martes, 21 de diciembre de 2010

1966: El “Operativo Moralidad”

En 1966, apenas producido el golpe de Onganía, el Ejército intervino en los “hoteles alojamientos” y otros negocios de la capital pampeana. Pero esa política se mantuvo hasta bien entrada la llamada “Revolución Argentina”.

Norberto G. Asquini

El 28 de junio de 1966, el Ejército derrocó al presidente Arturo Illia e implementó la llamada “Revolución Argentina”, una dictadura militar que pretendía implementar un “nuevo orden” en el país. El Estado autoritario y burocrático erigido por el general Juan Carlos Onganía, implantó una rígida censura que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones culturales como el cine, el teatro y hasta la lírica, como en el caso de la ópera "Bomarzo", de Manuel Mujica Láinez y Alberto Ginastera, que fue prohibida.

El historiador Felipe Pigna explica que en el orden de lo social, la militancia católica fundamentalista de Onganía lo llevó a implantar una "Brigada de Moralidad" dirigida nada menos que por alguien tan moral como el comisario Luis Margaride, futuro jefe de la organización derechista Triple A. La "brigada" controlaba el largo de las faldas de las chicas y del pelo de los chicos y se ensañaba con las parejas en las Villa Cariño y los llamados por entonces hoteles alojamiento.

Pigna indica que Onganía tenía la intención de moralizar la sociedad, su moral era la de la derecha reaccionaria argentina “que no veía como inmoral el hambre provocado por el cierre de los ingenios y talleres ferroviarios tucumanos que arrojaban a la miseria a miles de personas; veían la inmoralidad en los escotes de Isabel Sarli, pero no en la feroz represión policial y en las sesiones sistemáticas de tortura que se aplicaban en las comisarías a los militantes opositores”.

El coronel Granada.

Esta concepción de moralizar a la sociedad se implementó desde muy temprano, apenas asumida la dictadura, y La Pampa no estuvo ajena. En la provincia, el día 29 de junio del 66 a la madrugada tomó el control del gobierno el jefe del Regimiento 101 de Toay, el coronel Jorge Horacio Granada. El oficial se convirtió por algunos días en el gobernador interino de la provincia.

Apenas asumido, Granada inició un operativo en todo el territorio, que sería conocido en la prensa como “Operativo Moralidad”. El viernes 9 de julio, La Arena informaba que se habían realizado procedimientos por la “Policía y el Ejército en Santa Rosa y General Pico dirigidos a reprimir actividades delictuosas como la explotación del juego y la comercialización de artículos de contrabando”. Las autoridades clausuraron y colocaron fajas en varios comercios por disposición del Consejo Nacional de Represión al Contrabando. En Santa Rosa hubo nueve detenidos en los procedimientos contra el juego.

El 22 de julio hubo más operativos policiales en hoteles, bares y comercios. Uniformados verificaron el cumplimiento de las normas de salubridad e higiene y el estado de los artículos de consumo en venta. Mientras tanto, los medios de prensa, cuyos periodistas fueron invitados a observar el “trabajo”, daban a publicidad la nómina de comercios y casas de comida inspeccionados entregada por el jefe militar.

Más operativos.

El 27 de julio hubo en General Pico 415 comercios controlados y dos hoteles fueron clausurados. Los operativos sanitarios también se trasladaron a la localidad de Toay el 4 de agosto, y se obligó a las panaderías a bajar el precio del pan francés.

Los operativos se extendieron a la noche santarroseña y todo lo que eso abarcaba. El 11 de agosto se publicó que se habían realizado operativos contra determinados negocios por la ley de profilaxis en Toay y Santa Rosa.

Aunque, no hay mayores datos, la prensa daba cuenta de que el Ejército había emprendido lo que se llamó el “Operativo Moralidad” en hoteles de alojamiento donde fueron detenidas en esas noches quince mujeres, cuatro de las cuales resultaron ser menores. Granada estuvo en el cargo hasta el 17 de agosto, día en que asumió la gobernación al capitán de navío Carlos González. El “Operativo Moralidad”, que sería festejado por la prensa, no tuvo el mismo destino en la justicia. La Arena informaba que el 23 de agosto se tuvo que presentar a declarar el jefe de Policía, el teniente coronel Ismael Páez Montero, en el Juzgado de Instrucción y Correccional Número 1 ya que el juez Alberto Luis Pensa había iniciado actuaciones por presuntas violaciones del Código Penal por la policía provincial. La denuncia la había realizado el propietario de un “hospedaje por horas”, como también se llamaba a esos comercios, ubicado en la ruta nacional 5, que había sido detenido y su negocio allanado.

Más adelante.

Los controles sobre los “locales de la nocturnidad” con un sentido moralizante, se mantuvieron hasta entrada la Revolución Argentina. Un caso testigo lo hallamos en el expediente 609/70 del Archivo de Tribunales.

La Dirección de Investigaciones de la policía pampeana realizó en 1970 una inspección al “Hotel Alojamiento El Retiro” por una causa que llevó adelante el juez Alejandro M. Ghigliani, con la secretaría de Miguel Angel Gavazza. La causa la había iniciado la misma Jefatura de Policía en julio, contra el comercio propiedad de Anunciado Di Lucca.

¿Cuál fue el motivo? La policía indicaba que sólo por “el sentido de ejercer un estricto control sobre todos aquellos lugares de vida nocturna entre los cuales se halla involucrado el hotel ubicado en la ruta nacional 5 frente a las instalaciones del Tiro Federal (...) El cual provee albergue por hora a parejas de ambos sexos”, indicaba el expediente.“Por tal motivo –ordenaba la Jefatura policial– y con la finalidad de establecer fehacientemente las comodidades de que dispone el mismo para ello conforme a la ordenanza municipal que regla esa actividad resuelve comisionar al subdirector comisario Agustín Prieto para que junto con un oficial inspector documente y haga un croquis o fotocopia de edificación”.La policía realizó la verificación del lugar y pasó lista a las cuatro piezas con sus baños privados y con agua caliente. Además de la vivienda adyacente en la que vivía la pareja que atendía el lugar. El inspector indicó luego: “Estimo que no se ha infringido norma penal alguna”, por lo que el juez archivó las actuaciones en agosto.

(Publicado en Caldenia)

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