La Pampa bajo el Plan Conintes (II)

Segunda parte de las detenciones bajo el Plan Conintes en La Pampa en el año 1960. Luego de los arrestos a dirigentes peronistas de toda la provincia por cuestiones políticas, llegó el turno a los considerados "izquierdistas". El recuerdo de la represión ilegal ocurrida hace cincuenta años en La Pampa.

Norberto Asquini

En la madrugada del jueves 22 de diciembre, cuando todavía había repercusiones sobre las detenciones de dirigentes y militantes peronistas, comenzó otra razzia en Santa Rosa y General Pico, ahora sobre personas "presumiblemente comunistas", aunque para la prensa era "público y notorio que varios de ellos no profesan esa ideología".

Entre los detenidos estaban la escribana Lía Bravo de Morán, militante socialista piquense; el redactor de La Arena Saúl Santesteban y el escritor Edgar Morisoli, miembro de la Comisión Técnica del Río Colorado. Los operativos se repitieron en otros hogares a partir de las 3 de la madrugada a cargo de comisiones policiales.

En Santa Rosa fueron detenidos Abel Osvaldo Lemma -secretario adjunto de la ADEP- y Norberto Righi, ambos trabajadores de la Provincia, el poeta Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que se entregó a la policía "conmovido" por la detención de sus compañeros de letras, Vicente Racines, León Nicanoff, Daniel Kiriachek, Basilio Polisuk, Angel Ferrato, Sergio Lino y Roque Cherascot. Cuando se allanó el domicilio de Nicanoff, fueron arrestados los vecinos Arturo Kher y Rolando Nevares, que fueron conducidos por la policía a la comisaría y liberados a las 5.30 ya que "por error se los había detenido incomunicados".

Otros capturados en Pico fueron Armando Rodríguez, Franco Fons, Aníbal Tellechea, Albana Blanco, Aníbal Huerga, Agustín Aquiles, José Oscar Isasti, Tomás Zucconi, Victoriano García y Bismark Ruiz. Sólo Lía Bravo quedó alojada en General Pico, los demás fueron llevados a la Colonia Penal en Santa Rosa.

En General Pico fueron allanados además los domicilios de los comunistas Mauricio Knobel, Tomás De León y Levin Weckesser, pero al no ser hallados quedaron como prófugos.

Sospechas.

Los detenidos que habían ingresado a la comisaría de Santa Rosa, fueron trasladados a las 5.45 con un camión hasta el pabellón 4 de la Colonia Penal. La Arena enumeraba: "Hay de profesiones democráticas, una docente de General Pico, otros del PS, otro del Partido Demócrata Progresista, otros por error, otros sin ideología".

Durante esos días, varios familiares de los detenidos se reunieron con el gobernador Amit para pedirle que intercediera. "Nada puedo hacer", habrían sido las palabras del mandatario. El nivel de sospecha crecía en los sectores afectados. El 23 de diciembre La Arena denunció que había estado latente la posibilidad de un allanamiento a las oficinas del diario esa madrugada "para impedir la aparición de la presente entrega". Raúl D'Atri, ante la posibilidad, enviaría notas al gobernador y al presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, dirigentes de la UCRI piquense acusaron a "pastores" como responsables de los procedimientos en esa ciudad y la Acción Católica Argentina contraatacó públicamente porque implicaban en la acusación de delación al cura párroco Lario.

En General Acha se acusaba al comisionado municipal de haber hecho las denuncias contra los peronistas.

Liberados.

En total, fueron detenidos bajo el Plan Conintes en esa segunda razzia 19 ciudadanos. Catorce quedaron en libertad el viernes 23 a partir del mediodía. El primero fue Morisoli. Sólo cinco pasaron el fin de semana en la cárcel: Nicanof, Polisuk, Ferrato, Tellechea -en Pico- y Lino. Los procedimientos continuaron sobre aquellos que estaban prófugos: Levin Weckesser y Armando Rodríguez tenían captura recomendada por el jefe de Policía.

El lunes 26 se presentaron en la comisaría piquense Knobel y De León y quedaron arrestados. Finalmente, en las últimas horas del 27 fueron liberados tres de los cinco que quedaban alojados en la Colonia Penal: Ferrato, Polisuk y Lino. Quedaron sólo Nikanoff y Tellechea, Knobel y De León, en Pico, que fueron liberados el 28 de diciembre.

La aplicación del Plan Conintes fue derogada el 2 de agosto de 1961, aunque se estipulaba que las causas y los delitos cometidos bajo su aplicación seguirían bajo jurisdicción militar. Durante algunos meses de 1962, volvió a ser puesto en vigencia por el gobierno de aquella época.