La gran huelga salinera (II)

Luego de comenzada la huelga salinera en octubre de 1971, que llevaría cuatro meses de lucha con la empresa Cibasa, los obreros necesitaron llegar a la capital provincial. Militantes de la nueva izquierda, trabajadores y estudiantes universitarios apoyarían sus reclamos en las calles.

Norberto Asquini

La huelga salinera de 1971 se conoció en Santa Rosa, capital de La Pampa, a través de las noticias. El puntapié fue dado por el periodista Jorge Roó, cronista de La Arena. Inmediatamente comenzó a tenderse una red solidaria hacia los salineros. Así a mediados de octubre, militantes políticos, sociales y gremiales de los espacios más activos se contactaron con Ongaro y Kambich, y comenzó a gestarse el movimiento aglutinante. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue la agrupación que reunió a diferentes voluntades y puso su estructura en función de aquella lucha. Tenía por entonces una dirigencia que agrupaba a peronistas combativos y comunistas y actuó como apoyo a los huelguistas en Santa Rosa. Se sumaron a esa comisión de lucha o de apoyo agrupaciones obreras -desvinculadas de la burocracia sindical local-; organizaciones políticas embrionarias de izquierda; y estudiantiles: los movimientos de base de municipales y bancarios y las agrupaciones clasistas "7 de Septiembre" -universitaria y después convertida en Faudi- y "30 de Junio" -periodistas y trabajadores gráficos-. También participaban comunistas y la UMA; y el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La toma de la CGT. Durante el paro de 48 horas, el 26 de octubre, Santa Rosa había comenzado a agitarse. Los delegados del comité de lucha empezaron a gestionar respaldos a la huelga. Miguel Maldonado, dirigente municipal, indicó: "Como había muchas barreras para llegar allí y el pueblo era muy chico, no tenía efecto hacer la movilización en Salinas Grandes, porque ni siquiera era Macachín. El lugar para movilizarse era Santa Rosa porque la huelga no aparecía en los medios, y menos en los nacionales". El 26, cerca de 80 salineros llegaron en colectivo a Santa Rosa. En la sede de ATE, medio centenar de representantes de las organizaciones de apoyo los esperaban para una asamblea popular. Allí se discutió el plan de lucha común con otros gremios y agrupaciones. Ante la pasividad de la CGT, doscientas personas abandonaron el salón de los estatales y se dirigieron a la sede cegetista para reclamarle un respaldo activo. Al llegar, encontraron la puerta cerrada aunque en su interior deliberaban los delegados. Los manifestantes desbordaron el salón ante los atónitos secretarios generales. Lograron la adhesión y los gremialistas aseguraron interceder ante el gobierno provincial para pedir una reunión urgente con los despedidos. Los manifestantes regresaron a la sede de ATE y esa misma noche se conformó la Asamblea Popular de Solidaridad con el Movimiento Obrero Pampeano. El día 27, los cegetistas acordaron una reunión con el ministro de Gobierno Eduardo Insausti, en Casa de Gobierno. Hasta allí marchó la delegación compuesta por Kambich, Ongaro y gremialistas. Ese encuentro marcaría la posición difusa que tomaría el gobierno provincial en el conflicto: la audiencia comenzó cuarenta minutos más tarde de lo pautado y no se dejó ingresar a la prensa. El dirigente salinero fue quien expuso la situación al ministro y no salió conforme del encuentro; la delegación había estado menos de veinte minutos, con el aparente disgusto del funcionario que evidenciaba querer terminar rápidamente, según relató el líder salinero. Antes de que los obreros regresaran a Salinas Grandes, se enteraron de que la empresa los había despedido. En la calle. La empresa decidió despedir a los trabajadores en huelga y cerró las puertas de la fábrica. Los obreros igualmente se reintegraron a sus labores el lunes 28. Los primeros en llegar a la fábrica encontraron alistados a cuarenta policías y un carro de asalto de la Guardia de Infantería, custodiando el portón clausurado con un candado. Casi hubo un choque entre los uniformados y los salineros preparados en caso de represión con alambres retorcidos. Ante la indignación de los obreros, los uniformados comenzaron a retirarse hasta la puerta de ingreso del predio. Los trabajadores tomaron entonces la planta y convocaron a una asamblea. Colmados de bronca, ratificaron el plan de lucha y la toma del establecimiento. El expediente del conflicto de Salinas Grandes pasaría desde entonces, de mano en mano, entre los organismos laborales de la Provincia y Nación, extendiendo la huelga. El 3 de noviembre, los salineros volvieron a reunirse en Santa Rosa con las agrupaciones que apoyaban la huelga. La asamblea popular se realizó en la sede de la CGT donde 400 personas desbordaron otra vez el salón; los presentes exigieron continuar el paro y extenderlo a otros ámbitos. Pero la CGT no quiso y otra vez hubo gritos y recriminaciones. El movimiento obrero se dividió a partir de ese momento. Por un lado ATE y los grupos de base con decidida disposición a la lucha activa junto a los salineros, y por otro, la estructura burocrática de la CGT que privilegiaba la negociación. Sin solución. Entretanto, la comisión de apoyo organizó la asistencia material a los hogares obreros para iniciar una olla popular (ver página 5). El sábado 13 de noviembre partió de la sede de ATE el primer camión fletado desde la capital provincial con alimentos y mercaderías del fondo de huelga hacia Salinas Grandes. Ese mismo día, en la asamblea diaria, se resolvió por unanimidad continuar la huelga y comenzó la primera olla popular en el predio, que se extendería por varias semanas. El 18 de noviembre llegó a Santa Rosa un alto funcionario del Ministerio de Trabajo de Nación, el subdirector Pedro García. El gobernador Benjamín Trapaglia quería un acuerdo rápido. García se reunió con los salineros, pretendía cesantear entre 18 y 20 obreros, postura compartida por la CGT local. Al escuchar la oferta, los salineros le hicieron un desplante y se fueron del local entre insultos, dejando solo al funcionario. Tras el frustrado encuentro, el Departamento de Trabajo provincial decidió aplicar el arbitraje obligatorio. Los trabajadores debían suspender la medida de fuerza y la empresa reintegrarlos a sus puestos. El martes 23 de noviembre, según lo disponía el arbitraje, cincuenta salineros se presentaron en la fábrica, pero la patronal había cerrado con candado la planta y había puesto un cordón policial compuesto por una decena de efectivos dirigidos por el comisario Aguilera. La empresa no se presentó al arbitraje y así se diluyó toda posibilidad de negociación. (Sigue) (Publicado en Caldenia)