¿Cómo actuaron las entidades empresariales de la provincia de La Pampa ante la caída de Isabel Perón y la inminencia del golpe de Estado? Durante el paro empresarial "golpista" del 16 de febrero hubo quienes adhirieron como Carbap, Cicar y las Sociedades Rurales y quienes se abstuvieron, como la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
Norberto G. Asquini y Juan Carrizo Sánchez
El discurso del presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Santiago Gándara, en la inauguración de la última Exposición Agrícola Ganadera de esa ciudad, reivindicando el pasado de las Fuerzas Armadas, el modelo agroexportador del Centenario y el panteón liberal argentino, atacando las instituciones democráticas y apuntando, con intención macartista, contra el proyectado plan estratégico agroalimentario por haber sido inspirado en "ideas marxistas", es parte del pensamiento de buena parte del sector agropecuario, sobre todo el más concentrado. Una identidad que hunde sus raíces ideológicas y de clase en la historia argentina. Y cuyas posturas políticas se observaron en la acción en cada encrucijada histórica de la Argentina del siglo XX.
Esas posiciones, no sólo de los dirigentes de las entidades que agrupan a los ruralistas, sino también de otras como las cámaras de comercio o los colegios de profesionales, también se observaron ante el derrumbe final del gobierno de la presidenta Isabel Perón y el golpe de Estado del 24 de marzo del '76.
Ante el abismo.
Una recorrida por las solicitadas de los tres principales diarios de la provincia de enero a abril de 1976 da cuenta de cómo los actores políticos y económicos de ese momento asumieron ese momento histórico.
El derrumbe final era cuestión de días en ese enero. La crisis institucional y económica parecía irreversible. Y la violencia política y la represión era cosa cotidiana. El peronismo se había fracturado, ya no sólo entre derecha e izquierda. En el gobierno nacional pugnaban políticos contra sindicalistas, hubo en esas semanas dos recambios de gabinete y en el Congreso se partieron los bloques entre "verticalistas" y quienes querían sacar a Isabel.
En los últimos días de diciembre se levantó un sector de la Fuerza Aérea que sirvió a los militares para tantear el escenario, y en vísperas de navidad el ERP atacó el cuartel de Monte Chingolo. En un "mensaje de navidad" desde Tucumán, el general Jorge Rafael Videla le puso fecha al golpe: noventa días, el 24 de marzo.
La Pampa no era ajena a este escenario. Detenciones en la UNLPam o de médicos, un peronismo dividido entre los seguidores del gobernador José Regazzoli y los sindicalistas, las devaluaciones, la inflación y desabastecimiento de alimentos, los planes económicos y los paros. Y hasta el Terrorismo de Estado golpeaba no sólo con detenciones locales, sino con muertes como la de Sergio García, hijo de un senador pampeano, o de Salvador De Laturi en enero en La Plata.
Punto en común.
Había un punto en que los poderes públicos estaban de acuerdo. Ningún sector del poder levantó la voz ante las detenciones que se producían entre noviembre y diciembre del 75 por la Subzona 14. Y el gobierno provincial, en un comunicado del boletín 227 del Consejo Provincial de Difusión de la Dirección de Prensa a favor de la "lucha contra la delincuencia subversiva", pedía: "Joven argentino: no olvides que el Ejército, las fuerza de seguridad y la policía derraman su sangre diariamente para preservarte de este flagelo y asegurar tu futuro".
Para enero, las únicas solicitadas que se publicaban eran las del PJ o los partidos más representativos, sindicatos y entidades empresariales. La izquierda estaba semi-proscripta. A fines de enero Vanguardia Comunista sacó una en la que reclamó por la libertad de Raúl D'Atri y otros compañeros. Al día siguiente fue detenido el periodista Juan Carlos Pumilla y estuvo dos semanas preso.
Todos juntos.
Las solicitadas dan cuenta de la actitud de las entidades empresariales ante el golpe. Para el 16 de febrero, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), una agrupación de federaciones empresariales fundada en agosto de 1975, convocó a un lock out contra la política económica de Isabel. Esta "huelga general empresaria", la única de la historia argentina que unió a los diferentes sectores, es considerada en la situación de inestabilidad del país, como un "paro golpista" y el inicio de la cuenta regresiva del golpe de estado.
La Apege estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas y la Cámara de Sociedades Anónimas, entre otras. Dejó de funcionar a partir de 1977 y brindó amplio apoyo a la dictadura. (Sigue...)
(Publicado en La Arena)
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