La UNLPam, el Servicio Provincial de Salud, la UTN de General Pico y sus integrantes trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, o el colegio de Jacinto Arauz, dan cuenta de que la Subzona 14, y los sectores civiles que los resistieron, tomaron como blanco las instituciones y personas que fueron parte de un "clima de época".
Norberto G. Asquini
En el juicio de la Subzona 14 algo que parece haber quedado velado entre los testimonios y las medidas procesales es el contexto en el que se produjeron los secuestros y torturas a presos políticos en La Pampa durante la dictadura. Por un lado, la descripción de los tormentos y vejámenes sufridos por las víctimas del grupo de tareas, de los padecimientos de sus familiares, circunscribe a quienes siguen el debate directamente a los sufrimientos corporales y sus consecuencias.
Por otro, algunos testigos que tuvieron participación muy importante en los sucesos previos a la dictadura militar, y fueron protagonistas de la feroz interna dentro del peronismo pampeano, soslayan hoy ese pasado -y ese enfrentamiento- por cuestiones que tienen que ver con el arrepentimiento de haber tomado determinadas posturas en los 70 o por intereses personales y alineamientos presentes dentro del PJ.
También hay que considerar que en las audiencias se produce la fragmentación del proceso histórico de esos años no sólo por la cantidad de declaraciones, sino porque hay casos de víctimas que fueron detenidas no por cuestiones políticas sino vinculadas a supuestos delitos económicos u ordinarios.
Además, se observa que desde el Tribunal quedó claro por su postura durante la declaración del ex gobernador Rubén Hugo Marín, y una anterior de Francisco Tineo, que las cuestiones políticas sobrevuelan este juicio pero que los jueces parecen minimizarlo al circunscribir el debate a los delitos cometidos solamente por el grupo de tareas de la Subzona 14.
Finalmente, también se conjuga el no tan caprichoso período que se tomó para considerar la represión ilegal, y que parte del 24 de marzo del 76, cuando el funcionamiento de la Subzona 14 comenzó antes, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Espacios.
Pero la represión ilegal, tanto a nivel nacional como en la provincia de La Pampa, estuvo enmarcada en un contexto político y social que no se puede dejar de lado cuando se juzgan los crímenes cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.
Los espacios institucionales sobre los que se abatió la Subzona 14 tuvieron que ver con una militancia por transformar el país en el marco de la movilización política y social de los setenta y de un clima de época. Esto quedó evidenciado la semana pasada con la declaración de los docentes del Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz. Más allá de los casos puntuales, de las investigaciones sobre ex funcionarios para querer comprobar hechos de corrupción que justificaran la puesta en marcha del Proceso o de torturados por delitos ordinarios por parte de la Subzona 14 para "investigar" casos judiciales, la mirada se debe posar sobre los verdaderos blancos del Terrorismo de Estado y lo que se quiso reprimir durante la dictadura, y aún antes durante el gobierno peronista.
UNLPam y SPS.
La represión ilegal tuvo como blancos determinados a espacios institucionales que pretendieron otra visión sobre la provincia y el país, y que finalmente chocaron con la resistencia de sectores reaccionarios locales en un territorio donde la dirigencia política se caracterizó por su conservadurismo.
Sólo hace falta ver el listado de los lugares sobre los que el Terrorismo de Estado hizo foco: en noviembre de 1975 fueron detenidos docentes de la Universidad Nacional de La Pampa y médicos del Servicio Provincial de Salud. Ambos espacios, a su modo, representaron aires de renovación en la provincia. En la UNLPam a través de una conducción volcada al peronismo no ortodoxo, con muchos docentes llegados de afuera de La Pampa; en el SPS con médicos en su mayoría foráneos que tenían una idea distinta de la medicina pública volcada a lo social.
Ambos proyectos enseguida chocaron con intereses locales. Por ejemplo, la resistencia y oposición del Colegio Médico de La Pampa al SPS, al considerarlo antagónico con la medicina privada.
Durante 1975, la Universidad y el SPS fueron intervenidos y sus integrantes apresados o perseguidos. Como marca de todo esto, el Instituto de Estudios Regionales fue vaciado y cerrado; y ya durante la dictadura militar se nombró una comisión asesora en el SPS por decreto 823 del 8 de julio para generar un anteproyecto tendiente a modificar la ley que lo organizaba. Entre sus miembros hubo dos miembros del Colegio Médico, uno del de odontólogos, uno de bioquímicos y otro del de farmacéuticos.
Educación distinta.
El colegio de Jacinto Arauz fue otro espacio que apostó a una educación distinta y con docentes llegados de Bahía Blanca. Por eso no extraña el copamiento a una pequeña localidad y el gran operativo montado para detener a sus integrantes.
Jacinto Arauz era una población, como afirmaron los testigos, en la que convivían personas de un perfil que hoy llamaríamos progresista, más allá de sus matices ideológicos, con otros reaccionarios que fueron quienes los acusaron ante los poderes militares. Chacareros luteranos con una concepción no autoritaria, docentes con militancia social y estudiantil e integrantes de un colegio que apostaba a una formación moderna, fueron una combinación "peligrosa". Y fue un blanco bien específico: a pocos kilómetros, en General San Martín, su colegio también fue inspeccionado junto al de Arauz, pero no sufrió consecuencias.
En General Pico.
Otros que reivindicaron su militancia estudiantil y política durante el juicio fueron los ex alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. Más allá de su ideología, resistieron la intervención derechista de Bahía Blanca y la oposición del sindicalismo peronista ortodoxo en la ciudad que observaba a esa institución conducida por docentes foráneos como un espacio "de marxistas".
Intervenida esa casa de estudios, sus docentes fueron cesanteados y sus autoridades apresadas. Muchos profesores y alumnos fueron incorporados al Ministerio de Obras Públicas cuando asumió en septiembre del '75 Santiago Covella, que había sido alumno de esa Facultad. Covella sería señalado públicamente como un hombre de izquierda por la derecha sindical opositora al gobernador José Regazzoli. Desentonaba en un gabinete en el que los otros tres miembros habían sido funcionarios durante los últimos años de la Revolución Argentina.
Durante la dictadura, no sólo los ex integrantes de la UTN fueron encarcelados. También funcionarios y empleados ingresados durante la gestión de Covella, llegados también de afuera de la provincia, fueron secuestrados y perseguidos, y quedaron sin trabajo.
Más blancos.
La lista de estos espacios que fueron blanco de la represión no quedaría completa sin mencionar que entre las víctimas de la represión ilegal estuvo la oposición en Corpico, ya copada por la CGT piquense; el director del diario La Capital, una cooperativa de trabajo cuya dirección había sido arrancada a sus dueños y que aparecía como un antecedente peligroso, o los periodistas de La Arena, diario que reclamó a fines del '75 contra las detenciones ilegales; el combativo secretario general de los municipales de Santa Rosa opositor a la gestión del Mofepa; el ala izquierda del estudiantado de la UNLPam representada en el Faudi, que era la más numerosa y politizada de ese sector; y funcionarios del Juzgado Federal como su titular y el secretario y un juez de General Acha, considerados "garantistas". Ni la iglesia católica se salvó, aunque la "depuración" ya había comenzado mucho antes con el obispo Adolfo Arana. En 1976 tuvo que exiliarse, amenazado, el cura Valentín Bosch.
(Publicado en el diario La Arena, 27 de septiembre de 2010)
Gracias por el aporte!
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