Juan Carlos Pumilla
Nada, ni nadie, podrá alterar la calificación de histórico que viene definiendo al juicio de la Subzona 14 en La Pampa. Lo es por una multiplicidad de circunstancias: históricas, geográficas, temporales, ideológicas y políticas, entre otras.
Empero sigue siendo lícito formular una reflexión crítica acerca del proceso. Para el debate, para honrar la libre expresión, acaso para la docencia.
En los albores de los ochenta los exégetas de Raúl Alfonsín diseñaron con rotundo éxito lo que vino a conocerse como “teoría de los dos demonios”. Un presupuesto vertebrado en el sostenimiento de que en La Argentina se había librado una guerra entre dos contendientes: por un lado la guerrilla, por otro las Fuerzas Armadas.
Tan falaz como eficaz, la teoría sustrajo la consideración del Estado al del escenario de los años setenta.
Sin menoscabo de que será inevitable y necesario referirse en algún momento al amplio espectro que involucra e involucró el término “guerrilla” (que según la in-objetable y fundada verificación del coronel Florencio García, no llegaba, a mediados de esa década, a superar los mil efectivos) se impone como necesario subrayar que al imperio de los dos demonios, en otro juicio histórico, el de las Juntas, la sociedad no reclamó a través del Estado por sus perjuicios iniciales. De manera que sólo se las condenó por los crímenes cometidos pe-ro no por el objetivo que determinó esos crímenes. No hubo a provincia, como probablemente tampoco habrá, en tal sentido, una acusación a los responsables del terrorismo de Estado por el delito de sedición. Ese es el delito primero. Luego, los crímenes.
No es ésta una cuestión menor.
Por fortuna, para subsanar nuestras limitaciones, teóricos y juristas se han dedicado a desmenuzar el enorme universo de la intencionalidad.
Esto nos lleva a otra consideración. Por comodidad o acostumbramiento la calificación de “lesa humanidad” nos tranquiliza y agota. Acaso no se ha extendido plenamente la enorme significación del fallo contra Etchecolatz: “Genocidio”
Si así fuere, se hará manifiesta a la comprensión de cualquier lector que se inicie en el tema, la evidencia de que estas comparaciones conducen a conquistar precisión en una cuestión capital: la diferencia entre lo que es lesa humanidad y genocidio. El eje vertebral de este con-traste es la intencionalidad.
Por eso creemos que es importante dilatar la extensión temporal del terrorismo de Estado y subrayar sus propósitos centrales. El Estado argentino y su sociedad deben reclamar no sólo por las consecuencias.
Si lo hiciera estaríamos habilitados para confirmar que asistimos a un proyecto genocida que lo era aun antes de implementarse.
Cobraría sentido y otra dimensión la determinación de los blancos iniciales, instituciones, proyectos y personas, y le adjudicaría al tribunal razones para establecer las motivaciones que originaron estas actuales y únicas imputaciones por detenciones ilegales y tormentos.
Al igual que en el plano nacional y su correlato de los treinta mil, estos crímenes en La Pampa no fueron el objetivo sino el presupuesto.
miércoles, 4 de agosto de 2010
lunes, 2 de agosto de 2010
Marín entre las acusaciones y la victimización
Marín entre las acusaciones y la victimización
Frente al debate sobre la actuación del peronismo en los 70, el ex gobernador queda siempre en el ojo de la tormenta por su responsabilidad política. Entre las duras acusaciones y la reivindicación el costado pragmático de Marín lo señala en las buenas, pero sobre todo en las malas.
NORBERTO G. ASQUINI
La revisión de los crímenes y responsabilidades políticas vinculados al Terrorismo de Estado durante los años 70 es una sombra permanente sobre algunos dirigentes de la sociedad civil que tuvieron actuación en estos tiempos desde hace unos años. Sobre todo en el PJ, partido en el que, según el historiador Vicente Palermo, tuvo militantes "de ambos lados de la picana" -frase que no es nueva, pero sí no muy repetida-. Por eso en esa corriente muchos dirigentes han sido cuestionados por su actuación en la época desde que en 2003 la gestión de Néstor Kirchner -con su política en el tema de derechos humanos- y desde la justicia -con la reapertura de las causas de delitos de lesa humanidad- volvieron a poner en vigencia la revisión de los años 70, antes y después del golpe del 76.
Ese marco nacional abrió la "caja de Pandora" para que cada tanto, el peronismo deba afrontar las responsabilidades que tuvieron algunos de sus dirigentes en la época más negra de los 70. Por supuesto, que en este revisionismo juegan también cuestiones que nada tienen que ver con la memoria y la verdad, como son los intereses políticos donde se mezclan situaciones partidarias y hasta personales en temas que deberían tratarse con mayor altura y rigurosidad.
En todos lados.
En La Pampa, desde 2003, la revisión de lo ocurrido en los años 70 tuvo también un fuerte impulso. Desde la reapertura de la causa contra los represores de la Subzona 14, y para dar un ejemplo de los avances en este sentido, se pudo sistematizar al menos la presencia de más de 270 víctimas del terrorismo de Estado en todo el territorio, listado elaborado por Juan Carlos Pumilla y el autor de esta nota. La provincia no escapó a este marco general del debate, aunque con sus especificidades.
Y por supuesto su discusión, que debería ser mucho más profunda, tiene como protagonistas a las víctimas y los investigadores, por un lado; y a quienes politizan los años 70 por el otro, acicateando el permanente conflicto político que después de 2001 vive el peronismo local. Cada vez que "explota" públicamente este tema, se producen cruces como el que se dio hace poco en el acto a Eva Perón cuando resurgieron acusaciones y se llegó a levantar el tono de las voces.
Pero, como es sabido, la lógica del poder y la necesidad hacen que los debates se disimulen ante las coyunturas políticas y electorales en una convivencia o equilibrio necesarios para la continuidad de esa fuerza en el gobierno.
El gran protagonista.
En La Pampa el gran debate dentro del PJ se ha dado en torno al ex gobernador Rubén Marín. Esto no es gratuito ya que fue el que mayor responsabilidad política tiene en esto: ha sido el político tal vez más influyentes de la provincia desde 1983 en adelante siendo cuatro veces gobernador -además de diputado y senador- y más allá del "otoño" de su carrera política, continúa vigente. Durante los 90 fue el dirigente hegemónico en el PJ local, hasta que en 2003 perdió ese monopolio del poder partidario y comenzaron entonces las miradas acusadoras hacia su pasado, ayudadas por el debate nacional. Además, hay que recordar que entre 1973 y 1976 Marín fue vicegobernador.
Por eso es el blanco de las sospechas y los debates: por la responsabilidad política que le cabe como conductor por décadas del PJ y por su alto cargo en el gobierno peronista de los 70.
Las últimas acusaciones no surgieron de parte de una víctima, como lo hizo con suficiente crédito Raquel Barabaschi quien estuvo detenida en aquellos años, sino del ultravernista Migue Solé, ex funcionario y uno de los integrantes de la denominada "banda de los pampeanos" de la gestión menemista, entre otros antecedentes. Una cuestión de raíces políticas y personales que se mezcla con hechos por demás sensibles.
La lista peronista.
El ex mandatario estuvo en los 70 entre los peronistas que se enfrentaron con el gobernador José Aquiles Regazzoli e intentaron que dejara el cargo. La cara más visible de esta corriente fue el diputado nacional Carlos Aragonés, de la rama sindical. En esa época, entre ambos bandos hubo violentos choques y hasta fuertes acusaciones. Las reuniones con funcionarios nacionales para llevar los reclamos de los sindicalistas contra Regazzoli están documentadas.
Cuando estalló el golpe, y esta es una de las especificidades de la represión ilegal en La Pampa, hubo detenidos de la "izquierda" -la mayoría fue previo al 76-, y entre el peronismo, pero la mayoría de estos últimos estuvo vinculada al gobierno provincial regazzolista. En La Pampa, a diferencia de otros lados, no fueron arrestados los de la JP del ala izquierda, que apenas tuvo demorados. Pero si de la JP del derechista Comando de Organización, aliada al gobernador, y cuyos militantes en otras zonas del país no sufrieron la represión ilegal. También hubo funcionarios provinciales y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. El grueso fue del arco regazzolista. Del otro sector, después del 24 de marzo apenas Aragonés pasó por la Unidad Penal 4, y algún otro caso puntual. Desde entonces, la sombra de la "entrega" realizada por Marín y Aragonés de esos nombres a los oficiales de la Subzona 14 no dejó de perseguirlos.
También se recuerda que en 1979, Marín fue abogado defensor de un estanciero que contrató a un grupo de tareas militar de Buenos Aires para hacer una "apretada" en la zona de Victorica.
Argumentos a favor.
Por supuesto que Marín ha tenido otra historia que él reivindica al contrastarla con esa sombra. Apenas asumido su primer mandato, en 1984, inició las actuaciones sumariales contra los oficiales de la Policía provincial que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14. El grueso de esa información es la que los llevó al juicio que comienza hoy en la provincia. Fue uno de los pocos gobiernos provinciales que encaró esta investigación decisiva. Además, en un acto de justicia, reincorporó a todos aquellos prescindidos de la administración pública durante la dictadura militar.
El además ha insistido que estuvo detenido durante algunos días en octubre de 1976 en la Seccional Primera, cuando ya la mayoría de los presos políticos de la provincia habían sido liberados o trasladados.
Aunque esta reivindicación se use como defensa, no alcanza para responder las sospechas sobre la etapa previa, porque en realidad lo que se pretende es conocer su actuación en el lapso anterior y, en particular, su relación con los detentores del poder.
Luces y sombras.
