En diciembre de 1960, bajo el Plan Conintes, peronistas y "comunistas" fueron detenidos acusados de conspirar contra el gobierno nacional. Para algunos, se había convertido en una costumbre caer preso en esos años. El 27 de noviembre de 1958, el presidente Arturo Frondizi puso en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), implantado en 1951 por el presidente Juan Perón, para reprimir las huelgas y atentados contra su gobierno.
El plan dividió al país en distritos militares y creó tribunales de guerra para juzgar bajo el código de justicia militar a civiles. En seis meses de gestión, las promesas de Frondizi de no perseguir a nadie por sus ideas políticas y derogar la legislación represiva habían quedado en la nada.
No fue la única vez que el Plan Conintes se ejecutó en el país. El 14 de marzo de 1960 se puso en marcha en todo el territorio del país su segunda etapa, cuando se produjeron varios atentados por parte de comandos peronistas contra objetivos económicos en el interior del país, entre ellos estaba el incendio de tanques de petróleo de la empresa Shell en Córdoba que dejó una decena de muertos. Más de 3.500 personas fueron detenidas en los días siguientes, y muchos presos políticos enviados a la Colonia Penal de Santa Rosa.
En La Pampa, para entonces, Ismael Amit de la UCRI, había ganado las elecciones para gobernador y se había comenzado a reunir la Convención que iba a promulgar la nueva Constitución provincial.
Policías.
En marzo del 60 la policía provincial quedó bajo el comando en jefe del Ejército. En la tarde del 21, el jefe Conintes de La Pampa, el teniente coronel Enrique Angel Rottjer, oficial en General Pico, visitó al interventor para informar sobre las medidas de seguridad que se iban a tomar desde lo militar "en prevención de actos de alteración del orden, sabotaje, etc.". El interventor federal Carlos Lagomarsino resolvió subordinar al jefe militar Conintes "todas las fuerzas de seguridad emplazadas en el territorio de la provincia" desde las 0 del día 22 y nombró como "jefe de Policía Conintes" al mayor Jorge Juan Sánchez.
El 5 de mayo asumió Amit y el 11 de junio comenzaron los preparativos del Regimiento 13 de Caballería ante la puesta en vigencia del Plan Conintes. En los días posteriores, la prensa hablaba de "un pronunciado aumento de la policía provincial en tareas de vigilancia".
El 21 de julio el Senado sancionó "ley de represión al terrorismo". En noviembre, comandos peronistas asaltaron el día 29 la guardia del Regimiento 11 en Rosario, Santa Fe, encabezados por el general peronista Miguel Iñiguez. La insurrección cívico-militar, que también tuvo sus ramificaciones en Tartagal, Salta, no tuvo éxito, pero creó gran conmoción. En tanto, el 5 de diciembre un decreto de Frondizi prohibió las actividades del Partido Justicialista.
Onganía.
En la semana previa al sábado 10 de diciembre la policía pampeana fue nuevamente subordinada al Plan Conintes, bajo las órdenes del mayor Manuel Gordillo, segundo jefe de la unidad militar de General Pico y designado jefe de Policía Conintes en La Pampa. El día 6, el general Juan Carlos Onganía, comandante de la Brigada de Caballería de Tandil y jefe Conintes de la Subzona 3 de defensa que comprendía al territorio pampeano y algunos partidos del oeste bonaerense, se había entrevistado con las autoridades provinciales.
En la madrugada del lunes 12 de diciembre, la Jefatura Conintes ordenó numerosos allanamientos y detenciones en Santa Rosa y varias poblaciones del interior de dirigentes y militantes peronistas acusados de estar vinculados a los levantamientos en Rosario y Tartagal. En ese momento, el gobernador Amit y el vicegobernador Tonelli no estaban en la provincia.
Unas 50 personas fueron detenidas en esas horas y trasladadas a la Colonia Penal donde fueron interrogadas. El día 13 ya habían sido liberados muchos de los capturados por los militares, aunque seguían los procedimientos.
