Segunda parte del informe sobre cómo actuaron las entidades empresarias de La Pampa, ruralistas y cámaras de comerciantes e industriales, ante el paro de Apege en febrero de 1976, la antesala del golpe de Estado.
Norberto G. Asquini y Juan Carrizo Sánchez
El 17 de enero estuvo en la provincia para promover la medida durante una reunión de Carbap su presidente Jorge Rubén Aguado, de la Asociación Gremial Agropecuaria de Ingeniero Luiggi. Fue después ministro de Agricultura y gobernador de Buenos Aries durante la dictadura.
El lock out se notó en la provincia a través de CRA y Carbap. La Comisión de Enlace de Sociedades Rurales adhirió a la medida como también la Asociación Agrícola Ganadera. Pero las cámaras de comercio de la provincia se dividieron. El Consejo Superior de la CGE (Confederación General Económica) había reclamado un plan de medidas progresivas y a esta postura se sumó la Federación Económica de La Pampa (FELP) que no reconoció el paro de Apege. Sí lo hizo en cambio Cicar de General Pico.
El 12 de febrero, en la solicitada "Por qué paran los empresarios", la Apege habló de "la destrucción de la empresa privada" y de que "todos los argentinos son víctimas de un proceso que conduce inexorablemente a la disgregación y el caos". Y apoyó a las Fuerzas Armadas y de seguridad "que se desangran combatiendo contra la subversión apátrida, sin contar con una sincera y efectiva colaboración de los Poderes Públicos".
La Sociedad Rural piquense informó el 12 de febrero en La Reforma que los productores debían abstenerse de cargar hacienda a los distintos mercados de Liniers y Avellaneda el sábado 14 y domingo 15 y de efectuar actividades comerciales.
Cicar también publicó su posición el 13 de febrero dado que "corresponde a la entidad ser fiel intérprete de las opiniones mayoritarias de sus asociados". Y la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la provincia, en tanto, dejó en libertad de acción a sus asociados ya que la CINA no propiciaba el paro empresarial.
Clima nacional.
El lock out, de acuerdo a lo publicado en La Arena, tuvo "escasa significación". En Santa Rosa, se notó en una gran tienda de la calle Pellegrini y varias concesionarias de autos. En Pico tuvo más repercusión y paró Luna Hermanos.
El paro empresarial no fue enfrentado por la Federación Agraria Argentina, como si lo hizo una parte de la CGE. Es más, la adhesión masiva que adquirió la medida en el agro indican que buena parte de sus bases se sumaron a ella.
El 14 de febrero la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas -aunque enfrentadas con Regazzoli- publicaron una solicitada en la que repudiaron la medida, acusando al sector de ser "los que lucran con la economía popular" y "los responsables de la situación actual". Incluso anticipaban que denunciarían "como enemigos del pueblo" a quienes se plegasen, resaltando que "los mismos que quieren hacer paro y pagar los jornales perdidos, niegan a sus obreros los mínimos beneficios que acuerdan las leyes vigentes".
El 24 de febrero, la FELP ante una semana de lucha programada luego por la CGE, informó en una solicitada que "el clima nacional se halla convulsionado por medidas de fuerza que al margen de su validez de sus demandas, contribuyen a incrementar el desaliento de lo sectores y la ciudadanía en general". Y sobre las medidas indicó que la "gravedad de los momentos que el país atraviesa deben ser metódicas y practicables en forma progresiva". Pedían además una serie de medidas económicas. El 25 los dirigentes decidieron en la Cámara de Comercio que las medidas no quedaran "limitadas a apagones de luz" sino que fueran notorias.
Los más duros.
Tal vez la solicitada más “combativa” fue la de la Regional La Pampa de Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores, del 21 de marzo del 76. Varias de estas concesionarias habían parado en Santa Rosa y otros lugares el 16 de febrero. Ante un conflicto gremial con Smata, dijo que esto “alentaba el desorden económico” y pidió al Ministerio de Trabajo “poner fin a este estado de cosas y declarar fuera de la ley al Smata, para que esta declaración de ilegalidad surta sus efectos: despido de los instigadores, aplicación de la ley antisubversiva y procesamiento penal de los culpables”.
Después del golpe del 24 de marzo del 76, no hubo muchos pronunciamientos. Sí una declaración de la Sociedad Rural de General Pico el 1º de abril, a través de un texto entregado a los medios, que se consideraba “factor primordial de la recuperación económica que el país reclama”. Habló que había que revertir el deterioro y que “tradicionalmente el mayor productor de divisas del país” era el campo
“Nuestra posición es optimista. Con ingenio, dinamismo y esfuerzo saldremos adelante. Recuperaremos a su tiempo el lugar que nunca debimos perder a la cabeza de los productores mundiales de alimentos. Con este ideal pedimos a los productores de la zona el esfuerzo adicional de confiar una vez más”, indicó el escrito.
La mayoría de las entidades empresariales tuvieron durante la dictadura, la misma posición que Carbap, que acompañó con varios de sus dirigentes al gobierno militar, en tanto la Cámara de Comercio de Santa Rosa fue intervenida durante todo el Proceso por las autoridades de facto.
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