Ante la falta de documentación sobre las acusaciones, se debe analizar la actuación de Marín previa y posterior al golpe desde dos aspectos. Por un lado, su reivindicación es parte de una mirada que ha tenido el peronismo hacia su propia historia. El peronismo ha logrado reinventarse a través de su pasado enalteciendo u ocultando su propia historia, y esto ha sido una de las claves de su permanencia. Mientras Menem pudo levantar la bandera del más crudo liberalismo y de la mal llamada reconciliación nacional, pocos años después el peronismo se encarriló detrás de un proyecto nacional y en la revisión de su pasado setentista.
Marín, en esa revisión obligada por las circunstancias de su pasado en los 70, hace lo propio: echa luz sobre algunos aspectos destacables como el sumario administrativo del 84 o su detención, para ocultar otros oscuros como su enfrentamiento con el otro ala del peronismo local.
Pragmatismo puro.
Frente al uso político de esta visión parcializada del pasado, juega también otra consideración para entender la ubicuidad entre los extremos de una misma persona en su trayectoria -la traición o la reivindicación-. ¿Marín es al final cómplice de la dictadura o, al otro extremo, fue el que permitió juzgar a los represores?
Marín, desde sus inicios en el partido en los 60, siempre tuvo una definición: "yo soy peronista". Esto, además de servirle para impugnar a otros compañeros críticos o corrientes internas, le permitió públicamente cobijarse en los circunstanciales espacios nacionales de poder: desde el ala derecha gremial de los años 70, que comandaba Lorenzo Miguel, hasta su actual kirchnerismo; pasando sucesivamente por la renovación del cafierismo y el neoliberalismo menemista, sin empacho ni dobleces. En síntesis, en este plano, siempre cayó parado. En la cuestión de los derechos humanos pasó de la investigación en los 80 a la teoría de la reconciliación y el olvido en los 90, para reinventarse en el 2000 junto al kirchnerismo.
Desde esta visión pragmática, las dos visiones de la historia pueden llegar a convivir en el mismo personaje. Desde otro punto de vista, hoy el sumario administrativo del 84 toma entidad histórica cuando los represores pampeanos serán juzgados a raíz de esa investigación promovida por su gestión. Pero no alcanza eso sólo para deslindar las responsabilidades de los 70. La responsabilidad de su sector en los años 70 fue obvia al ser el peronismo que no fue castigado en la provincia con las detenciones como ocurrió con sus opositores internos.
Marín fue en esa coyuntura un dirigente de peso en las decisiones que se tomaron desde el ala sindical. Haya o no documentación al respecto, por su figura en la política provincial y su alto cargo en los 70, debe dar cuenta de las sombras de su pasado.
Frente al debate sobre la actuación del peronismo en los 70, el ex gobernador queda siempre en el ojo de la tormenta por su responsabilidad política. Entre las duras acusaciones y la reivindicación el costado pragmático de Marín lo señala en las buenas, pero sobre todo en las malas.
NORBERTO G. ASQUINI
La revisión de los crímenes y responsabilidades políticas vinculados al Terrorismo de Estado durante los años 70 es una sombra permanente sobre algunos dirigentes de la sociedad civil que tuvieron actuación en estos tiempos desde hace unos años. Sobre todo en el PJ, partido en el que, según el historiador Vicente Palermo, tuvo militantes "de ambos lados de la picana" -frase que no es nueva, pero sí no muy repetida-. Por eso en esa corriente muchos dirigentes han sido cuestionados por su actuación en la época desde que en 2003 la gestión de Néstor Kirchner -con su política en el tema de derechos humanos- y desde la justicia -con la reapertura de las causas de delitos de lesa humanidad- volvieron a poner en vigencia la revisión de los años 70, antes y después del golpe del 76.
Ese marco nacional abrió la "caja de Pandora" para que cada tanto, el peronismo deba afrontar las responsabilidades que tuvieron algunos de sus dirigentes en la época más negra de los 70. Por supuesto, que en este revisionismo juegan también cuestiones que nada tienen que ver con la memoria y la verdad, como son los intereses políticos donde se mezclan situaciones partidarias y hasta personales en temas que deberían tratarse con mayor altura y rigurosidad.
En todos lados.
En La Pampa, desde 2003, la revisión de lo ocurrido en los años 70 tuvo también un fuerte impulso. Desde la reapertura de la causa contra los represores de la Subzona 14, y para dar un ejemplo de los avances en este sentido, se pudo sistematizar al menos la presencia de más de 270 víctimas del terrorismo de Estado en todo el territorio, listado elaborado por Juan Carlos Pumilla y el autor de esta nota. La provincia no escapó a este marco general del debate, aunque con sus especificidades.
Y por supuesto su discusión, que debería ser mucho más profunda, tiene como protagonistas a las víctimas y los investigadores, por un lado; y a quienes politizan los años 70 por el otro, acicateando el permanente conflicto político que después de 2001 vive el peronismo local. Cada vez que "explota" públicamente este tema, se producen cruces como el que se dio hace poco en el acto a Eva Perón cuando resurgieron acusaciones y se llegó a levantar el tono de las voces.
Pero, como es sabido, la lógica del poder y la necesidad hacen que los debates se disimulen ante las coyunturas políticas y electorales en una convivencia o equilibrio necesarios para la continuidad de esa fuerza en el gobierno.
El gran protagonista.
En La Pampa el gran debate dentro del PJ se ha dado en torno al ex gobernador Rubén Marín. Esto no es gratuito ya que fue el que mayor responsabilidad política tiene en esto: ha sido el político tal vez más influyentes de la provincia desde 1983 en adelante siendo cuatro veces gobernador -además de diputado y senador- y más allá del "otoño" de su carrera política, continúa vigente. Durante los 90 fue el dirigente hegemónico en el PJ local, hasta que en 2003 perdió ese monopolio del poder partidario y comenzaron entonces las miradas acusadoras hacia su pasado, ayudadas por el debate nacional. Además, hay que recordar que entre 1973 y 1976 Marín fue vicegobernador.
Por eso es el blanco de las sospechas y los debates: por la responsabilidad política que le cabe como conductor por décadas del PJ y por su alto cargo en el gobierno peronista de los 70.
Las últimas acusaciones no surgieron de parte de una víctima, como lo hizo con suficiente crédito Raquel Barabaschi quien estuvo detenida en aquellos años, sino del ultravernista Migue Solé, ex funcionario y uno de los integrantes de la denominada "banda de los pampeanos" de la gestión menemista, entre otros antecedentes. Una cuestión de raíces políticas y personales que se mezcla con hechos por demás sensibles.
La lista peronista.
El ex mandatario estuvo en los 70 entre los peronistas que se enfrentaron con el gobernador José Aquiles Regazzoli e intentaron que dejara el cargo. La cara más visible de esta corriente fue el diputado nacional Carlos Aragonés, de la rama sindical. En esa época, entre ambos bandos hubo violentos choques y hasta fuertes acusaciones. Las reuniones con funcionarios nacionales para llevar los reclamos de los sindicalistas contra Regazzoli están documentadas.
Cuando estalló el golpe, y esta es una de las especificidades de la represión ilegal en La Pampa, hubo detenidos de la "izquierda" -la mayoría fue previo al 76-, y entre el peronismo, pero la mayoría de estos últimos estuvo vinculada al gobierno provincial regazzolista. En La Pampa, a diferencia de otros lados, no fueron arrestados los de la JP del ala izquierda, que apenas tuvo demorados. Pero si de la JP del derechista Comando de Organización, aliada al gobernador, y cuyos militantes en otras zonas del país no sufrieron la represión ilegal. También hubo funcionarios provinciales y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. El grueso fue del arco regazzolista. Del otro sector, después del 24 de marzo apenas Aragonés pasó por la Unidad Penal 4, y algún otro caso puntual. Desde entonces, la sombra de la "entrega" realizada por Marín y Aragonés de esos nombres a los oficiales de la Subzona 14 no dejó de perseguirlos.
También se recuerda que en 1979, Marín fue abogado defensor de un estanciero que contrató a un grupo de tareas militar de Buenos Aires para hacer una "apretada" en la zona de Victorica.
Argumentos a favor.
Por supuesto que Marín ha tenido otra historia que él reivindica al contrastarla con esa sombra. Apenas asumido su primer mandato, en 1984, inició las actuaciones sumariales contra los oficiales de la Policía provincial que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14. El grueso de esa información es la que los llevó al juicio que comienza hoy en la provincia. Fue uno de los pocos gobiernos provinciales que encaró esta investigación decisiva. Además, en un acto de justicia, reincorporó a todos aquellos prescindidos de la administración pública durante la dictadura militar.
El además ha insistido que estuvo detenido durante algunos días en octubre de 1976 en la Seccional Primera, cuando ya la mayoría de los presos políticos de la provincia habían sido liberados o trasladados.
Aunque esta reivindicación se use como defensa, no alcanza para responder las sospechas sobre la etapa previa, porque en realidad lo que se pretende es conocer su actuación en el lapso anterior y, en particular, su relación con los detentores del poder.
Luces y sombras.
Ante la falta de documentación sobre las acusaciones, se debe analizar la actuación de Marín previa y posterior al golpe desde dos aspectos. Por un lado, su reivindicación es parte de una mirada que ha tenido el peronismo hacia su propia historia. El peronismo ha logrado reinventarse a través de su pasado enalteciendo u ocultando su propia historia, y esto ha sido una de las claves de su permanencia. Mientras Menem pudo levantar la bandera del más crudo liberalismo y de la mal llamada reconciliación nacional, pocos años después el peronismo se encarriló detrás de un proyecto nacional y en la revisión de su pasado setentista.
Marín, en esa revisión obligada por las circunstancias de su pasado en los 70, hace lo propio: echa luz sobre algunos aspectos destacables como el sumario administrativo del 84 o su detención, para ocultar otros oscuros como su enfrentamiento con el otro ala del peronismo local.
Pragmatismo puro.
Frente al uso político de esta visión parcializada del pasado, juega también otra consideración para entender la ubicuidad entre los extremos de una misma persona en su trayectoria -la traición o la reivindicación-. ¿Marín es al final cómplice de la dictadura o, al otro extremo, fue el que permitió juzgar a los represores?