Los nombres.
Entre los detenidos figuraron, según informaba La Arena en esos días, de Santa Rosa Manuel Aragno, Rubén Sierra, Macagno, José Chumbita, Bueno, Navarro, Mariano Fernández, José Regazzoli, Rodolfo Villarreal, Pellufo, el ex delegado de la CGT Natalio Masseroni, Julio Díaz, Juan Tierno, José Cursi, Julio Vivas, Oscar Cubas, Dávila Pérez, Carlos Fernández y Cufré; de General Pico Tomás Arocena, Raúl Correché, José Mayor, Domingo Gallego, Miguel Serralta, José Ferrero, Gregorio Macedo, Cándido Díaz, Jorge Serralta, Agustín Mayol, Luciano Ferrari y Cosme Ozerín; de Victorica Raúl Fernández y otras seis personas; de Miguel Cané el doctor Enrique Ascheri; de Realicó Carlos Deluchi y Menegazzi; de General Acha Arturo García, Santiago García, María Ester García -ex diputada provincial-, Cayetano Vicente y la señorita Paglia; de Uriburu Luis Servellini; de Catriló Miguel Gambulli y un ferroviario de apellido García; de Castex Jesús Segalá, Hedo Melloni, Angel García y el ex intendente Justino García; de Quemú Quemú Claudio Beneitez y Blanco; y de Anguil Arturo Latanzi y Julio Fernández, entre otros.
Por su parte, el ex gobernador Salvador Ananía y Jaime Alsina, ambos odontólogos en Pico, fueron citados por la autoridad militar para comparecer en Santa Rosa.
El oficial Gordillo hablará en esos días con los diputados provinciales y les dirá que las detenciones fueron realizadas "como una medida de seguridad a fin de establecer las posibles vinculaciones que pudieran haber tenido con los últimos sucesos que alteraron el orden público".
La Arena indicará que le ley 13.234, era un "verdadero engendro totalitario que por rara paradoja se mantiene vigente en este pretendido estado de derecho" y "en tanto la arbitrariedad presida los actos de gobierno y de los órganos de represión por él utilizados no existirán ni se darán las condiciones para una convivencia en armonía y en la paz".
Más detenidos.
El 14 todavía se buscaba a algunos dirigentes peronistas que no habían sido hallados en sus domicilios. Entre ellos figuraban De Diego, Guillermo Furst, Mariano Macagno y Clemente Bedis y la ex diputada Nair Facca. Habían sido capturados ese día Julián Flores y Santiago Scavuzzo.
El jueves 15, agentes de la Policía clausuraron la sede del PJ ubicado entonces en Juan B. Justo y Pellegrini, con una banda sobre la puerta, cumpliendo con la prohibición de las actividades de ese partido.
Ese día, La Arena titulaba "Claudicación de los poderes civiles pampeanos" y comentaba: "Subversión es la palabra mágica con la que el 'Estado de derecho' pretende justificar las millares de detenciones arbitrarias realizadas en los dos últimos años. Pero si se quiere hablar de la mentada subversión ningún ejemplo más típico que lo que ocurre actualmente en La Pampa; se han adoptado graves medidas contra la libertad de más de 60 ciudadanos en procedimientos espectaculares de intimidación pública y las autoridades provinciales se enteran de ello horas después, es decir que las garantías y la seguridad de sus habitantes están a cargo de un supergobierno unipersonal ejercido por un oficial del Ejército y cuyos poderes son tales que puede disponer medidas a su arbitrio sin consultar ningún antecedente constitucional o legal pasando sobre la autoridad civil".
Para entonces, sólo quedaban alojadas diez personas en la cárcel de Santa Rosa: Masseroni, Macagno, Regazzoli, Scavuzzo, Chumbita, Edgardo Peluffo, Nicolás Navarro y Bedis. Al día siguiente a la tarde fueron liberados los últimos. En total, pasaron por la cárcel 64 peronistas. (Continúa)
(Publicado en Caldenia)
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