Pampeanos en los archivos de la Bonaerense

Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla


Fichas, datos y listas de ex detenidos pampeanos durante la dictadura militar integran el archivo documental que supo recopilar la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), otra de las fuerzas que colaboró con el intercambio de información entre los diversos servicios de inteligencia durante la represión ilegal.
Parte de esa información, que se encuentra en el archivo que hoy maneja en La Plata la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -un organismo público, autónomo y autárquico-, fue entregado como prueba al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que juzga a nueve represores de la Subzona 14. Y a pesar de lo fragmentaria de esa documentación, demuestra no sólo los lazos entre las distintas fuerzas del país sino también que en ese marco La Pampa no estuvo aislada del esquema nacional del Terrorismo de Estado y que sus fuerzas colaboraron con el esquema del plan represivo de las Fuerzas Armadas.
El Archivo de la ex Dipba es el único de un órgano policial con funciones de inteligencia recuperado en Argentina. El espionaje, el seguimiento, registro y análisis de la información para la persecución política ideológica fueron sus principales funciones desde su creación, en 1956, hasta su disolución en 1998. El alcance territorial específico de la Dipba fue la provincia de Buenos Aires, sin embargo la coordinación de los servicios de inteligencia, que históricamente es contemporánea a su creación, hace que se encuentren en el archivo documentos de otros servicios de inteligencia del plano nacional y de otras provincias.
Los datos aportados al TOF se refieren a las "fichas" de personas involucradas en el juicio de la Subzona 14 por lo que seguramente hay otras más, pero también se hallaron una serie de documentos que hablan sobre casos pampeanos.

Las fichas.
En el informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria hay fichas individuales, por ejemplo, del ex ministro de Obras Públicas Santiago Covella, del ex funcionario regazzolista Rodolfo de Diego, del ex diputado provincial Roberto Gil, del médico Gustavo Brouwer de Konning, del ex diputado nacional Carlos Aragonés y del docente Guillermo Quartucci. Otros figuran en listas donde se informa sobre liberados a disposición del PEN como Hermes Accátoli.
Sobre Aragonés sólo menciona el juicio en el año 1971 contra gremialistas piquenses en Bahía Blanca por atentar contra las líneas telefónicas de esa ciudad y su asunción como diputado nacional.
De Covella, en la ficha elaborada el 1º de octubre del 76, el Servicio de Inteligencia Naval informa de su detención y otro del 28 de septiembre del 76 sobre "antecedentes de detenidos tratados en plenarios" elaborados por "la Comisión de Estudio de detenidos a disposición del PEN".
Sobre Gil también el SIN habla de su detención y su liberación. Y hay antecedentes suyos como "comunista" previos al golpe.

La Comisión Asesora.
El caso más paradigmático es el de Brouwer de Konning, que fue docente en el colegio secundario de Jacinto Arauz y fue detenido el 14 de julio del 76. Su legajo fue tratado por la Comisión Asesora de Antecedentes, una mesa que reunía a los delegados de todos los servicios de inteligencia, se reunía semanalmente, y trataba y catalogaba a cada persona por su "peligrosidad". Esta información era analizada meticulosamente y en base a esos datos emitía un veredicto, una resolución del caso. Era una instancia de decisión colegiada, en donde, en base al intercambio y análisis de información, se votaba y ponía una calificación a las personas y a los libros y publicaciones, indica la CPM.
Según el legajo de la Mesa DS ("delincuentes subversivos") número 12.853, el coronel Fabio Iriart, jefe de la Subzona 14, envió varios "casos" pampeanos para ser tratados por la CAA y entre ellos figuran pedidos de captura solicitados por él.
En la ficha de Brouwer de Konning, se remite al legajo de la Mesa DS número 19.307. La CAA lo clasificó como "Fórmula 2" (había cuatro y la cuarta era la más "alta") que lo catalogaba con: "Los antecedentes que registra no permiten considerarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista". Toda la información del legajo tiene como origen a la Side.
En el expediente número 58.589/79 figuran los datos personales de "persona vigilada" y sus "antecedentes" desde 1976 hasta 1980, descriptos en un informe pormenorizado elaborado por la Side a partir de lo recolectado por el supervisor del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Francisco Pablo Olmedo y por el supervisor enviado por la Dirección Nacional de Enseñanza Privada, J. S. Cossy Isasi, en su inspección al colegio de Jacinto Arauz. El informe se concentra en el rol docente de Brouwer de Konning y la supuesta "acción de adoctrinamiento y condicionamiento mental promarxista" de dicho instituto.
En el documento se menciona a otros docentes como Samprón, Quartucci, Alvarez y Pozo Grados y dice que "este grupo procede de Bahía Blanca y fue llevado al instituto por el rector al hacerse cargo, y tiene antecedentes por su actuación en la Universidad Nacional del Sur y en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta)".

