Los echados de la UNLPam por la dictadura

Ante el debate generado en torno a los prescindidos de la Universidad Nacional de La Pampa durante la dictadura militar y las responsabilidades de las autoridades que asumieron en esa etapa de la casa de estudios, reproducimos un fragmento del capítulo sobre ese período del libro "La Universidad de La Pampa. 50 años de historia" del año 2008, autoría de Norberto Asquini y Luis Dal Bianco.


El 24 de marzo del ’76 un golpe militar derrocó a la presidenta Isabel Martínez de Perón e inició una dictadura que duró siete años. No fue otro gobierno de facto como los que ya se habían sucedido en la Argentina.

El Proyecto del denominado Proceso de Reorganización Nacional puso en marcha un antiproyecto universitario para destruir al “virus subversivo” que se difundía en las casas de estudios y penetraba en las mentes de los estudiantes y así interrumpir el “eslabonamiento ideológico entre las generaciones” para que no reaparecieran los grupos armados que estaban combatiendo. Así, el Terrorismo de Estado que se ejerció sobre la comunidad universitaria sin límites ni controles.

Buchbinder indica que la dictadura se propuso “llevar a cabo una profunda reestructuración del conjunto del sistema universitario que, como en otros ámbitos de la política y la cultura argentina, sólo era posible mediante la represión y desarticulación de las organizaciones políticas y gremiales. A las desapariciones y asesinatos de estudiantes y profesores se sumaron las cesantías masivas”.

Por su parte, Carolina Kaufman indica que hubo una gradual militarización de la enseñanza pública en todos los niveles que se nutrió de una “convergencia cívico-militar”. Para la autora, los principales rasgos que identificaron a las políticas universitarias durante la dictadura fueron “la intervención de las autoridades militares en la conducción universitaria, cambio de la estructura administrativa, vinculaciones estrechas con sectores integristas del catolicismo, configuración ideológica del sistema mediante un severo control ideológico, desmantelamiento del pensamiento científico autónomo e imposición de una ciencia perenne, persecuciones y cesantías en el cuerpo docente y expulsiones en el cuerpo estudiantil, impunidad académica para imponer mecanismos, procedimientos y prácticas represivas en las universidades”.

Desde la perspectiva de los militares golpistas el proyecto educativo dictatorial “privilegió otro tipo de profesional, otras expectativas, otras relaciones y valoraciones, otros saberes”. Para eso, a los pocos días del golpe, la Junta Militar dictó una nueva Ley Universitaria, la 21.276, que dispuso que las universidades quedasen bajo el control del Poder Ejecutivo y se prohibieron las actividades gremiales y políticas. Fue un reflejo del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional en el que los gobiernos provinciales quedaban verticalmente subordinados a la Junta Militar.

En la UNLPam, la represión interna comenzada a fines de 1975 se completó durante la dictadura militar con el alejamiento forzado o voluntario de docentes y estudiantes.

El 26 de marzo asumió la intervención militar de la Universidad el delegado coronel Julio César Ruíz. El 8 de abril, un comunicado del rectorado informó “a la comunidad universitaria la necesidad de mantenerse al margen de cualquier actividad gremial, política o ideológica ateniéndose exclusivamente dentro de sus claustros o las tareas específicas ya sea en el orden docente, estudiante o administrativo”.

Para vigilar las actividades de adoctrinamiento, propaganda y agitación política el delegado militar dictó una resolución el 16 de julio que reglamentó un régimen disciplinario para los alumnos con la mayor severidad.

Poco después, el coronel Ruíz dio paso a un civil. El 18 de agosto de 1976 asumió como rector de la Universidad Vicente Marquina. En el acto de asunción, el funcionario afirmó que con los objetivos fijados en acta de Proceso de Reorganización Nacional se iban a “restituir los valores esenciales que son fundamento de la conducción del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y de eficiencia”.

Durante la dictadura militar las autoridades “congelaron” la expansión de la oferta académica, mantuvieron el proyecto edilicio de gestiones anteriores y se retrotrajo la política académica al período anterior al ’73. En el grupo académico que se hizo cargo de las conducciones de la UNLPam en el período 1976-1983 primaron principalmente ex funcionarios o docentes universitarios con actuación durante la Revolución Argentina (1966-1973) como los rectores Marquina (1976-1979) y Marcelo Iván Aguilar (1979-1981) y el vicerrector Ricardo José Telleriarte (1976-1979), entre otros. Este grupo asumió la conducción de la UNLPam con un sesgo jerárquico y verticalista, y con una efectiva participación en los dispositivos de control ideológicos sobre el cuerpo universitario. Juan José Costa había sido contador general de la UNLPam en su etapa provincial, Eduardo Rodríguez Pozos estuvo años como rector interventor hasta 1971 y José Villarreal había sido Director de Prensa en el gobierno de facto y no se le había renovado el contrato en el ’74.

Estos grupos académicos de la dictadura centralizaron las estructuras, esferas y modos de ejercicio de poder así como los procesos decisionales y oficiaron de soporte ideológico del régimen con el control y sujeción ideológica de la comunidad universitaria.

