Informe: desaparecidos pampeanos y justicia

Apenas tres casos de víctimas pampeanas cuyas desapariciones o muertes en el marco de la represión ilegal ocurrieron fuera de la provincia llegaron a juicio y dos de ellas tuvieron condenas. Otros dos están esperando para ser juzgados en tribunales federales. Por esto hubo 17 represores condenados en esas causas y hay actualmente 35imputados que esperan su proceso. Hay 19 casos que son investigados pero cuyos expedientes avanzan a paso lento, ya que llevan varios años desde que se concretaron las denuncias; y hay otros 25 que todavía no se conoce que se haya comenzado a investigar sus muertes o desapariciones en los años 70.

Norberto G. Asquini



En los últimos años, el reclamo de "memoria, verdad y justicia" por los crímenes cometidos por la dictadura militar fue cobrando mayor entidad, y hoy observamos en la Semana de la Memoria cómo se despliega una serie interminable de recordaciones y homenajes a las víctimas pampeanas del Terrorismo de Estado.
Sin embargo, mientras los organismos estatales sólo funcionan para las efemérides -las comisiones de derechos humanos casi no tienen acciones concretas-, poco parece hacerse para que a la recordación se le agregue la justicia. Esto ocurre con las causas judiciales que investigan qué ocurrió con los desaparecidos de la provincia y saber quiénes fueron sus secuestradores.

Los números.
Actualmente, apenas tres casos de víctimas pampeanas cuyas desapariciones o muertes en el marco de la represión ilegal ocurrieron fuera de la provincia llegaron a juicio y dos de ellas tuvieron condenas. Otros dos están esperando para ser juzgados en tribunales federales. Por esto hubo 17 represores condenados en esas causas y hay actualmente 35 imputados que esperan su proceso. Hay 19 casos que son investigados pero cuyos expedientes avanzan a paso lento, ya que llevan varios años desde que se concretaron las denuncias; y hay otros 25 que todavía no se conoce que se haya comenzado a investigar sus muertes o desapariciones en los años 70.
Estos datos surgen de los informes de distintos organismos de derechos humanos (CELS, Agrupación Hijos, Justicia Ya!) y de la información oficial de diferentes juzgados federales del país, entre ellas la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad.

Condenados.
Las condenas a ex militares o civiles que actuaron en los grupos de tareas durante la dictadura militar fueron por dos casos: por la piquense María del Carmen Morettini (desaparecida en La Plata en 1976) y la santarroseña Lucía Tartaglia (Buenos Aires, 1977). En el primer caso fue condenado el cura Christian Von Wernich en 2007 por varias muertes del grupo en el que estaba Morettini, y en el segundo, al juzgarse los crímenes cometidos en el circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo, el año pasado fueron sentenciados a prisión perpetua doce represores, entre ellos Julio César Simón, alias "Turco Julián"; cuatro a 25 años de prisión; y uno fue absuelto.
Actualmente se está llevando a cabo el juicio del centro clandestino de detención "El Vesubio" en Buenos Aires. Hay ocho imputados y figura como víctima el pampeano
Jorge Capello (desaparecido en Capital Federal en 1977).

En el sur.
Además esperan su inicio dos causas. En los tribunales de Comodoro Rivadavia está el expediente por la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Allí fue asesinado por marinos el pampeano Eduardo Capello, del ERP. El juez federal Hugo Sastre procesó, con prisión preventiva, a cinco marinos hasta el comienzo del juicio oral y público: Emilio del Real y Luis Sosa y el ex cabo Carlos Marandino como presuntos autores materiales de los asesinatos; y como supuestos partícipes necesarios el contraalmirante Horacio Mayorga y al capitán Rubén Paccagnini. Fue elevada a juicio en 2009.
En Bahía Blanca, mientras está por comenzar el juicio a los represores del Ejército, espera para su debate la causa paralela de la Marina. Allí figura como víctima Néstor Grill, desaparecido en 1976 y hay 16 imputados.

En La Plata.
Hay varias causas en investigación. En La Plata había denuncias realizadas por los casos de los pampeanos Sergio García y Salvador Delaturi, ambos ejecutados por grupos de la Triple A en los primeros meses de 1976. Actualmente hay pocos avances, según confió el hijo de una de las víctimas, Carlos Delaturi, que se mantiene en permanente contacto con la fiscalía.
Por su parte, Justicia Ya! le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que en el denominado "Circuito Camps", donde se investiga lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires y La Plata, y que involucra los dos casos anteriores, se incluya también una larga serie de nombres entre los que están Luis Celesia, Alejandro Estigarría, Juan Carlos Follonier, Roberto Loscertales, Liliana Molteni y los hermanos Roberto y Alejandro Quispe Herrera.
Otro expediente que apenas avanzó en esos tribunales fue el de Oscar Ponteprimo (muerto en el Conurbano en 1974). Por este tema, el escritor Juan Carlos Pumilla declaró hace poco por una citación de los tribunales platenses en el Juzgado Federal local por la denuncia que había realizado en 2000 y que impulsó varias de estas causas que hoy se investigan en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Otros juzgados.
Por su parte, el juez federal de San Nicolás tiene bajo investigación las desapariciones de Eduardo Konsunky y Adrián Follonier. Por este último caso también había declarado Pumilla hace dos años.
En Bahía Blanca si bien avanzó el caso Grill, que ocurrió durante la dictadura, está a la espera de que se profundice la investigación de la causa de las víctimas de la Triple A. Allí figuran tres pampeanos: Carlos Davit, Hugo Ardiles y Orlando Walker. El periodista Eduardo Tindiglia, uno de los impulsores de esa pesquisa, indicó que el fiscal que entiende en el expediente espera avanzar una vez que se juzguen las otras dos causas.

Sin justicia.
Por su parte, en su momento se había investigado la desaparición de los hermanos Carlos y Alejandro Knobel y por esto se lo procesó al represor Jorge Olivera Rovera, que fue condenado a prisión perpetua por el TOF 5 porteño. Sin embargo, se le decretó la falta de mérito sobre los casos de los dos pampeanos. En tanto, en la causa ABO, surgieron en el juicio las desapariciones de otros dos pampeanos, Ramerio Pérez y su hijo Eduardo, por los que se abriría una causa.
Si bien la justicia se interesó por los casos de algunas víctimas, de la lista de 49 pampeanos muertos o desaparecidos por la implementación del terrorismo de Estado entre 1972 y 1983, aún 25 casos están sin investigar, o al menos no se conoce que hayan avanzado expedientes con sus nombres en los distintos tribunales del país.

(Publicado en La Arena)