Más docentes.
En la llamada Mesa DS también está el documento 6.746 de octubre del 76 en cuyo legajo se menciona al ex profesor Angel Alvarez, de Jacinto Arauz, lugar donde se desempeñaba como docente en el colegio José Ingenieros, "por impartir enseñanza de acuerdo con patrones marxistas. Actualmente se halla detenido en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa".
En cuanto a Guillermo Quartucci, otro docente que pudo escapar del centro clandestino de tortura del Puesto Caminero de Jacinto Arauz hacia Bahía Blanca y se exilió en México, se lo señala en su ficha sobre sus "antecedentes sociales" como "guerrillero". En su legajo que figura en la Mesa DS se solicita su detención a la Bonaerense luego de su fuga por pedido de la Jefatura de Policía de La Pampa. Allí se señala que se había "fugado el día 14 del corriente en proximidades de Jacinto Arauz (La Pampa), siendo sindicado por esa Policía como peligroso guerrillero".

Otro material.
En el material localizado en el archivo de la Dipba que da cuenta del accionar represivo en el periodo que se investiga, en la zonificación militar donde se encontró ubicada la provincia de La Pampa hay legajos que mencionan a otros detenidos pampeanos: Julio Irazusta, Juan José Guida y Jorge Alberto Pascuali Cabrera, de 1975; Rafael Mercedes, Dardo Hernández y Adrián Di Santo, de 1977; y Guardia Dionisio Paniego, de 1978, entre otros. También que se hizo un seguimiento o persecución ideológico-política a la persona al comunista Jorge Kiriachek -los legajos de la Side llevan los números 9963, 43390/77 y 44816-.

Operativo.
Hay otro legajo (Mesa DS, número 4447) caratulado "Informe sobre cuerpo operativo y célula propagandística de la OPM Montoneros detectada en Bahía Blanca. Unidad Regional Bahía Blanca" anterior al golpe que llama la atención. La carpeta incluye un informe producido el 7 de enero del 76 por el comisario Julio Nelo Trujillo, jefe de la Dipba Bahía Blanca.
En el informe, previo al golpe, se destaca un "Informe sobre comisión realizada por orden del Señor Comandante de la Subzona 14 en la Región Sud-Este de la provincia de La Pampa". Allí se menciona un comunicado de la Bonaerense que solicita la detención de varias personas que viajaban hacia La Pampa en esa época en varios vehículos y el policía provincial Ernesto Rubén Alex del Puesto Caminero de Jacinto Arauz relata el paso del nombrado contingente por esa zona. Una muestra documental de la colaboración entre distintas fuerzas para la represión ilegal.