Marín, desde sus inicios en el partido en los 60, siempre tuvo una definición: "yo soy peronista". Esto, además de servirle para impugnar a otros compañeros críticos o corrientes internas, le permitió públicamente cobijarse en los circunstanciales espacios nacionales de poder: desde el ala derecha gremial de los años 70, que comandaba Lorenzo Miguel, hasta su actual kirchnerismo; pasando sucesivamente por la renovación del cafierismo y el neoliberalismo menemista, sin empacho ni dobleces. En síntesis, en este plano, siempre cayó parado. En la cuestión de los derechos humanos pasó de la investigación en los 80 a la teoría de la reconciliación y el olvido en los 90, para reinventarse en el 2000 junto al kirchnerismo.
Desde esta visión pragmática, las dos visiones de la historia pueden llegar a convivir en el mismo personaje. Desde otro punto de vista, hoy el sumario administrativo del 84 toma entidad histórica cuando los represores pampeanos serán juzgados a raíz de esa investigación promovida por su gestión. Pero no alcanza eso sólo para deslindar las responsabilidades de los 70. La responsabilidad de su sector en los años 70 fue obvia al ser el peronismo que no fue castigado en la provincia con las detenciones como ocurrió con sus opositores internos.
Marín fue en esa coyuntura un dirigente de peso en las decisiones que se tomaron desde el ala sindical. Haya o no documentación al respecto, por su figura en la política provincial y su alto cargo en los 70, debe dar cuenta de las sombras de su pasado.
domingo, 1 de agosto de 2010
INFORME. EL PARTIDO COMUNISTA EN LA PROVINCIA (1923-1966)
Ser camarada en La Pampa: la
historia de los otros proscriptos
Perseguidos por gobiernos peronistas y no peronistas, por democracias o dictaduras, el Partido Comunista es la historia de una militancia a prueba de toda represión. Algunos elementos para seguir su trayectoria hasta 1966 en La Pampa.
Norberto G. Asquini*
La historia del Partido Comunista y de sus integrantes en La Pampa es contar la historia de una proscripción. Bajo gobiernos peronistas y no peronistas, bajo regímenes democráticos –o semidemocráticos– y dictaduras militares, ser comunista no fue fácil en el país, y menos en la provincia.
Si durante 18 años el peronismo estuvo proscripto en la Argentina, el comunismo no le fue en zaga. El llamado por los sectores reaccionarios “peligro rojo” fue, al menos hasta mediados de los 60, la representación de la corriente política tradicional ubicada más a la izquierda en la provincia. Esta es parte de una historia que rescatamos, y que comienza en 1920 y finaliza, para darle un corte temporal, en 1966.
Los primeros.
No hay muchos datos para dar cuenta de los primeros grupos comunistas en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, pero poco después de 1920 había al menos algunos seguidores. Nacido como producto de la división del Partido Socialista argentino, varios integrantes de ese partido decidieron también volcarse al internacionalismo que crecía con la Revolución en Rusia. El historiador Jorge Etchenique indica que el PC habría tenido su instancia fundacional con la conferencia sobre los soviets realizada el 9 de junio de 1923 en Santa Rosa por José Penelón, concejal en Capital Federal, sindicalista y fundador de ese partido en 1921.
Entre las contadas menciones en esos años 20, el diario Germinal en 1927 en un suelto identificaba como comunista al ex dirigente socialista Antonio Buira, participando como orador en un meeting del PS en defensa del municipio santarroseño.
Donde sí tuvo arraigo el comunismo fue en General Pico, sobre todo entre algunos obreros de la Unión Ferroviaria. Además, a mediados de los años 30, el socialismo tuvo otra división. Se conformó la disidencia del PS Obrero que en Pico tuvo un núcleo fuerte y reunió a trabajadores. Expulsados sus dirigentes por las autoridades nacionales, comenzaron a militar en el PC.
A fines de 1945, cuando se comenzó a conformar la Unión Democrática en La Pampa ante la coyuntura electoral que llevaría a Juan Domingo Perón a la presidencia, los comunistas se unieron entonces a socialistas y radicales. Una de las primeras asambleas “democráticas” la impulsó en Pico la Unión Democrática Ferroviaria en el mes de noviembre y se hizo una junta Pro-UD. La comisión provisoria estaba conformada por Alfredo Rossell, Miguel Diván, Tomás Zucconi, José Macaggi y José Arbós, dirigentes del PS, la UCR y el PC.
El sábado 20 de julio de 1946, pasadas las elecciones, se constituyó formalmente en General Pico el PC y como secretario general se designó a Aurelio Fentini. Lo secundaban Tomás De León y A. Agostini.
Durante el peronismo.
El comunismo fue siempre observado como un “peligro”. Y durante el peronismo no fue una excepción. Por ejemplo, el 10 de marzo de 1947, el jefe de Policía e interventor de la delegación regional del Trabajo, Eduardo Reguero, habló de “la infiltración comunista” en los sindicatos. Ante empleados de la administración pública dijo: “Pretende desorganizar un movimiento que por medios legítimos llevará a cabo una obra revolucionaria” y que “la táctica es infiltrarse en todos los ambientes y allí paulatinamente y subrepticiamente, siembra sus doctrinas de odio y desunión”. Luego pidió “que los gremios del territorio denuncien y expulsen de sus filas a todo afiliado que no sea un auténtico obrero de la actividad correspondiente”.
La División Investigaciones de la Policía pampeana, encargada de vigilar a los “elementos peligrosos”, tuvo bajo su mira en desde 1948 a varias personas sospechadas de comunismo. Como las actividades en General San Martín de León Nicanoff, que había sido secretario de la municipalidad. Allí también se investigó al director de la Escuela 158, Juan de Eurasquin, a los chacareros de la colonia La Juanita y al Sindicato Agrario “La tierra para el que la trabaja” porque habían sido “vistos muchos pobladores llevando distintivos rojos para significar su adhesión a la URSS de los cuáles podrían observarse muchos niños” y asimismo se vio a un corresponsal del periódico comunista La Hora, Tobías Sirichman.
En 1955, con el recrudecimiento de la lucha entre peronistas y antiperonistas, la policía de la provincia comenzó a investigar los pasos de una lista de “enemigos públicos” a vigilar. Entre otros figuraban Nicanoff (“si actúa lo hace en forma muy reservada”) y en General Pico Salvador Abudara, De León y Franco Fons (los tres “catalogados de comunistas”), Mauricio Knobel (sospechado) y Tomás Zucconi (“comunista”).
En La Pampa hubo dos gremios donde la presencia de militantes comunistas fue importante para su desarrollo: uno la Unión Ferroviaria, en General Pico; el otro el de los empleados públicos de la provincia, en Santa Rosa.
En 1951 La Fraternidad inició una huelga contra el gobierno peronista que terminó con muchos despedidos. El 2 de junio de 1952 cuando Perón iba a asumir la segunda presidencia hubo varios detenidos en el país y en General Pico cayeron cinco maquinistas que fueron llevados a Bahía Blanca sospechados de atentar contra la seguridad del Estado. Entre ellos Raúl Cheves, comunista.
El PC se presentó durante esos años a las elecciones cuando La Pampa se provincializó, a pesar de “quedar marcados” sus integrantes cuando asistían a las urnas. El 11 de noviembre de 1951 se votó para presidente en el país, y en la provincia pudieron hacerlo sus habitantes por primera vez. Sobre 67.248 votantes, el peronismo obtuvo 49.773 sufragios, la UCR 16.248, el PC 248 –138 hombres y 110 mujeres– y el PS 70.
El bastión.
Podemos encontrar un ejemplo sobre el control de las actividades comunistas en una anécdota que se observó en las elecciones del 7 de mayo de 1954 cuando se votó para vicepresidente en el país, por el fallecimiento de Hortencio Quijano. En Puelén, población ubicada a más de 400 kilómetros al oeste de la capital provincial, al ser abiertas las dos urnas para hacer el recuento de votos, la sorpresa fue mayúscula cuando por primera vez en el país, el comunismo había ganado una votación llevando como candidata a la dirigenta Alcira De La Peña. Tras la sorpresa inicial sobrevino una exhaustiva investigación del hecho. Fue personal de la Policía Federal al lugar y hasta hubo sumarios.
Viejos dirigentes del PC afirmaron que la sorpresiva victoria, se debió a una jugada de uno de los dirigentes locales que para desplazar del terreno político local a sus opositores, habría ordenado votar por la boleta comunista. El jefe de la estafeta local de entonces, Juan Carlos Martín, jefe del circuito electoral, aseguró al autor, que se debió a que "era la segunda vez que se votaba en Puelén y la mayoría de la población era rural, analfabetos y semianalfabetos”.
En la Libertadora.
Caído el peronismo, luego del entusiasmo inicial, el comunismo comenzó a colaborar con la agitación gremial peronista y obtuvo la conducción de algunos gremios; por otro lado, intentó ingresar a la arena de los partidos democráticos. Pero el gobierno de facto también los persiguió. Fueron acusados de colaborar con el fallido intento del general Juan José Valle el 9 de junio del 56. El diario La Capital publicaba el 17 de junio que “será restringida en el país la actividad cívica del comunismo (…) en virtud de la injerencia de elementos comunistas nacionales y foráneos en los últimos sucesos subversivos, acerca de la cual fue muy explícito”. Y hablaba de “importantes comprobaciones” sobre el “plan terrorista”, si bien no participaron.
En 1957, varios dirigentes nacionales fueron detenidos por la policía y algunos, como Rubens Iscaro, encarcelados en Santa Rosa. En abril de ese año, fueron secuestrados libros y materiales en los locales comunistas de General Pico y Santa rosa y también en casas de algunos afiliados y dirigentes.
