo de Estado en los cuerpos de las víctimas.

El andamiaje estatal.
Sin embargo, hubo otras aristas de la represión ilegal que dan cuenta por un lado que la implementación del Terrorismo de Estado fue mucho más amplia que la persecución y tortura a los ciudadanos considerados "peligrosos" o "subversivos". La estructura estatal estuvo al servicio de esto. Si una estructura ilegal, o paralela, del Ejército y la Policía realizaron la "tarea", la otra legal le dio cobertura y apoyatura. Y extendió el terror implementado por el grupo de tareas a otros ámbitos.
Durante el juicio quedó en claro que desde el gobernador de facto, el general de Brigada retirado Carlos Enrique Aguirre Arrieta (1976-1977), hasta sus ministros, fueron quienes ordenaron o impulsaron las causas contra ex funcionarios del gobierno de José Regazzoli que después fueron acusados de hechos de corrupción, y que fueron secuestrados y torturados antes de que sus causas fueran "blanqueadas" en la justicia.
Pero también de esa estructura estatal militarizada salieron las órdenes para cesantear empleados públicos o instruir al sistema escolar de las normas de control procesista en las aulas.

Intervención y listas.
La intervención militar se extendió a entidades educativas, universitarias, gremiales y sociales, como el caso de la Cooperativa Popular de Electricidad, la Universidad Nacional de La Pampa, la Cámara de Comercio o el Servicio Provincial de Salud.
En la prensa el capitán Guillermo Agustín Buitrago, presidente del Consejo Provincial de Difusión, fue quien ejercía el control y la censura de lo que se difundía. Del ministerio de Obras Públicas a cargo del coronel retirado Enrique César Recchi partieron las investigaciones en 1977 por negociados en licitaciones en la etapa constitucional que terminó con una veintena de secuestrados y torturados por "subversión económica".
Los organismos de gobierno eran parte de quienes daban los nombres para las "listas negras". Un ejemplo concreto, que figura en el libro "El Informe 14", lo hallamos en el Ministerio de Bienestar Social. Una carpeta fue encontrada por las nuevas autoridades dentro de un armario cuando volvió la democracia a fines de 1983. Allí se encontró una serie de papeles anónimos que dieron cuenta de médicos "sospechados" por sus actividades, y donde se reclamaban medidas contra ellos. Uno de los anónimos, dirigido al ministro de Gobierno Alberto Rueda, acusaba a profesionales del hospital Lucio Molas. Anexado a la nota con un alfiler había un papelito que tenía escrito "hablar Dalla Vía", por Juan Carlos Dalla Vía, entonces ministro de Bienestar Social.

La conexión pampeana.
La Pampa no estuvo aislada del esquema del Terrorismo de Estado durante el denominado Proceso, implementado para hacer desaparecer o perseguir disidentes políticos. Las detenciones y operativos en la provincia contra "subversivos" con información aportada de otras jurisdicciones militares o la incursión de grupos de tareas dentro de los límites provinciales no fueron hechos aislados: estuvieron insertos en la lógica de un mecanismo mayor. Pero también hubo aportes de la Subzona 14 para que fueran apresadas personas en otras jurisdicciones.
En este sentido, la provincia no estuvo ajena a la coordinación represiva ilegal y los militares y policías involucrados en el grupo de tareas no fueron ajenos a las desapariciones forzadas cometidas en otras jurisdicciones, y hasta colaboraron para que muchos fueran atrapados por los engranajes del Terrorismo de Estado.
Y hay varios ejemplos. En febrero de 1975 fueron detenidos en Santa Rosa por pegar carteles de una organización armada dos estudiantes de La Plata: la pampeana Helena Alfaro y Roberto Quispe, que vivió en Santa Rosa varios años. Fueron fichados y durante la dictadura Alfaro fue secuestrada en el CCD El Vesubio y Quispe desaparecido en 1977.
La santarroseña Lucía Tartaglia fue detenida el 10 de agosto de 1976 en Santa Rosa junto a su compañero Enrique Sierra, y se les confeccionó una ficha en la Policía Federal. Ambos están desaparecidos. Personal del Ejército y la Policía buscaron y allanaron las viviendas de familiares de Emilce Magdalena Trucco en Realicó y de Eduardo Korsunsky en Bernasconi. Ambos están desaparecidos.
Guillermo Quartucci logró evadirse del Puesto Caminero de Jacinto Arauz en julio de 1976 cuando fueron secuestrados por el Ejército docentes y vecinos de esa localidad. Su búsqueda llegó hasta Bahía Blanca a la casa de sus familiares y una vez exiliado en México, las autoridades del Proceso intentaron detenerlo en Japón cuando viajó por cuestiones académicas.
Aún antes de la dictadura militar, la acción de la Subzona 14 fue prominente. El abogado Hugo Chumbita, su pareja Ana María Martínez y un amigo, Esteban Tancoff, fueron detenidos en Capital Federal en diciembre del '75. Chumbita y Martínez habían escapado de La Pampa cuando se realizó la primera razzia del grupo de tareas contra docentes de la UNLPam. Los tres fueron secuestrados por la Policía Federal y torturados, y luego enviados a Santa Rosa.

El "triángulo" del sur.
La colaboración entre fuerzas de seguridad, tanto de las Fuerzas Armadas como policiales, se observó en la vigilancia realizada en el sur de la provincia. Allí comisiones especiales de la policía pampeana al mando de la Subzona 14 fueron enviadas para relevar informes sobre casos de subversión. Jacinto Arauz y su zona fueron una muestra. En la causa iniciada por la Justicia Federal, la 482/76 abierta por "supuesta infracción a la ley 20.840" contra docentes araucenses, se da cuenta de la colaboración entre "servicios" y fuerzas. Figuran datos aportados por la Policía Bonaerense de la zona del paso de vehículos "sospechosos" desde Bahía Blanca hacia La Pampa. Así, un suboficial de la Bonaerense del pueblo de Avestruz señaló a varios jóvenes de la zona como sospechosos de "ser izquierdistas". Eran dos de Guatraché que estudiaban en Bahía Blanca y La Plata, uno de ellos Carlos Davit, asesinado por la Triple A bahiense en noviembre del '75, y otro de Colonia Santa Teresa en Rosario. Los informes incluyeron informes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) catalogado como "Secreto" sobre los docentes de Bahía Blanca que daban clases en Jacinto Arauz.

(Publicado en La Arena)