(Diario La Arena, 9 de agosto de 2010)

El día de los Gloster (1958)

Juan Carlos Pumilla

No fueron pocos los que percibieron, con cierto sobrecogimiento, el lejano bramido crispando el amanecer de Bernasconi. Pero la incertidumbre demoró al menos una hora más en disiparse.
Fue el tiempo que un productor de la zona, tras vencer su recelo, invirtió para aproximarse a un tramo de la ruta nacional 35, situado a dos o tres kilómetros de la entrada al poblado. Allí no tardaría en establecer el origen de la alteración mañanera.
Momentos antes un fuerte ruido había atraído su atención y la extrañeza transformada en alarma al observar precipitarse en su chacra un objeto plateado de considerable tamaño.
Al atravesar la alambrada la visión de la carretera mudó en asombro su curiosidad: en el lugar, alineados al costado de la banquina, cuatro enormes aviones con sus respectivos pilotos aguardaban a la espera de auxilio.
Prontamente, con inocultable deleite, el hombre de campo da-ría cuenta del episodio al comisario y lo refrendaría más tarde hasta el hartazgo a quien se le cruzara. Al parecer uno de los aparatos, con destino a la Base de Punta Indio, había quedado sin combustible obligando a un descenso forzoso del conjunto. La ejecución de esta maniobra impuso la necesidad de arrojar preventivamente los tanques de aprovisionamiento.
La especie se dilató hacia todos los confines en aquel intenso verano y no fueron pocos a los que se les antojó relacionar las aprensiones del chacarero con las turbaciones que, veinte años antes, Orson Wells generaba en su audiencia de La Guerra de los Mundos.
Si hasta las imprecisas crónicas posteriores de la radio de Bahía Blanca no habrían escatimado elementos para establecer, con cierta sorna, estas analogías.
Empero, aunque desde otra consideración, el miedo podía tener sustento: cuatro aviones de la misma dotación habían sido protagonistas centrales de los bombardeos a Plaza de Mayo tan solo tres años antes, el 16 de junio de 1955. Una vileza que aún sigue impune.
Pero no hubo aquí, en la sobresaltada campaña pampeana, corolarios luctuosos. Al contrario.
Fue una jornada de fiesta. Los escolares no asistieron a clases y el ausentismo en los lugares de trabajo fue notable. Camiones, tractores y diversidad de vehículos llegaron hasta el lugar de las expectaciones procedentes de diversos puntos del departamento Hucal.
Los aviones Gloster Meteor, sus pilotos y el chacarero –en ese orden- se constituyeron en los focos de un interés que no decreció en ningún momento. Es que los contingentes se fueron renovando hasta promediar la tarde en que, procedente de la base de Puerto Belgrano, llegó un camión cisterna para cumplimentar la tarea de abastecimiento.
Pero sin lugar a dudas el momento de mayor excitación fue el que fraguó el despegue de los aparatos. Ordenados en la ruta de tierra se elevaron uno tras otro ejecutando un pronunciado giro hacia el Este apuñalando el firmamento. La algarabía de los concurrentes en la despedida apenas fue disipada por el tronar de las turbinas.
Luego, un absoluto silencio y quizás un dejo de tristeza por el retorno a una previsible rutina. Sin embargo ya nada sería igual en las tertulias vecinales de las semanas venideras por el predominio de lo acontecido.
Cuando el último Gloster se perdió en el horizonte y se ponía de relieve la dificultad colectiva para exteriorizar sus emociones alguien se atrevió a quebrar el mutismo con una casi inaudible musitación: “¡Qué bien manejan!”.