En 1950, Nicanoff se estableció en Santa Rosa y desde el 55 se afilió formalmente al partido. Desde entonces, fue el apoderado de la organización y una figura excluyente. En tanto, el Comité Provincial estuvo integrado por él, Levin Weckesser y Armando Rodríguez, ambos de Pico.
El PC pudo participar de las elecciones del 27 de julio de 1957 en las que se eligieron convencionales constituyentes nacionales y provinciales, ya que la primera Constitución pampeana, aprobada durante el peronismo, había sido derogada por la “Libertadora”. En el local de la avenida San Martín al 300, de la capital, se realizó el primer acto público proselitista en el que hablaron Alcira De La Peña, Rodolfo Ghioldi y Nicanoff. Con el sistema proporcional, el comunismo obtuvo un representante sobre 21 convencionales: León Nicanoff. El PC logró 2.240 votos, el 3,2 por ciento de los sufragios, y tuvo por primera y única vez un “legislador” electo. Pero la asamblea no llegó a ponerse en marcha ya que la mayoría de la UCRI la dejó sin quórum al considerarla ilegítima.
Más elecciones.
Pocos meses después se volvió a votar para presidente. Para el 23 de febrero de 1958 el PC designó como posibles candidatos a diputados nacionales por La Pampa al médico Knobel y al obrero del ferrocarril Aníbal Tellechea, pero finalmente no pudo participar al quedar proscripto. Para electores nacionales la lista iba a estar integrada por Cheves, Weckesser, Nicanoff, Zucconi y Armando Rodríguez. En esos comicios, los comunistas propusieron un frente electoral a todos los otros partidos y apoyaron finalmente a la UCRI.
Ya durante los primeros meses del gobierno “semidemocrático” de Frondizi, en 1959 se designó una junta promotora, se nombraron los delegados del interior y se hicieron comisiones para activar la reorganización partidaria.
Pero el gobierno nacional puso en vigencia el decreto 4.965/59, la “ley anticomunista”, el 27 de abril con la que se prohibió toda “actividad insurreccional, política y gremial” del partido mientras estuviera en vigencia el Estado de Sitio. Tampoco permitía la circulación de diarios, revistas y toda clase de publicación que en forma clara u oculta difundiera las actividades de esa agrupación política “y entidades vinculadas directa o indirectamente”. También se clausuraba los locales comunistas y de las agrupaciones conexas. En sus fundamentos citaba las “actividades insurreccionales” y “un plan subversivo que según el PEN estaría realizando el comunismo en el país”.
El 15 de mayo fue clausurado el local provincial del PC en la Calle 22 número 585 en General Pico con precintos en la puerta. El secretario provincial, Weckesser, tornero de 31 años, se negó a entregar las llaves y suscribir el acta policial. En noviembre, el fiscal federal subrogante pidió la cancelación de la personería jurídica del PC de La Pampa ante el Juzgado Electoral.
Las razzias.
En noviembre de 1958, se produjo la primera razzia de militantes pampeanos bajo el frondizismo. La redada fue de dirigentes peronistas y comunistas, acusados de conspirar en un alzamiento nacional. El 11 se declaró el estado de sitio y ese día la Policía Federal arrestó a los comunistas Basilio Polisuk, Daniel Kiriachek y Weckesser en Pico, y a Francisco Rodríguez Menéndez. Además de una docena de peronistas.
Nicanoff, que estaba en su trabajo en La Arena, no pudo ser capturado. En esos tiempos, la presencia de Nicanoff en el diario permitió publicar la actividad partidaria que de otro modo no se podía realizar. Los detenidos fueron trasladados en avión a Capital Federal y encarcelados en Devoto hasta fines de noviembre.
La Pampa, luego de esta redada, estuvo en calma por pocos días. El 1º de diciembre en el marco de una huelga ferrovaria, 83 trabajadores del riel de Pico se negaron a trabajar y se presentaron espontáneamente en el cuartel de esa ciudad. Fueron detenidos y trasladados a Capital Federal donde fueron juzgados y enviados a la prisión en la Isla Martín García donde pasaron meses.
Los dirigentes de la UF que impulsaron la medida, eran militantes comunistas muy activos dentro del sindicato. Tellechea, el “Cabezón”, recibió 6 meses de prisión y Victorio Marsero cinco. Tellechea fue delegado de la Línea Sarmiento a nivel nacional compitiendo con el peronismo y en los 70 conformó la Lista Rosa que agrupaba a socialistas y comunistas. Su presencia fue puntal para la organización en esa ciudad.
Los presos “de afuera”.
Los militantes comunistas, junto con los socialistas y peronistas, tuvieron que ayudar a los presos políticos de otros puntos del país que bajo el Plan Conintes poblaron la Unidad Penal 4 de Santa Rosa entre 1959 y 1963. En octubre de 1959 se conformaron los primeros Comité pro-presos. Sus funciones fueron desde encontrar asesoría jurídica para presentar hábeas corpus, hasta ocuparse de recibir a los familiares, las visitas de los días domingos y la entrega de yerba, cigarrillos o golosinas. Cada militante se convirtió en “padrino” de algún detenido. Los abogados locales auspiciaban con habeas corpus a los detenidos, como los socialistas Manuel Cuadrillero y Carlos Pérez a los de izquierda y algunos peronistas. También enviaron sus abogados la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Entre los dirigentes políticos del PC detenidos que pasaron por la Colonia Penal se mencionan a Francisco y Pascual Mazzitelli, Pedro Chiaranti –fundador de la UOCRA y co-fundador del Comité Central del PC– en el 60; Carlos Imizcoz y Jacobo Perelman en el 61; Ernesto Giudice y los médicos Carlos Abolsky y Alfredo Drakmann en el 63, entre otros muchos.
Estas actividades fueron vigiladas por las fuerzas de seguridad. El 23 de marzo, el abogado de la Liga, Antonio Martinovich, visitó La Arena y entregó la nómina de 54 detenidos. Poco después, hubo un procedimiento policial en el diario para conocer lo que se iba a publicar. Prestaron declaración D’Atri y el apoderado del PC, Nicanoff por una causa por infracción al decreto 4.965 la haber encontrado panfletos que hablaban de un golpe de Estado militar palaciego.
A pesar de la censura, las actividades continuaban. El 24 de mayo de 1960, por ejemplo, aparecieron carteles y pintadas en Santa Rosa reclamando por la libertad de los presos políticos y gremiales y la policía citó a militantes comunistas por ese tema.
En blanco.
En las elecciones provinciales del 6 de abril de 1960, los comunistas nuevamente fueron proscriptos. Una convención en General Pico resolvió concurrir presentando solamente constituyentes, pero la intervención provincial inició un recurso en la Justicia Electoral para impugnar al PC al tener la personería jurídica cuestionada. El juez electoral no la oficializó. El 15 de febrero, se decidió votar en blanco, como hicieron los peronistas y los otros partidos, salvo la UCRI. Para gobernador, el votoblanquismo alcanzó 21.208 sufragios (el 29% de los votantes) contra 20.960 (28%) de la UCRI.
En diciembre de ese año, bajo el Plan Conintes peronistas, socialistas y comunistas fueron otra vez detenidos acusados de conspirar contra el gobierno nacional. Para algunos, se había convertido en una costumbre caer preso en esos años.
El 12 de diciembre y días posteriores se realizaron operativos en Santa Rosa y varias poblaciones del interior donde fueron detenidos 64 peronistas. En la madrugada del 22, comenzó otra razzia, ahora sobre personas de la izquierda. Fueron detenidos otros 19 ciudadanos, entre ellos los comunistas Nikanoff, Kiriachek, Polisuk, Norberto Righi, Angel Ferrato, Sergio Lino y Roque Cherascot, primero, y luego Armando Rodríguez, Fons, Tellechea, Zucconi, Victorino García y Bismark Ruiz.
En Pico fueron allanados además los domicilios de los comunistas Knobel, De León y Weckesser, pero al no ser hallados quedaron como prófugos. El 26 se presentaron en la comisaría piquense Knobel y De León y fueron arrestados. Los últimos liberados el 28 fueron Nicanoff, Tellechea, Knobel y De León.
Las huelgas ferroviarias.
Las detenciones “por prácticas comunistas” fueron varias, si bien puntuales. El 28 de julio del 61 el presidente estuvo en Santa Rosa para inaugurar un tramo de la ruta 5. Aparecieron entonces letreros comunistas el día 25 con la hoz y el martillo que versaban “Fuera Frondizi traidor” e “Ilegal es el gobierno”.
Hubo otras que se produjeron durante movilizaciones, como ocurrió con las huelgas ferroviarias del 61, en resistencia al desmantelamiento de la empresa estatal por Frondizi. Ese año, desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre, durante 42 días, se desarrolló el paro.
El 26 de octubre cuando se inició el conflicto, el dirigente ferroviario Victorino García fue detenido en Santa Rosa mientras salía de una entrevista con el gobernador Ismael Amit junto a una comisión vecinal piquense. En Pico se movilizaron por su libertad y los ferroviarios organizaron una comisión. El 3 de noviembre, García fue liberado.
¬El gobierno lanzó la represión contra los huelguistas. En muchos lugares se conformaron comisiones populares de apoyo para hacer colectas. El 7 de noviembre fue detenido el dirigente ferroviario Tellechea, por la Federal. Se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo por sus “actividades comunistas”. Tellechea fue trasladado y alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa. Recuperó su libertad el 11 de diciembre. Y el médico Knobel fue cesanteado por la empresa Ferrocarriles del Estado y luego reincorporado.
¬¬Los obreros pampeanos se plegaron a la protesta y la mantuvieron. El 15 de noviembre fueron arrestados en Pico y Realicó unos 19 maquinistas y guardas.