En 1976 los decanos designados por el gobierno nacional para acompañar a Marquina fueron en Agronomía José Alberto Pérez, en Exactas y Naturales Ricardo José Telleriarte, en Económicas Alfredo Roberto, en Humanas José Villarreal y en Veterinarias Raúl Antonio Alvarez. Por su parte, Juan José Costa fue nombrado secretario general, Enrique Bour secretario académico –reemplazado en marzo del ’77 por Eduardo Rodríguez Pozos–, Daniel Omar Bensusan como secretario de extensión universitaria y acción social y Horacio Cao fue ratificado como secretario administrativo.

En lo interno, en la UNLPam se perpetuó el orden jerárquico y vertical impuesto por el poder militar en los métodos de tomar decisiones que se definían en el reducido círculo del rector, los cuatro secretarios y los cinco decanos. Una estructura que quedaba bajo el control militar por parte de la Subzona 14 de cualquier actividad no académica dentro de la casa de estudios.

También se debe plantear el escaso grado de autonomía que tenía el rector con respecto a las autoridades nacionales, dado que las leyes universitarias del Proceso dejaron poco margen para cumplir sus funciones.

En cuanto al cuerpo docente, podemos indicar que, como Kaufmann analiza para la Universidad Nacional de Entre Ríos, “la universidad enclaustrada de la dictadura, portadora de mandatos dictatoriales, generó y requirió de grupos académicos que, por un lado, reforzaran su sectarismo académico, y, por otro, marginaran a las voces ‘infieles’, acentuando una polarización ideológica (opositores/no opositores) ya estuviese expresada en libros, docencia y/o cuerpo estudiantil”.

Durante la dictadura, la arbitrariedad del proceso de designación de los docentes permitió que muchos fueran nombrados en función de su adhesión a los principios esgrimidos por ese régimen político o hubiera incorporaciones o permanencias que estaban atadas a la discrecionalidad de las autoridades.

Los considerados “peligrosos” fueron expulsados del cuerpo universitario. Las “purgas” de docentes y no docentes se sumaron a las iniciadas a fines del ’75. También las detenciones por parte del Ejército y la policía provincial de algunos profesores como el caso del ex decano Néstor Bosio en abril del ’76.

El estricto control ideológico, en particular sobre el área de Humanas, llevó a que muchos docentes “por razones de servicio” –como sucedió el 11 de agosto con Julio Colombato, Nelly Lucero y Rodolfo Capón Filas–, “limitación de servicios” o renuncias por causas “de índole personal” fueran expulsados del ámbito universitario. A otros docentes, por resoluciones, se les prohibió la actividad docente y de investigación en el ámbito universitario e institutos estatales de todo el país. Los mandatos de orden y disciplina permearon el tejido institucional haciéndose extensivo al cuerpo administrativo.

La prescindibilidad dominó los mecanismos pseudo legales que tornearon las formas de represión. La magnitud de esa depuración de los cuadros docente y no docente se puede observar en la nómina de cesanteados o expulsados confeccionada en 1985, con la vuelta de la democracia, cuando las nuevas autoridades de la UNLPam decidieron reincorporar a profesores y empleados víctimas de la persecución ideológica a partir de octubre de 1975.

En el listado figuraron 41 personas cesanteadas entre 1976 y 1983, que fueron los que presentaron sus casos oficialmente, aunque la lista es más extensa y podría llegar a un centenar de víctimas si se cuentan a alumnos y a profesores que debieron emigrar. De esa nómina, 34 tenían cargos docentes y 7 eran empleados y el 47% de los profesiones pertenecían a la Facultad de Humanas. Las cesantías a los profesores universitarios los inhabilitaba para ejercer en los otros niveles del sistema educativo –primario, secundario, terciario–, lo cual demuestra un manejo centralizado de la información. En la Facultad de Ciencias Humanas figuraron según este listado, que no es exhaustivo, como cesantes durante la dictadura militar en abril del ’76 Juan Alberto Martínez, en junio Alejandro Socolovsky y María Teresa Poussif, en agosto Julio Colombato, Nelly Lucero y Edith Vivona, en noviembre Jorgelina Caviglia y Daniel Villar –estuvo además detenido-desaparecido durante tres meses por los militares en Bahía Blanca–, en abril del ’77 Luisa Diez, en agosto del ’78 Santiago Giai y en mayo de 1980 Margarita Monges. En Económicas Rodolfo Capón Filas en agosto del ’76, Héctor Martínez en enero del ’77 –estuvo preso y fue torturado por la Subzona 14–, Norberto Schroeder y Eloy Traba en el ’80 y Héctor Borredón. En Exactas y Naturales se consideró los casos de Graciela Valerga y Juan Macluf en 1976, Jorge Kiriachek en el ‘77, Gabriel Yussem en el ’79 y Walter Cazenave y Luis Sabatella en el ‘80. En Veterinarias, fueron expulsados Abel Ozzán en agosto del ’76 –también quedó afuera de la de Humanas–, Dardo Hernández en el ‘77, Alberto Carlini Carranza en el ’81 y Manuel Miranda en el ’82. Y en el Rectorado, Beatriz Corvalán y Juan José Sena en junio del ‘76. También hubo siete presentaciones de no docentes a los que por una causa u otra se los dejó cesantes de sus lugares de trabajo: Eduardo Guzmán, Graciela Valerga, Angel Juárez y Sven Christensen en el ’76, Rosalia Terragiti en el ’78, Elba Velazquez en el ’79 y Roberto Montes en el ’81.