Los detenidos de la UTN en el 76

Norberto G. Asquini

En General Pico se intensificaron los procedimientos durante los días siguientes al golpe del 24 de marzo del 76. Uno de los sectores más castigados por la represión ilegal fue el de los alumnos de Ingeniería de la UTN. Esta Facultad fue un espacio de militancia en los ’70 nacido con los aires ideológicos de liberación y reconstrucción nacional. Desde el ’74 estuvo dirigida por el decano Carlos Agaya, apoyado por muchos alumnos peronistas simpatizantes de la Tendencia, de las izquierdas marxistas revolucionarias, profesores y no docentes.
Pero el sueño de la UTN cayó en enero del ‘75 bajo la intervención de la derecha peronista que desarticuló su proyecto educativo. La resistencia de autoridades y alumnos llegó a la toma de la sede hasta que fueron desalojados por la policía a los pocos días. Desde entonces los alumnos fueron marcados como “subversivos”.
Cuando llegó el golpe, la represión en Pico se concentró en este grupo. En los días siguientes se concretó la razzia ordenada por el coronel Cobuta contra los estudiantes y los no docentes que llenaron la Seccional Primera. Cayeron detenidos Walter Neher, Carlos Llinás, Mario Llinás, Luis Barotto, Eduardo Oporto, Juan Reucci, Jorge Giussani, José Leguizamón, Jorge Canciani, Miguel Guinda, Hugo Clavería, Francisco Tineo, Graciela Espósito, Zelma Rivoira, Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Marcelino Vergara, Oscar Odetti, Carlos Brunengo, los hermanos Enrique y Rosalind Gancedo, Francisco Cortada, Osvaldo Gómez, Irma Guerra, Pedro Bellardo y Rubén Beccaría. En la capital fue capturada el 7 de abril Stella Marys Barrios(1).
Los alumnos en su mayoría fueron capturados en el barrio Pampa, la zona de la ciudad donde vivían muchos de los jóvenes universitarios. Otros fueron citados a la comisaría y quedaron encarcelados cuando se presentaron. Algunos cayeron en la terminal de ómnibus y la estación de trenes. Otros fueron arrestados pero puestos en libertad en cuestión de horas.
Mientras estaban hacinados en la comisaría, algunos recordaron(2) que llegó un profesor y otro estudiante que indicaron a los oficiales a los que debían soltar porque “pertenecían al grupo de los buenos”.
Los que quedaron a disposición de la Subzona 14 fueron trasladados esposados y encapuchados en celulares y carros de asalto a Santa Rosa. Al llegar a la capital, las mujeres quedaron alojadas en la Seccional Primera y a los hombres se los ingresó en la Colonia Penal. Varios fueron torturados en la Primera.
A partir de abril los estudiantes fueron recobrando su libertad(3). Varias jóvenes, como Barabaschi, Audisio y Rosalind Gancedo estuvieron secuestradas durante varias semanas. La primera recién pudo salir el 20 de abril.

(fragmento de "El informe 14", escrito junto a Juan C. Pumilla)

(1)Nómina completa en La Arena del 30 de marzo de 1976.
(2)Norberto Asquini, Crónicas del fuego, Amerindia, 2006,
(3)Barotto, Tineo y Osvaldo Gómez quedaron a disposición del Juzgado Federal acusados de haber participado de la sustracción de un mimeógrafo de la UTN, que era del centro de estudiantes. Oporto quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de General Pico acusado de haber participado del daño en el vehículo del interventor de esa Facultad. (Juzgado Federal, expedientes 156/76 y 159/76).

La Cooperativa de La Capital

Norberto G. Asquini (Del libro "Crónicas del fuego")