En los años 60 donde se hicieron sentir los comunistas, como dirigentes o militantes de base fue en la Asociación de Empleados Provinciales (ADEP), convertida en el 64 en ATE. La esposa de Nicanoff, Nora Susana Pértica, en junio del 61 fue elegida como secretaria adjunta del gremio. Frente a los reclamos salariales, por parte de los empleados públicos a la gestión del gobernador Amit, el 1º de septiembre siete empleados de la provincia, entre ellos Pértica, fueron cesanteados. La excusa fue la supresión de la Dirección de Industria y Comercio, donde algunos se encontraban en relación de dependencia, pero llamó la atención que en su mayoría fueran dirigentes y ex dirigentes de ADEP. Todos acusaron al gobierno de intentar destruir el sindicato. El gremio decretó el estado de alerta, pero no fueron reincorporados.
La mosca en la sopa.
Ser comunista, ya fuera afiliado y militante o adherente o simpatizante identificado con el partido, no fue fácil. Sobre todo en los pueblos, donde sus seguidores eran pocos y se los conocía. Hubo quienes llevaron esa bandera y fueron parte de las instituciones locales, como Héctor Crenna en Intendente Alvear –durante décadas fue presidente de la cooperativa eléctrica– o Pagella en Victorica. Otilia Pagella, hija del militante, recordó que “para unos carnavales Mingo Frois preparó un Sputnik para desfilar. Arriba iba mi padre con su nieto, era alegórico, aunque tenía fuertes connotaciones políticas. Luego del corso se apareció la Policía Federal para investigar qué había pasado. En muchos casos, nos enteramos por vecinos que decían a sus hijas ‘No se junten con las chicas de Pagella que son comunistas’”.
José “Pepe” Brinatti en General Pico, como sus hermanos antes de irse, no fue afiliado comunista, pero se contó entre sus filas. Tuvo participación junto a Victorino García en muchas organizaciones sociales, como el caso de Corpico. También el médico Salvador Abudara.
Macartistas.
En las elecciones de marzo del 62, posteriormente anuladas, los comunistas pampeanos promovieron un frente político, dado que el peronismo podía competir bajo siglas neoperonistas. En la provincia fue como Partido Laborista. Aunque se reconoció la personaría en el orden provincial del PC por el tribunal electoral, y ya nombrados como candidatos a diputados Tellechea y Nicanoff, se rechazó al binomio por la ley anticomunista.
Destituido Frondizi el 29 de marzo por las Fuerzas Armadas, en la Semana Santa de 1962 hubo operativos en Santa Rosa, como en otros puntos del país. El 19 de abril fueron detenidos por la Policía Federal cinco personas, vinculadas con el diario La Arena: Raúl D’Atri, Omar Maraschini, Virgilio Crespo, Máximo Aníbal Rentero y el estudiante y militante comunista, Sergio Daniel Lino.
Los cinco fueron trasladados en un avión militar a Capital Federal y alojados primero en la sede de Coordinación Federal y luego en Devoto. El último en salir fue Lino que fue trasladado a Santa Rosa y liberado el 3 de mayo.
Intervenida la provincia, el 3 de febrero de 1963, LA ARENA publicó una nota titulada en tapa “Maccartysmo en La Pampa”. Afirmaba: “Muy posiblemente obedeciendo a una expresa orden del gobierno central, la intervención federal acaba de elaborar un decreto de restricciones para el ingreso a la administración pública, de franco corte dictatorial y maccartysta. Mediante esa disposición quedará vedada en el futuro la incorporación a los cuadros de la administración de los afiliados comunistas y simpatizantes o sospechosos de serlo”.
Durante el gobierno de Guido, el 24 de mayo de 1963 el decreto-ley 4.214 previó la pena de hasta ocho años de cárcel para los comunistas y facultaba a la policía a ordenar allanamientos y arrestos.
Para entonces, el PC se involucró en las movilizaciones de la CGT junto a los demás partidos, salvo los radicales. Hubo varios actos, y en uno el jefe de Investigaciones de la provincia, Aladino Lambert, le advirtió a la mesa directiva cegetista que no permitiría la participación del orador comunista en la tribuna.
En las elecciones del 63, el PC volvió a convocar a que se votara en blanco. Asumido Amit como gobernador, se derogó el decreto 162/63 dictado por la intervención que establecía restricciones al ingreso y permanencia en la administración pública de militantes comunistas.
La “Fede”.
El 1º de agosto de 1962 se conformó en La Pampa la “Fede”, la Federación Juvenil Comunista (FJC), primer paso para luego ingresar al partido. Ese encuentro se hizo en el Club Santa Rosa, en la calle Yrigoyen. Participaron Lino, Olga Sánchez y Armando Capello, entre otros. En la conducción provisoria, Capello fue designado secretario general. Esa dirección fue ratificada y ampliada a fines del 62, cuando se incorpora un grupo militante importante, entre ellos Santiago Badillo, Omar Giavedonni, Julio Mata, Susana Badillo, Isabel Fleischman y Aquiles Badillo, entre otros. En el año 64 ingresó otro grupo con María Alejandra Naunchuk, Arnaldo Chavidoni, Alicia Piombo, Stella Piombo, Antonio Quintín y Esteban Chamorro, entre otros. Muchos militantes estaban en la administración pública, como Badillo, Naunchuk y Mata –también fue alumno de Económicas en la Universidad de La Pampa y activo dirigente del Centro de Estudiantes–.
Esta organización tuvo un rápido desarrollo y aportó al fortalecimiento del PC en La Pampa y tuvo inserción en la universidad, colegios secundarios como el Industrial, la Normal y el Comercial, y entre los trabajadores estatales. La principal actividad se concentró en la lucha por la libertad de los presos políticos. Otro objetivo importante fue la solidaridad con la Revolución Cubana. Se formó el Fujac (Frente Juvenil de Apoyo a Cuba), que desarrolló una intensa tarea solidaria, desde la difusión de los logros de la revolución hasta el envío de alimentos e insumos a la isla.
Clandestinos.
Las tareas de agitación y propaganda por los más diversos temas –golpes de estado, huelgas obreras, presos políticos– se convertían en pegatinas, pintadas, volantes y se realizaban de manera clandestina, cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, se salía en parejas y de ese modo se trataba de burlar la persecución policial, que estaba siempre en recorrida vigilante.
En la madrugada del 6 de enero de 1964, Aquiles Badillo y Olga Sánchez, de 25 y 18 años respectivamente y afiliados a ADEP, fueron detenidos en la capital cuando pintaban leyendas sobre un tapial por la policía por “daño” y “actividades comunistas”. Ambos simularon ser novios para no ser aprehendidos.
De acuerdo al expediente judicial, un agente observó la presencia en distintos lugares de personas que se tenía “la presunción son de ideología comunistas”. Se dispuso una vigilancia especial en el centro para prevenir posibles pintadas de paredes. A las 2.20 se observó a la pareja que iba a la zona norte cruzando la estación del ferrocarril. En las inmediaciones del cine Gran Norte, sobre la calle Raúl B. Díaz 221, fueron capturados cuando estaban pintando sobre el tapial del cine la leyenda “Viva el 46 aniversario del PC”. Luego la hoz y el martillo. También se pidió la detención el día 9 de Nicanoff como representante del partido.
El comunismo siguió participando de la comisión coordinadora de los actos realizados por la CGT en su plan de lucha contra el presidente Illia, si bien los demócratas cristianos no quisieron que fuera integrada “por comunistas ni marxistas”. Se realizaron dos en marzo del 64, en Villa Santillán y Villa del Busto.
En diciembre del 63, Tellechea emitió un documento que fue publicado en el diario piquense Zona Norte y el jefe de la unidad militar de esa localidad lo hizo citar por la policía. No concurrió y pidió su captura. Sería detenido el 7 de julio y poco después dejado en libertad tras prestar declaración.
Contra el gremio.
El domingo 21 de febrero del 64 se inauguró la sede del comité santarroseño del PC ubicado en la calle O’Higgins 42. Hubo muchos dirigentes peronistas, socialistas y algunos sindicales. En marzo se informó que se apoyaría a los candidatos peronistas de la Unión Popular con el fin de “lograr la unidad con las fuerzas populares antioligárquicas y antiimperialistas”.
El 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado del Ejército destituyó a Illia. En esos días los dirigentes de ATE intentaron sostener su militancia. El 20 de julio un procedimiento de la policía en la sede del gremio de la calle Quintana 248 a las 19.45, cuando estaban reunidos sus directivos terminó con la detención de dirigentes y afiliados. Allí estaban Santiago Badillo, Carlos Kass, Julio Mata, Pedro Bergonzi, Ibrahim Villarreal, J. Alvarado y M. Saldarriaga. Fueron interrogados por la División Investigaciones durante cinco horas. Al día siguiente fueron llevadas las afiliadas Nélida F. de Kiriachek y Rosa F. de Urquiza, y también interrogadas. “Las actuaciones fueron a fin de establecer posible infracción a la ley nacional 16.894/66”, afirmaba la justicia.
El 20 de julio fueron cesanteados el secretario general Oscar Gallegos, peronista, y Mata y el gremio de ATE intervenido el 12 de agosto por el Consejo Directivo Central.
La última ley.
No podemos dejar este repaso sin hablar de la última norma de ese período que reprimió a la agrupación. La Revolución Argentina no sólo proscribió a los partidos políticos sino que promulgó una nueva legislación especial anticomunista en agosto de 1967: la Ley 17401, que habilitaba una amplia persecución que incluía inhabilitarlos para puestos públicos, cargos docentes y variadas profesiones, entre otras cuestiones. A raíz de esta legislación, se continuó con la persecución de sus actividades y por informes de la SIDE cesanteados muchos empleados públicos. En esos días, la policía investigó a varios empleados públicos “sospechados” de comunistas y en los meses siguientes docentes fueron cesanteados, como ocurrió con Santiago Badillo.
