Mediante una serie de normas funcionarios menores y hasta directores de colegios debían vigilar y hasta podían echar a empleados por "actividades de carácter subversivo o disociadoras". Un nuevo documento habla de ese control en tierras pampeanas hasta el año 1984 en el Instituto Catriló, de enseñanza privada.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue apoyado por los civiles, que fueron desde aquellos grupos empresariales y dirigentes políticos que se convirtieron en la usina de la dictadura y fueron los beneficiarios económicos de ese régimen, hasta aquellos que desde un lugar menor en la burocracia estatal ayudaron a vigilar a quienes podían ofrecer distintas formas de resistencia. Por supuesto que hubo diferentes responsabilidades, y entre los funcionarios menores hubo quienes llegaron a acusar y echar a empleados hasta quienes se mantuvieron en sus puestos sin plegarse a esos mecanismos. El plan que la dictadura militar impuso para pacificar y ordenar el país, contra los reclamos sociales fue a través del desmantelamiento de las estructuras sindicales y el disciplinamiento de la fuerza laboral. Para lograr este propósito, se prohibió la actividad gremial y se depuró la administración pública de "agitadores" utilizando desde el secuestro y desaparición de los dirigentes combativos -lo mismo que ocurrió en las fábricas- hasta las cesantías.
El mecanismo.
Para "depurar" al sector público, el gobierno de facto mantuvo en vigencia durante años una Ley de Prescindibilidad (nº 21.260, dictada durante la presidencia de Perón) que suspendió la estabilidad de los agentes estatales. En La Pampa, por decreto-ley 717 del 14 de abril del '76, se adhirió a esta norma y se autorizó al gobierno y a los funcionarios, a dar de baja a cualquier empleado "por razones de servicio". Esa norma establecía que se podía cesantear "por razones de seguridad al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la Administración Pública Provincial o Municipal, personal perteneciente a la ex Legislatura Provincial o que se desempeñe en organismos descentralizados, autárquicos, empresas estatales, o cualquier otra dependencia de carácter provincial" que se considerasen "subversivos". De esta manera, funcionarios menores se convirtieron también en engranajes de los mecanismos del control dictatorial sobre los empleados públicos.
Los que echaban.
En su artículo 2 el decreto hablaba sobre quiénes estaban involucrados en esas tareas en el organigrama: "Las bajas a que se refiere el artículo anterior podrán ser dispuestas por quien se encuentre al frente del PEP cuando lo considere procedente o a propuesta de ministros y autoridades superiores de los organismos y empresas mencionados". El 1º de abril de 1976 se firmó en la provincia el decreto de prescindibilidad por ley 712. Esto dio luz verde a las cesantías en la administración pública para construir una estructura disciplinada a partir del temor a perder el trabajo. Involucró a personal de Casa de Gobierno, la ex Legislatura, el Poder Judicial, municipalidades y comisiones de fomento, el Instituto de Previsión Social, el servicio médico, y los organismos autárquicos y descentralizados. Y se estima en unos 400 los cesantes que generó esta norma.
"Operación Claridad".
Pero no sólo la administración pública estuvo bajo control militar a través de la supervisión de los civiles. También los colegios secundarios. Un documento de esa época revela no sólo cómo los directores de los establecimientos debían comprometerse a esa vigilancia y delatar cualquier indicio de "actividades de carácter subversivo o disociadoras". Sino que también esta vigilancia se mantuvo durante los primeros tiempos del gobierno democrático tras la recuperación institucional, hasta entrado el año 1984.El documento que lo prueba pertenece al Instituto Catriló, de enseñanza privada, si bien estos escritos eran firmados por todos los directores de los establecimientos provinciales. Este tipo de vigilancia y control en la época del Terrorismo de Estado fue parte del llamado "Operación Claridad". En la educación media y superior, la represión se llevó adelante a través de mecanismos más o menos explícitos: incluían cambios de planes de estudio y de organización, acciones de vigilancia y castigo que operaban sobre las relaciones entre docentes y alumnos, despidos y en no pocos casos secuestros, detenciones y desapariciones. Esto se centralizó en un oficina del Ministerio de Educación que funcionó con distintas denominaciones hasta 1981 y su tarea consistía en desarrollar tareas de espionaje dentro de los colegios estatales y privados, incluidos los religiosos, elaborar listas negras y obligar "a los rectores y docentes a delatar a los sospechosos de ser opositores al régimen y, una vez determinado el grado de 'peligrosidad', proceder a su cesantía, expulsión o secuestro", indican los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro. Los circuitos de delación y control ideológico debían ser instrumentados por los directivos, autoridades y docentes sobre sus pares, bibliografía y material utilizados y los mismos alumnos.
Ofensiva procesista.
Los establecimientos educativos de La Pampa también fueron blanco de la ofensiva procesista. El documento firmado por la directora del Instituto Catriló -de la que sólo se darán sus iniciales- ante el representante legal del establecimiento, JRG, tenía similitudes con la ley de prescindibilidad. Indicaba: "Conforme a lo determinado y ordenado por el director nacional de Enseñanza Privada, en nota del 20 de agosto de 1976, declaro bajo juramento, yo EHPA, con domicilio en Catriló, provincia de La Pampa, fecha de nacimiento (...) y L.C. (...), conocer el artículo 1 de la ley 21.260 que dice: Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976, a dar de baja, por razones de seguridad al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios de administración pública nacional, congreso Nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. Asimismo, estarán comprendidos en la presente disposición aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades'". "Asimismo declaro bajo juramento no estar incurso entre los 'dados de baja' por aplicación de la ley 21.260 y no estar involucrado en las causales que la citada ley prevé", finalizaba la nota. Debajo del texto estaba la firma de la directora y ratificado al comienzo de cada año: 30 de marzo de 1982, 18 de marzo de 1983 y 21 de marzo de 1984, ya en tiempos del gobierno democrático. Si bien para entonces, con el fin de la dictadura, estos procedimientos se habían flexibilizado, el documento da cuenta que todavía el control se mantenía.
(Publicado en La Arena)
MENTIRA!!!!!! POR SUPUESTO QUE PODIAN HECHAR A PERSONAS SOSPECHOSAS, HABIA UNA GUERRA SUBVERSIVA EN EL PAIS!!!!!!! YO FUI AL COLEGIO QUE APARECE EN LA FOTO Y ME ENORGULLESCO TODOS LOS DIAS DE ESO, ME INDIGNA QUE MIENTAN ASI, POR DIOS!!!! QUE VERGUENZA!!!
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