Un emprendimiento periodístico innovador en los años setenta, más en lo organizativo y social que en lo editorial, fue la constitución de la Cooperativa de Trabajo del diario La Capital -Cooperativa Pampeana Periodística y Gráfica de Trabajo Limitada (Co-Pam)- que comenzó a ser administrada por sus propios empleados a fines de 1975. Su director fue Nelson Nicoletti(1), el vicepresidente Justo Godoy, tesorero Angel Ortiz y secretario Juan José Muñóz.
En el ’75 el diario más antiguo de la provincia, en manos de la familia Gazia, comenzó a recibir los golpes económicos y las deudas lo pusieron al borde de la quiebra. Sus cuarenta empleados coparon una asamblea donde se discutía cómo evitar el cierre cercano, y los dueños se comprometieron a venderlo a los trabajadores. El acuerdo indicaba que sería parte en cuotas y parte a cambio de sueldos y cargas sociales adeudadas; mientras que los empleados renunciaron al cobro de las indemnizaciones.
La deuda con los trabajadores pasó a ser parte del capital social para fundar la cooperativa de trabajo periodística. En su mayoría fueron gráficos, cuyo número pesaba en esos tiempos sobre los otros integrantes de la planta por el manejo de las linotipo; y había unos siete periodistas y tres administrativos. Los objetivos de los trabajadores fueron consolidar la empresa como cooperativa de trabajo y desarrollar un medio de difusión que, según su estatuto, sería “vocero de las causas populares, defensor del patrimonio y de la cultura nacional”.
La entidad tuvo como modelo la primera cooperativa dedicada al periodismo del país, la del diario El Independiente de La Rioja, nacida al calor de la ola popular y revolucionaria de la presidencia de Cámpora, y del gobernador de esa provincia, Carlos Menem, quien mantuvo una fachada de apoyo a la Tendencia en sus primeras semanas para luego decantar en el verticalismo isabelista y condenar al ala izquierda del movimiento(2). La conexión con los colegas riojanos se dio a través de una carta a la que le siguieron varios llamados telefónicos; y se afianzó cuando uno de los pampeanos fue a observar su organización y funcionamiento.
A fines del ’75 estuvieron en La Pampa el director y presidente del medio riojano, Alipio Paoletti, y dos de los impulsores que asesoraron para constituir la cooperativa santarroseña y dejarle material propagandístico sobre la defensa de las fuentes de trabajo y las entidades solidarias. En los primeros tiempos también proveyeron papel a las máquinas(3). Posteriormente, esta vinculación sería utilizada como un argumento más contra la dirección del diario por parte de los sectores reaccionarios.
El emprendimiento periodístico tuvo una vida efímera. Comenzaron a publicar el diario como entidad cooperativa a partir de enero de '76 y sus páginas, editadas ya cuando el golpe de Estado se acercaba y la censura se cernía sobre la prensa, tuvieron una línea periodística moderada. Menos de tres meses después, el 24 de marzo de '76, su director fue detenido y el gobierno militar de la dictadura nombró a un interventor para que se hiciera cargo de la empresa. La Capital finalmente fue vendida en 1978 y pocos años después, cerró sus puertas.

(1) Nicoletti era un ex seminarista nacido en 1950. Era integrante de los grupos de base cristianos posconciliares con relaciones con los sectores tercermundistas y que militaba en los grupos de base católicos de la capital. Nacido en una familia con vinculación con la iglesia católica, había estudiado el secundario en el seminario “La Asunción” de Bahía Blanca. Según explicó en una entrevista, en el ‘69 había sido expulsado del seminario de Bahía Blanca en una ofensiva contra el estudiantado universitario de la UNS luego que tomaron las instalaciones. Fue periodista de La Reforma y en el ’71 ingresó como cronista en La Capital. Vinculado con el sector de docentes peronistas de la UNLPam se hizo cargo del área de extensión universitaria hasta diciembre de 1975 luego de la separación de Di Nápoli. Desde diciembre del 75 a marzo del 76 fue director de La Capital y presidente del directorio de la cooperativa de trabajo. Sus oponentes en el sindicato de prensa lo consideraron un gremialista que a pesar de adscribir a una tenencia progresista se acercó al sector ortodoxo y peronista dentro de la prensa pampeana cuyo grupo más conservador se encontraba en General Pico. Fue también director de prensa de la UNLPam entre febrero de 1974 a diciembre de 1975.
(2) El Independiente sufrió la persecución de la derecha peronista en La Rioja y el delegado normalizador enviado en 1974 al PJ riojano reclamó públicamente la eliminación del diario. Ver La Arena, 22 de enero de 1976.
(3) Nicoletti en una entrevista relató que mientras se encontraban reunidos en una cena la policía demoró a los riojanos en su vehículo en pleno centro por tenencia de armas y allanó la habitación del hotel donde se hospedaban.