Otro ejemplo, el 13 de marzo de 1972 la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos dejó cesante a Tellechea. Se supo públicamente que la decisión se había tomado a raíz de los antecedentes elevados por la SIDE a la empresa ferroviaria. Hubo una movilización en solidaridad con Tellechea a través de la Comisión Pro-reincorporación que llegó a entrevistarse con el gobernador Angel Trapaglia. El 5 de julio, otros tres obreros ferroviarios de Pico fueron citados en la delegación santarroseña de la Policía Federal para iniciarles un proceso por la misma ley. Los señalados fueron el maquinista Raúl Cheves de La Fraternidad, y los operarios Carlos Primo Vola y José Pascual García, de la UF. Calificados de comunistas, fueron informados que quedarían cesantes y tendrían que apelar a la SIDE. Recién con la llegada del presidente Héctor Cámpora al gobierno, en mayo de 1973, la ley anticomunista se anularía y se daría marcha atrás con todos los despidos por persecución ideológica en las empresas estatales.
Ser camarada en La Pampa: la
historia de los otros proscriptos
Perseguidos por gobiernos peronistas y no peronistas, por democracias o dictaduras, el Partido Comunista es la historia de una militancia a prueba de toda represión. Algunos elementos para seguir su trayectoria hasta 1966 en La Pampa.
Norberto G. Asquini*
La historia del Partido Comunista y de sus integrantes en La Pampa es contar la historia de una proscripción. Bajo gobiernos peronistas y no peronistas, bajo regímenes democráticos –o semidemocráticos– y dictaduras militares, ser comunista no fue fácil en el país, y menos en la provincia.
Si durante 18 años el peronismo estuvo proscripto en la Argentina, el comunismo no le fue en zaga. El llamado por los sectores reaccionarios “peligro rojo” fue, al menos hasta mediados de los 60, la representación de la corriente política tradicional ubicada más a la izquierda en la provincia. Esta es parte de una historia que rescatamos, y que comienza en 1920 y finaliza, para darle un corte temporal, en 1966.
Los primeros.
No hay muchos datos para dar cuenta de los primeros grupos comunistas en el entonces Territorio Nacional de La Pampa, pero poco después de 1920 había al menos algunos seguidores. Nacido como producto de la división del Partido Socialista argentino, varios integrantes de ese partido decidieron también volcarse al internacionalismo que crecía con la Revolución en Rusia. El historiador Jorge Etchenique indica que el PC habría tenido su instancia fundacional con la conferencia sobre los soviets realizada el 9 de junio de 1923 en Santa Rosa por José Penelón, concejal en Capital Federal, sindicalista y fundador de ese partido en 1921.
Entre las contadas menciones en esos años 20, el diario Germinal en 1927 en un suelto identificaba como comunista al ex dirigente socialista Antonio Buira, participando como orador en un meeting del PS en defensa del municipio santarroseño.
Donde sí tuvo arraigo el comunismo fue en General Pico, sobre todo entre algunos obreros de la Unión Ferroviaria. Además, a mediados de los años 30, el socialismo tuvo otra división. Se conformó la disidencia del PS Obrero que en Pico tuvo un núcleo fuerte y reunió a trabajadores. Expulsados sus dirigentes por las autoridades nacionales, comenzaron a militar en el PC.
A fines de 1945, cuando se comenzó a conformar la Unión Democrática en La Pampa ante la coyuntura electoral que llevaría a Juan Domingo Perón a la presidencia, los comunistas se unieron entonces a socialistas y radicales. Una de las primeras asambleas “democráticas” la impulsó en Pico la Unión Democrática Ferroviaria en el mes de noviembre y se hizo una junta Pro-UD. La comisión provisoria estaba conformada por Alfredo Rossell, Miguel Diván, Tomás Zucconi, José Macaggi y José Arbós, dirigentes del PS, la UCR y el PC.
El sábado 20 de julio de 1946, pasadas las elecciones, se constituyó formalmente en General Pico el PC y como secretario general se designó a Aurelio Fentini. Lo secundaban Tomás De León y A. Agostini.
Durante el peronismo.
El comunismo fue siempre observado como un “peligro”. Y durante el peronismo no fue una excepción. Por ejemplo, el 10 de marzo de 1947, el jefe de Policía e interventor de la delegación regional del Trabajo, Eduardo Reguero, habló de “la infiltración comunista” en los sindicatos. Ante empleados de la administración pública dijo: “Pretende desorganizar un movimiento que por medios legítimos llevará a cabo una obra revolucionaria” y que “la táctica es infiltrarse en todos los ambientes y allí paulatinamente y subrepticiamente, siembra sus doctrinas de odio y desunión”. Luego pidió “que los gremios del territorio denuncien y expulsen de sus filas a todo afiliado que no sea un auténtico obrero de la actividad correspondiente”.
La División Investigaciones de la Policía pampeana, encargada de vigilar a los “elementos peligrosos”, tuvo bajo su mira en desde 1948 a varias personas sospechadas de comunismo. Como las actividades en General San Martín de León Nicanoff, que había sido secretario de la municipalidad. Allí también se investigó al director de la Escuela 158, Juan de Eurasquin, a los chacareros de la colonia La Juanita y al Sindicato Agrario “La tierra para el que la trabaja” porque habían sido “vistos muchos pobladores llevando distintivos rojos para significar su adhesión a la URSS de los cuáles podrían observarse muchos niños” y asimismo se vio a un corresponsal del periódico comunista La Hora, Tobías Sirichman.
En 1955, con el recrudecimiento de la lucha entre peronistas y antiperonistas, la policía de la provincia comenzó a investigar los pasos de una lista de “enemigos públicos” a vigilar. Entre otros figuraban Nicanoff (“si actúa lo hace en forma muy reservada”) y en General Pico Salvador Abudara, De León y Franco Fons (los tres “catalogados de comunistas”), Mauricio Knobel (sospechado) y Tomás Zucconi (“comunista”).
En La Pampa hubo dos gremios donde la presencia de militantes comunistas fue importante para su desarrollo: uno la Unión Ferroviaria, en General Pico; el otro el de los empleados públicos de la provincia, en Santa Rosa.
En 1951 La Fraternidad inició una huelga contra el gobierno peronista que terminó con muchos despedidos. El 2 de junio de 1952 cuando Perón iba a asumir la segunda presidencia hubo varios detenidos en el país y en General Pico cayeron cinco maquinistas que fueron llevados a Bahía Blanca sospechados de atentar contra la seguridad del Estado. Entre ellos Raúl Cheves, comunista.
El PC se presentó durante esos años a las elecciones cuando La Pampa se provincializó, a pesar de “quedar marcados” sus integrantes cuando asistían a las urnas. El 11 de noviembre de 1951 se votó para presidente en el país, y en la provincia pudieron hacerlo sus habitantes por primera vez. Sobre 67.248 votantes, el peronismo obtuvo 49.773 sufragios, la UCR 16.248, el PC 248 –138 hombres y 110 mujeres– y el PS 70.
El bastión.
Podemos encontrar un ejemplo sobre el control de las actividades comunistas en una anécdota que se observó en las elecciones del 7 de mayo de 1954 cuando se votó para vicepresidente en el país, por el fallecimiento de Hortencio Quijano. En Puelén, población ubicada a más de 400 kilómetros al oeste de la capital provincial, al ser abiertas las dos urnas para hacer el recuento de votos, la sorpresa fue mayúscula cuando por primera vez en el país, el comunismo había ganado una votación llevando como candidata a la dirigenta Alcira De La Peña. Tras la sorpresa inicial sobrevino una exhaustiva investigación del hecho. Fue personal de la Policía Federal al lugar y hasta hubo sumarios.
Viejos dirigentes del PC afirmaron que la sorpresiva victoria, se debió a una jugada de uno de los dirigentes locales que para desplazar del terreno político local a sus opositores, habría ordenado votar por la boleta comunista. El jefe de la estafeta local de entonces, Juan Carlos Martín, jefe del circuito electoral, aseguró al autor, que se debió a que "era la segunda vez que se votaba en Puelén y la mayoría de la población era rural, analfabetos y semianalfabetos”.
En la Libertadora.
Caído el peronismo, luego del entusiasmo inicial, el comunismo comenzó a colaborar con la agitación gremial peronista y obtuvo la conducción de algunos gremios; por otro lado, intentó ingresar a la arena de los partidos democráticos. Pero el gobierno de facto también los persiguió. Fueron acusados de colaborar con el fallido intento del general Juan José Valle el 9 de junio del 56. El diario La Capital publicaba el 17 de junio que “será restringida en el país la actividad cívica del comunismo (…) en virtud de la injerencia de elementos comunistas nacionales y foráneos en los últimos sucesos subversivos, acerca de la cual fue muy explícito”. Y hablaba de “importantes comprobaciones” sobre el “plan terrorista”, si bien no participaron.
En 1957, varios dirigentes nacionales fueron detenidos por la policía y algunos, como Rubens Iscaro, encarcelados en Santa Rosa. En abril de ese año, fueron secuestrados libros y materiales en los locales comunistas de General Pico y Santa rosa y también en casas de algunos afiliados y dirigentes.
En 1950, Nicanoff se estableció en Santa Rosa y desde el 55 se afilió formalmente al partido. Desde entonces, fue el apoderado de la organización y una figura excluyente. En tanto, el Comité Provincial estuvo integrado por él, Levin Weckesser y Armando Rodríguez, ambos de Pico.
El PC pudo participar de las elecciones del 27 de julio de 1957 en las que se eligieron convencionales constituyentes nacionales y provinciales, ya que la primera Constitución pampeana, aprobada durante el peronismo, había sido derogada por la “Libertadora”. En el local de la avenida San Martín al 300, de la capital, se realizó el primer acto público proselitista en el que hablaron Alcira De La Peña, Rodolfo Ghioldi y Nicanoff. Con el sistema proporcional, el comunismo obtuvo un representante sobre 21 convencionales: León Nicanoff. El PC logró 2.240 votos, el 3,2 por ciento de los sufragios, y tuvo por primera y única vez un “legislador” electo. Pero la asamblea no llegó a ponerse en marcha ya que la mayoría de la UCRI la dejó sin quórum al considerarla ilegítima.