Vigencia de los dos demonios

Juan Carlos Pumilla

Nada, ni nadie, podrá alterar la calificación de histórico que viene definiendo al juicio de la Subzona 14 en La Pampa. Lo es por una multiplicidad de circunstancias: históricas, geográficas, temporales, ideológicas y políticas, entre otras.
Empero sigue siendo lícito formular una reflexión crítica acerca del proceso. Para el debate, para honrar la libre expresión, acaso para la docencia.
En los albores de los ochenta los exégetas de Raúl Alfonsín diseñaron con rotundo éxito lo que vino a conocerse como “teoría de los dos demonios”. Un presupuesto vertebrado en el sostenimiento de que en La Argentina se había librado una guerra entre dos contendientes: por un lado la guerrilla, por otro las Fuerzas Armadas.
Tan falaz como eficaz, la teoría sustrajo la consideración del Estado al del escenario de los años setenta.
Sin menoscabo de que será inevitable y necesario referirse en algún momento al amplio espectro que involucra e involucró el término “guerrilla” (que según la in-objetable y fundada verificación del coronel Florencio García, no llegaba, a mediados de esa década, a superar los mil efectivos) se impone como necesario subrayar que al imperio de los dos demonios, en otro juicio histórico, el de las Juntas, la sociedad no reclamó a través del Estado por sus perjuicios iniciales. De manera que sólo se las condenó por los crímenes cometidos pe-ro no por el objetivo que determinó esos crímenes. No hubo a provincia, como probablemente tampoco habrá, en tal sentido, una acusación a los responsables del terrorismo de Estado por el delito de sedición. Ese es el delito primero. Luego, los crímenes.
No es ésta una cuestión menor.
Por fortuna, para subsanar nuestras limitaciones, teóricos y juristas se han dedicado a desmenuzar el enorme universo de la intencionalidad.
Esto nos lleva a otra consideración. Por comodidad o acostumbramiento la calificación de “lesa humanidad” nos tranquiliza y agota. Acaso no se ha extendido plenamente la enorme significación del fallo contra Etchecolatz: “Genocidio”
Si así fuere, se hará manifiesta a la comprensión de cualquier lector que se inicie en el tema, la evidencia de que estas comparaciones conducen a conquistar precisión en una cuestión capital: la diferencia entre lo que es lesa humanidad y genocidio. El eje vertebral de este con-traste es la intencionalidad.
Por eso creemos que es importante dilatar la extensión temporal del terrorismo de Estado y subrayar sus propósitos centrales. El Estado argentino y su sociedad deben reclamar no sólo por las consecuencias.
Si lo hiciera estaríamos habilitados para confirmar que asistimos a un proyecto genocida que lo era aun antes de implementarse.
Cobraría sentido y otra dimensión la determinación de los blancos iniciales, instituciones, proyectos y personas, y le adjudicaría al tribunal razones para establecer las motivaciones que originaron estas actuales y únicas imputaciones por detenciones ilegales y tormentos.
Al igual que en el plano nacional y su correlato de los treinta mil, estos crímenes en La Pampa no fueron el objetivo sino el presupuesto.

Marín entre las acusaciones y la victimización

Marín entre las acusaciones y la victimización

Frente al debate sobre la actuación del peronismo en los 70, el ex gobernador queda siempre en el ojo de la tormenta por su responsabilidad política. Entre las duras acusaciones y la reivindicación el costado pragmático de Marín lo señala en las buenas, pero sobre todo en las malas.

NORBERTO G. ASQUINI

La revisión de los crímenes y responsabilidades políticas vinculados al Terrorismo de Estado durante los años 70 es una sombra permanente sobre algunos dirigentes de la sociedad civil que tuvieron actuación en estos tiempos desde hace unos años. Sobre todo en el PJ, partido en el que, según el historiador Vicente Palermo, tuvo militantes "de ambos lados de la picana" -frase que no es nueva, pero sí no muy repetida-. Por eso en esa corriente muchos dirigentes han sido cuestionados por su actuación en la época desde que en 2003 la gestión de Néstor Kirchner -con su política en el tema de derechos humanos- y desde la justicia -con la reapertura de las causas de delitos de lesa humanidad- volvieron a poner en vigencia la revisión de los años 70, antes y después del golpe del 76.
Ese marco nacional abrió la "caja de Pandora" para que cada tanto, el peronismo deba afrontar las responsabilidades que tuvieron algunos de sus dirigentes en la época más negra de los 70. Por supuesto, que en este revisionismo juegan también cuestiones que nada tienen que ver con la memoria y la verdad, como son los intereses políticos donde se mezclan situaciones partidarias y hasta personales en temas que deberían tratarse con mayor altura y rigurosidad.

En todos lados.
En La Pampa, desde 2003, la revisión de lo ocurrido en los años 70 tuvo también un fuerte impulso. Desde la reapertura de la causa contra los represores de la Subzona 14, y para dar un ejemplo de los avances en este sentido, se pudo sistematizar al menos la presencia de más de 270 víctimas del terrorismo de Estado en todo el territorio, listado elaborado por Juan Carlos Pumilla y el autor de esta nota. La provincia no escapó a este marco general del debate, aunque con sus especificidades.
Y por supuesto su discusión, que debería ser mucho más profunda, tiene como protagonistas a las víctimas y los investigadores, por un lado; y a quienes politizan los años 70 por el otro, acicateando el permanente conflicto político que después de 2001 vive el peronismo local. Cada vez que "explota" públicamente este tema, se producen cruces como el que se dio hace poco en el acto a Eva Perón cuando resurgieron acusaciones y se llegó a levantar el tono de las voces.
Pero, como es sabido, la lógica del poder y la necesidad hacen que los debates se disimulen ante las coyunturas políticas y electorales en una convivencia o equilibrio necesarios para la continuidad de esa fuerza en el gobierno.

El gran protagonista.
En La Pampa el gran debate dentro del PJ se ha dado en torno al ex gobernador Rubén Marín. Esto no es gratuito ya que fue el que mayor responsabilidad política tiene en esto: ha sido el político tal vez más influyentes de la provincia desde 1983 en adelante siendo cuatro veces gobernador -además de diputado y senador- y más allá del "otoño" de su carrera política, continúa vigente. Durante los 90 fue el dirigente hegemónico en el PJ local, hasta que en 2003 perdió ese monopolio del poder partidario y comenzaron entonces las miradas acusadoras hacia su pasado, ayudadas por el debate nacional. Además, hay que recordar que entre 1973 y 1976 Marín fue vicegobernador.
Por eso es el blanco de las sospechas y los debates: por la responsabilidad política que le cabe como conductor por décadas del PJ y por su alto cargo en el gobierno peronista de los 70.
Las últimas acusaciones no surgieron de parte de una víctima, como lo hizo con suficiente crédito Raquel Barabaschi quien estuvo detenida en aquellos años, sino del ultravernista Migue Solé, ex funcionario y uno de los integrantes de la denominada "banda de los pampeanos" de la gestión menemista, entre otros antecedentes. Una cuestión de raíces políticas y personales que se mezcla con hechos por demás sensibles.

La lista peronista.
El ex mandatario estuvo en los 70 entre los peronistas que se enfrentaron con el gobernador José Aquiles Regazzoli e intentaron que dejara el cargo. La cara más visible de esta corriente fue el diputado nacional Carlos Aragonés, de la rama sindical. En esa época, entre ambos bandos hubo violentos choques y hasta fuertes acusaciones. Las reuniones con funcionarios nacionales para llevar los reclamos de los sindicalistas contra Regazzoli están documentadas.
Cuando estalló el golpe, y esta es una de las especificidades de la represión ilegal en La Pampa, hubo detenidos de la "izquierda" -la mayoría fue previo al 76-, y entre el peronismo, pero la mayoría de estos últimos estuvo vinculada al gobierno provincial regazzolista. En La Pampa, a diferencia de otros lados, no fueron arrestados los de la JP del ala izquierda, que apenas tuvo demorados. Pero si de la JP del derechista Comando de Organización, aliada al gobernador, y cuyos militantes en otras zonas del país no sufrieron la represión ilegal. También hubo funcionarios provinciales y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de General Pico. El grueso fue del arco regazzolista. Del otro sector, después del 24 de marzo apenas Aragonés pasó por la Unidad Penal 4, y algún otro caso puntual. Desde entonces, la sombra de la "entrega" realizada por Marín y Aragonés de esos nombres a los oficiales de la Subzona 14 no dejó de perseguirlos.
También se recuerda que en 1979, Marín fue abogado defensor de un estanciero que contrató a un grupo de tareas militar de Buenos Aires para hacer una "apretada" en la zona de Victorica.