Más elecciones.
Pocos meses después se volvió a votar para presidente. Para el 23 de febrero de 1958 el PC designó como posibles candidatos a diputados nacionales por La Pampa al médico Knobel y al obrero del ferrocarril Aníbal Tellechea, pero finalmente no pudo participar al quedar proscripto. Para electores nacionales la lista iba a estar integrada por Cheves, Weckesser, Nicanoff, Zucconi y Armando Rodríguez. En esos comicios, los comunistas propusieron un frente electoral a todos los otros partidos y apoyaron finalmente a la UCRI.
Ya durante los primeros meses del gobierno “semidemocrático” de Frondizi, en 1959 se designó una junta promotora, se nombraron los delegados del interior y se hicieron comisiones para activar la reorganización partidaria.
Pero el gobierno nacional puso en vigencia el decreto 4.965/59, la “ley anticomunista”, el 27 de abril con la que se prohibió toda “actividad insurreccional, política y gremial” del partido mientras estuviera en vigencia el Estado de Sitio. Tampoco permitía la circulación de diarios, revistas y toda clase de publicación que en forma clara u oculta difundiera las actividades de esa agrupación política “y entidades vinculadas directa o indirectamente”. También se clausuraba los locales comunistas y de las agrupaciones conexas. En sus fundamentos citaba las “actividades insurreccionales” y “un plan subversivo que según el PEN estaría realizando el comunismo en el país”.
El 15 de mayo fue clausurado el local provincial del PC en la Calle 22 número 585 en General Pico con precintos en la puerta. El secretario provincial, Weckesser, tornero de 31 años, se negó a entregar las llaves y suscribir el acta policial. En noviembre, el fiscal federal subrogante pidió la cancelación de la personería jurídica del PC de La Pampa ante el Juzgado Electoral.
Las razzias.
En noviembre de 1958, se produjo la primera razzia de militantes pampeanos bajo el frondizismo. La redada fue de dirigentes peronistas y comunistas, acusados de conspirar en un alzamiento nacional. El 11 se declaró el estado de sitio y ese día la Policía Federal arrestó a los comunistas Basilio Polisuk, Daniel Kiriachek y Weckesser en Pico, y a Francisco Rodríguez Menéndez. Además de una docena de peronistas.
Nicanoff, que estaba en su trabajo en La Arena, no pudo ser capturado. En esos tiempos, la presencia de Nicanoff en el diario permitió publicar la actividad partidaria que de otro modo no se podía realizar. Los detenidos fueron trasladados en avión a Capital Federal y encarcelados en Devoto hasta fines de noviembre.
La Pampa, luego de esta redada, estuvo en calma por pocos días. El 1º de diciembre en el marco de una huelga ferrovaria, 83 trabajadores del riel de Pico se negaron a trabajar y se presentaron espontáneamente en el cuartel de esa ciudad. Fueron detenidos y trasladados a Capital Federal donde fueron juzgados y enviados a la prisión en la Isla Martín García donde pasaron meses.
Los dirigentes de la UF que impulsaron la medida, eran militantes comunistas muy activos dentro del sindicato. Tellechea, el “Cabezón”, recibió 6 meses de prisión y Victorio Marsero cinco. Tellechea fue delegado de la Línea Sarmiento a nivel nacional compitiendo con el peronismo y en los 70 conformó la Lista Rosa que agrupaba a socialistas y comunistas. Su presencia fue puntal para la organización en esa ciudad.
Los presos “de afuera”.
Los militantes comunistas, junto con los socialistas y peronistas, tuvieron que ayudar a los presos políticos de otros puntos del país que bajo el Plan Conintes poblaron la Unidad Penal 4 de Santa Rosa entre 1959 y 1963. En octubre de 1959 se conformaron los primeros Comité pro-presos. Sus funciones fueron desde encontrar asesoría jurídica para presentar hábeas corpus, hasta ocuparse de recibir a los familiares, las visitas de los días domingos y la entrega de yerba, cigarrillos o golosinas. Cada militante se convirtió en “padrino” de algún detenido. Los abogados locales auspiciaban con habeas corpus a los detenidos, como los socialistas Manuel Cuadrillero y Carlos Pérez a los de izquierda y algunos peronistas. También enviaron sus abogados la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Entre los dirigentes políticos del PC detenidos que pasaron por la Colonia Penal se mencionan a Francisco y Pascual Mazzitelli, Pedro Chiaranti –fundador de la UOCRA y co-fundador del Comité Central del PC– en el 60; Carlos Imizcoz y Jacobo Perelman en el 61; Ernesto Giudice y los médicos Carlos Abolsky y Alfredo Drakmann en el 63, entre otros muchos.
Estas actividades fueron vigiladas por las fuerzas de seguridad. El 23 de marzo, el abogado de la Liga, Antonio Martinovich, visitó La Arena y entregó la nómina de 54 detenidos. Poco después, hubo un procedimiento policial en el diario para conocer lo que se iba a publicar. Prestaron declaración D’Atri y el apoderado del PC, Nicanoff por una causa por infracción al decreto 4.965 la haber encontrado panfletos que hablaban de un golpe de Estado militar palaciego.
A pesar de la censura, las actividades continuaban. El 24 de mayo de 1960, por ejemplo, aparecieron carteles y pintadas en Santa Rosa reclamando por la libertad de los presos políticos y gremiales y la policía citó a militantes comunistas por ese tema.
En blanco.
En las elecciones provinciales del 6 de abril de 1960, los comunistas nuevamente fueron proscriptos. Una convención en General Pico resolvió concurrir presentando solamente constituyentes, pero la intervención provincial inició un recurso en la Justicia Electoral para impugnar al PC al tener la personería jurídica cuestionada. El juez electoral no la oficializó. El 15 de febrero, se decidió votar en blanco, como hicieron los peronistas y los otros partidos, salvo la UCRI. Para gobernador, el votoblanquismo alcanzó 21.208 sufragios (el 29% de los votantes) contra 20.960 (28%) de la UCRI.
En diciembre de ese año, bajo el Plan Conintes peronistas, socialistas y comunistas fueron otra vez detenidos acusados de conspirar contra el gobierno nacional. Para algunos, se había convertido en una costumbre caer preso en esos años.
El 12 de diciembre y días posteriores se realizaron operativos en Santa Rosa y varias poblaciones del interior donde fueron detenidos 64 peronistas. En la madrugada del 22, comenzó otra razzia, ahora sobre personas de la izquierda. Fueron detenidos otros 19 ciudadanos, entre ellos los comunistas Nikanoff, Kiriachek, Polisuk, Norberto Righi, Angel Ferrato, Sergio Lino y Roque Cherascot, primero, y luego Armando Rodríguez, Fons, Tellechea, Zucconi, Victorino García y Bismark Ruiz.
En Pico fueron allanados además los domicilios de los comunistas Knobel, De León y Weckesser, pero al no ser hallados quedaron como prófugos. El 26 se presentaron en la comisaría piquense Knobel y De León y fueron arrestados. Los últimos liberados el 28 fueron Nicanoff, Tellechea, Knobel y De León.
Las huelgas ferroviarias.
Las detenciones “por prácticas comunistas” fueron varias, si bien puntuales. El 28 de julio del 61 el presidente estuvo en Santa Rosa para inaugurar un tramo de la ruta 5. Aparecieron entonces letreros comunistas el día 25 con la hoz y el martillo que versaban “Fuera Frondizi traidor” e “Ilegal es el gobierno”.
Hubo otras que se produjeron durante movilizaciones, como ocurrió con las huelgas ferroviarias del 61, en resistencia al desmantelamiento de la empresa estatal por Frondizi. Ese año, desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre, durante 42 días, se desarrolló el paro.
El 26 de octubre cuando se inició el conflicto, el dirigente ferroviario Victorino García fue detenido en Santa Rosa mientras salía de una entrevista con el gobernador Ismael Amit junto a una comisión vecinal piquense. En Pico se movilizaron por su libertad y los ferroviarios organizaron una comisión. El 3 de noviembre, García fue liberado.
¬El gobierno lanzó la represión contra los huelguistas. En muchos lugares se conformaron comisiones populares de apoyo para hacer colectas. El 7 de noviembre fue detenido el dirigente ferroviario Tellechea, por la Federal. Se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo por sus “actividades comunistas”. Tellechea fue trasladado y alojado en la Colonia Penal de Santa Rosa. Recuperó su libertad el 11 de diciembre. Y el médico Knobel fue cesanteado por la empresa Ferrocarriles del Estado y luego reincorporado.
¬¬Los obreros pampeanos se plegaron a la protesta y la mantuvieron. El 15 de noviembre fueron arrestados en Pico y Realicó unos 19 maquinistas y guardas.
En los años 60 donde se hicieron sentir los comunistas, como dirigentes o militantes de base fue en la Asociación de Empleados Provinciales (ADEP), convertida en el 64 en ATE. La esposa de Nicanoff, Nora Susana Pértica, en junio del 61 fue elegida como secretaria adjunta del gremio. Frente a los reclamos salariales, por parte de los empleados públicos a la gestión del gobernador Amit, el 1º de septiembre siete empleados de la provincia, entre ellos Pértica, fueron cesanteados. La excusa fue la supresión de la Dirección de Industria y Comercio, donde algunos se encontraban en relación de dependencia, pero llamó la atención que en su mayoría fueran dirigentes y ex dirigentes de ADEP. Todos acusaron al gobierno de intentar destruir el sindicato. El gremio decretó el estado de alerta, pero no fueron reincorporados.
La mosca en la sopa.