Argumentos a favor.
Por supuesto que Marín ha tenido otra historia que él reivindica al contrastarla con esa sombra. Apenas asumido su primer mandato, en 1984, inició las actuaciones sumariales contra los oficiales de la Policía provincial que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14. El grueso de esa información es la que los llevó al juicio que comienza hoy en la provincia. Fue uno de los pocos gobiernos provinciales que encaró esta investigación decisiva. Además, en un acto de justicia, reincorporó a todos aquellos prescindidos de la administración pública durante la dictadura militar.
El además ha insistido que estuvo detenido durante algunos días en octubre de 1976 en la Seccional Primera, cuando ya la mayoría de los presos políticos de la provincia habían sido liberados o trasladados.
Aunque esta reivindicación se use como defensa, no alcanza para responder las sospechas sobre la etapa previa, porque en realidad lo que se pretende es conocer su actuación en el lapso anterior y, en particular, su relación con los detentores del poder.

Luces y sombras.
Ante la falta de documentación sobre las acusaciones, se debe analizar la actuación de Marín previa y posterior al golpe desde dos aspectos. Por un lado, su reivindicación es parte de una mirada que ha tenido el peronismo hacia su propia historia. El peronismo ha logrado reinventarse a través de su pasado enalteciendo u ocultando su propia historia, y esto ha sido una de las claves de su permanencia. Mientras Menem pudo levantar la bandera del más crudo liberalismo y de la mal llamada reconciliación nacional, pocos años después el peronismo se encarriló detrás de un proyecto nacional y en la revisión de su pasado setentista.
Marín, en esa revisión obligada por las circunstancias de su pasado en los 70, hace lo propio: echa luz sobre algunos aspectos destacables como el sumario administrativo del 84 o su detención, para ocultar otros oscuros como su enfrentamiento con el otro ala del peronismo local.

Pragmatismo puro.
Frente al uso político de esta visión parcializada del pasado, juega también otra consideración para entender la ubicuidad entre los extremos de una misma persona en su trayectoria -la traición o la reivindicación-. ¿Marín es al final cómplice de la dictadura o, al otro extremo, fue el que permitió juzgar a los represores?
Marín, desde sus inicios en el partido en los 60, siempre tuvo una definición: "yo soy peronista". Esto, además de servirle para impugnar a otros compañeros críticos o corrientes internas, le permitió públicamente cobijarse en los circunstanciales espacios nacionales de poder: desde el ala derecha gremial de los años 70, que comandaba Lorenzo Miguel, hasta su actual kirchnerismo; pasando sucesivamente por la renovación del cafierismo y el neoliberalismo menemista, sin empacho ni dobleces. En síntesis, en este plano, siempre cayó parado. En la cuestión de los derechos humanos pasó de la investigación en los 80 a la teoría de la reconciliación y el olvido en los 90, para reinventarse en el 2000 junto al kirchnerismo.
Desde esta visión pragmática, las dos visiones de la historia pueden llegar a convivir en el mismo personaje. Desde otro punto de vista, hoy el sumario administrativo del 84 toma entidad histórica cuando los represores pampeanos serán juzgados a raíz de esa investigación promovida por su gestión. Pero no alcanza eso sólo para deslindar las responsabilidades de los 70. La responsabilidad de su sector en los años 70 fue obvia al ser el peronismo que no fue castigado en la provincia con las detenciones como ocurrió con sus opositores internos.
Marín fue en esa coyuntura un dirigente de peso en las decisiones que se tomaron desde el ala sindical. Haya o no documentación al respecto, por su figura en la política provincial y su alto cargo en los 70, debe dar cuenta de las sombras de su pasado.