Ser comunista, ya fuera afiliado y militante o adherente o simpatizante identificado con el partido, no fue fácil. Sobre todo en los pueblos, donde sus seguidores eran pocos y se los conocía. Hubo quienes llevaron esa bandera y fueron parte de las instituciones locales, como Héctor Crenna en Intendente Alvear –durante décadas fue presidente de la cooperativa eléctrica– o Pagella en Victorica. Otilia Pagella, hija del militante, recordó que “para unos carnavales Mingo Frois preparó un Sputnik para desfilar. Arriba iba mi padre con su nieto, era alegórico, aunque tenía fuertes connotaciones políticas. Luego del corso se apareció la Policía Federal para investigar qué había pasado. En muchos casos, nos enteramos por vecinos que decían a sus hijas ‘No se junten con las chicas de Pagella que son comunistas’”.
José “Pepe” Brinatti en General Pico, como sus hermanos antes de irse, no fue afiliado comunista, pero se contó entre sus filas. Tuvo participación junto a Victorino García en muchas organizaciones sociales, como el caso de Corpico. También el médico Salvador Abudara.
Macartistas.
En las elecciones de marzo del 62, posteriormente anuladas, los comunistas pampeanos promovieron un frente político, dado que el peronismo podía competir bajo siglas neoperonistas. En la provincia fue como Partido Laborista. Aunque se reconoció la personaría en el orden provincial del PC por el tribunal electoral, y ya nombrados como candidatos a diputados Tellechea y Nicanoff, se rechazó al binomio por la ley anticomunista.
Destituido Frondizi el 29 de marzo por las Fuerzas Armadas, en la Semana Santa de 1962 hubo operativos en Santa Rosa, como en otros puntos del país. El 19 de abril fueron detenidos por la Policía Federal cinco personas, vinculadas con el diario La Arena: Raúl D’Atri, Omar Maraschini, Virgilio Crespo, Máximo Aníbal Rentero y el estudiante y militante comunista, Sergio Daniel Lino.
Los cinco fueron trasladados en un avión militar a Capital Federal y alojados primero en la sede de Coordinación Federal y luego en Devoto. El último en salir fue Lino que fue trasladado a Santa Rosa y liberado el 3 de mayo.
Intervenida la provincia, el 3 de febrero de 1963, LA ARENA publicó una nota titulada en tapa “Maccartysmo en La Pampa”. Afirmaba: “Muy posiblemente obedeciendo a una expresa orden del gobierno central, la intervención federal acaba de elaborar un decreto de restricciones para el ingreso a la administración pública, de franco corte dictatorial y maccartysta. Mediante esa disposición quedará vedada en el futuro la incorporación a los cuadros de la administración de los afiliados comunistas y simpatizantes o sospechosos de serlo”.
Durante el gobierno de Guido, el 24 de mayo de 1963 el decreto-ley 4.214 previó la pena de hasta ocho años de cárcel para los comunistas y facultaba a la policía a ordenar allanamientos y arrestos.
Para entonces, el PC se involucró en las movilizaciones de la CGT junto a los demás partidos, salvo los radicales. Hubo varios actos, y en uno el jefe de Investigaciones de la provincia, Aladino Lambert, le advirtió a la mesa directiva cegetista que no permitiría la participación del orador comunista en la tribuna.
En las elecciones del 63, el PC volvió a convocar a que se votara en blanco. Asumido Amit como gobernador, se derogó el decreto 162/63 dictado por la intervención que establecía restricciones al ingreso y permanencia en la administración pública de militantes comunistas.
La “Fede”.
El 1º de agosto de 1962 se conformó en La Pampa la “Fede”, la Federación Juvenil Comunista (FJC), primer paso para luego ingresar al partido. Ese encuentro se hizo en el Club Santa Rosa, en la calle Yrigoyen. Participaron Lino, Olga Sánchez y Armando Capello, entre otros. En la conducción provisoria, Capello fue designado secretario general. Esa dirección fue ratificada y ampliada a fines del 62, cuando se incorpora un grupo militante importante, entre ellos Santiago Badillo, Omar Giavedonni, Julio Mata, Susana Badillo, Isabel Fleischman y Aquiles Badillo, entre otros. En el año 64 ingresó otro grupo con María Alejandra Naunchuk, Arnaldo Chavidoni, Alicia Piombo, Stella Piombo, Antonio Quintín y Esteban Chamorro, entre otros. Muchos militantes estaban en la administración pública, como Badillo, Naunchuk y Mata –también fue alumno de Económicas en la Universidad de La Pampa y activo dirigente del Centro de Estudiantes–.
Esta organización tuvo un rápido desarrollo y aportó al fortalecimiento del PC en La Pampa y tuvo inserción en la universidad, colegios secundarios como el Industrial, la Normal y el Comercial, y entre los trabajadores estatales. La principal actividad se concentró en la lucha por la libertad de los presos políticos. Otro objetivo importante fue la solidaridad con la Revolución Cubana. Se formó el Fujac (Frente Juvenil de Apoyo a Cuba), que desarrolló una intensa tarea solidaria, desde la difusión de los logros de la revolución hasta el envío de alimentos e insumos a la isla.
Clandestinos.
Las tareas de agitación y propaganda por los más diversos temas –golpes de estado, huelgas obreras, presos políticos– se convertían en pegatinas, pintadas, volantes y se realizaban de manera clandestina, cuidadosamente planificadas. Por ejemplo, se salía en parejas y de ese modo se trataba de burlar la persecución policial, que estaba siempre en recorrida vigilante.
En la madrugada del 6 de enero de 1964, Aquiles Badillo y Olga Sánchez, de 25 y 18 años respectivamente y afiliados a ADEP, fueron detenidos en la capital cuando pintaban leyendas sobre un tapial por la policía por “daño” y “actividades comunistas”. Ambos simularon ser novios para no ser aprehendidos.
De acuerdo al expediente judicial, un agente observó la presencia en distintos lugares de personas que se tenía “la presunción son de ideología comunistas”. Se dispuso una vigilancia especial en el centro para prevenir posibles pintadas de paredes. A las 2.20 se observó a la pareja que iba a la zona norte cruzando la estación del ferrocarril. En las inmediaciones del cine Gran Norte, sobre la calle Raúl B. Díaz 221, fueron capturados cuando estaban pintando sobre el tapial del cine la leyenda “Viva el 46 aniversario del PC”. Luego la hoz y el martillo. También se pidió la detención el día 9 de Nicanoff como representante del partido.
El comunismo siguió participando de la comisión coordinadora de los actos realizados por la CGT en su plan de lucha contra el presidente Illia, si bien los demócratas cristianos no quisieron que fuera integrada “por comunistas ni marxistas”. Se realizaron dos en marzo del 64, en Villa Santillán y Villa del Busto.
En diciembre del 63, Tellechea emitió un documento que fue publicado en el diario piquense Zona Norte y el jefe de la unidad militar de esa localidad lo hizo citar por la policía. No concurrió y pidió su captura. Sería detenido el 7 de julio y poco después dejado en libertad tras prestar declaración.
Contra el gremio.
El domingo 21 de febrero del 64 se inauguró la sede del comité santarroseño del PC ubicado en la calle O’Higgins 42. Hubo muchos dirigentes peronistas, socialistas y algunos sindicales. En marzo se informó que se apoyaría a los candidatos peronistas de la Unión Popular con el fin de “lograr la unidad con las fuerzas populares antioligárquicas y antiimperialistas”.
El 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado del Ejército destituyó a Illia. En esos días los dirigentes de ATE intentaron sostener su militancia. El 20 de julio un procedimiento de la policía en la sede del gremio de la calle Quintana 248 a las 19.45, cuando estaban reunidos sus directivos terminó con la detención de dirigentes y afiliados. Allí estaban Santiago Badillo, Carlos Kass, Julio Mata, Pedro Bergonzi, Ibrahim Villarreal, J. Alvarado y M. Saldarriaga. Fueron interrogados por la División Investigaciones durante cinco horas. Al día siguiente fueron llevadas las afiliadas Nélida F. de Kiriachek y Rosa F. de Urquiza, y también interrogadas. “Las actuaciones fueron a fin de establecer posible infracción a la ley nacional 16.894/66”, afirmaba la justicia.
El 20 de julio fueron cesanteados el secretario general Oscar Gallegos, peronista, y Mata y el gremio de ATE intervenido el 12 de agosto por el Consejo Directivo Central.
La última ley.
No podemos dejar este repaso sin hablar de la última norma de ese período que reprimió a la agrupación. La Revolución Argentina no sólo proscribió a los partidos políticos sino que promulgó una nueva legislación especial anticomunista en agosto de 1967: la Ley 17401, que habilitaba una amplia persecución que incluía inhabilitarlos para puestos públicos, cargos docentes y variadas profesiones, entre otras cuestiones. A raíz de esta legislación, se continuó con la persecución de sus actividades y por informes de la SIDE cesanteados muchos empleados públicos. En esos días, la policía investigó a varios empleados públicos “sospechados” de comunistas y en los meses siguientes docentes fueron cesanteados, como ocurrió con Santiago Badillo.
Otro ejemplo, el 13 de marzo de 1972 la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos dejó cesante a Tellechea. Se supo públicamente que la decisión se había tomado a raíz de los antecedentes elevados por la SIDE a la empresa ferroviaria. Hubo una movilización en solidaridad con Tellechea a través de la Comisión Pro-reincorporación que llegó a entrevistarse con el gobernador Angel Trapaglia. El 5 de julio, otros tres obreros ferroviarios de Pico fueron citados en la delegación santarroseña de la Policía Federal para iniciarles un proceso por la misma ley. Los señalados fueron el maquinista Raúl Cheves de La Fraternidad, y los operarios Carlos Primo Vola y José Pascual García, de la UF. Calificados de comunistas, fueron informados que quedarían cesantes y tendrían que apelar a la SIDE. Recién con la llegada del presidente Héctor Cámpora al gobierno, en mayo de 1973, la ley anticomunista se anularía y se daría marcha atrás con todos los despidos por persecución ideológica en las empresas estatales.
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