El 25 de
diciembre cinco jóvenes de Ingeniero Luiggi fueron detenidos luego de una
humorada: hacerse pasar por policías. Fueron trasladados a Santa Rosa y
torturados por la Subzona 14. El auto en el que iban, un Peugeot 504 rojo, fue
secuestrado por los militares y usado en Bahía Blanca para realizar secuestros
en esa ciudad.
Norberto G.
Asquini
La Navidad de
1976 cambió la vida de cinco jóvenes, de unos veinte años, oriundos de
Ingeniero Luiggi. Pero no para bien. Hasta ese día, lo que ocurría en otros
puntos del país luego del golpe de Estado del 24 de marzo de ese año apenas
había cambiado su vida cotidiana que transcurría en un pueblo del interior
pampeano. Pero todo cambió en una madrugada.
Raúl Alfredo
Pastorino, Omar Aníbal Seia, Roberto Luis Torres, Rafael Oscar Grande y Carlos
Horacio García nunca pensaron que una broma a la salida de una fiesta los
llevaría a conocer el infierno de la Subzona 14.
En la ruta 35.
El caso de los
cinco ex detenidos por el grupo de tareas que funcionó en La Pampa se ventiló
en la actual investigación sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura
militar denominada "causa Subzona 14 II" que lleva adelante el
Juzgado Federal de Santa Rosa.
Fue una
humorada a la salida de un baile que terminó de la peor manera. Esa noche,
relató Torres en su momento, el grupo regresaba de un baile a la localidad en
un Peugeot 504 rojo patente L039228, propiedad de García, comprado poco antes,
y en una camioneta. Esta última tuvo un desperfecto en la ruta 35, en el cruce
entre Alta Italia y Embajador Martini. El automóvil se estacionó mitad sobre la
cinta asfáltica, y mientras esperaban por el arreglo, se detuvo cerca otro
vehículo. Uno de los muchachos, para hacer una broma, simuló ser policía y les
pidió documentos, como si estuviera en un operativo y cortando la ruta. Cuando
los ocupantes del otro rodado siguieron su camino y llegaron a su destino,
Realicó, fueron a la comisaría.
Poco después,
la policía de Ingeniero Luiggi fue a buscar a los jóvenes a su casa. A algunos,
como a Torres, un agente les dijo que se presentaran en la comisaría
"después de desayunar". Ahí empezó todo.
Hacia Santa
Rosa.
Las autoridades
militares, ante la presencia de un grupo de jóvenes que en plena dictadura se
hacía pasar por uniformados, enseguida encendieron la alarma sobre un posible
foco "subversivo". Los policías, enterados enseguida de la situación,
y en plena represión interna, pasaron el caso a disposición de la Subzona 14.
Esa Navidad, el comisario principal Omar Aguilera, uno de los oficiales del
grupo de tareas, recibió las actuaciones y a los detenidos, que fueron
trasladados vía General Pico a Santa Rosa, en calidad de incomunicados. También
firmó como responsable de la "investigación" Roberto Fiorucci, otro
de los jefes de la patota pampeana.
El día 27, dos
días después de su arresto, Aguilera les tomó declaración. Para entonces, los
cinco habían sido "interrogados" a los golpes dentro de la Seccional
Primera.
Torturados.
García dio
testimonio de su detención en la causa 615/12. Aseguró que "padeció una
irrupción militar en su domicilio, durante la cual fue golpeado y le
destruyeron la casa". Ya detenido, fue alojado en la Seccional Primera sin
agua ni comida, golpeado y torturado en la planta alta, con golpes y corriente
eléctrica en tres sesiones diarias. Estuvo allí entre diez y veinte días.
Torres también
declaró sobre los 42 días aproximadamente que pasó en la cárcel y de los
tormentos a que fue sometido. Seia indicó a su vez al declarar en la causa que
estuvo 28 días arrestado. Sufrió interrogatorios en el primer piso de la
comisaría mientras estaba esposado y con los ojos vendados, en los que fue
golpeado. Los tres víctimas de la misma metodología que desde el 24 de marzo el
grupo de tareas había aceitado en los cuerpos de decenas de presos políticos.
A prisión.
El 28 de
diciembre, ante la evidencia de que los jóvenes no integraban un grupo
guerrillero, el expediente fue elevado al juez federal Walter Lema y los cinco
fueron trasladados y encarcelados a la Unidad Penal 4. Poco después se les
inició una causa, la 742/76, caratulada "García, Carlos H. y otros s/
supuesta infracción ley 20840", la de Seguridad o más conocida como de
"lucha contra la subversión".
En el pabellón
de la U4 compartieron el espacio con otros presos políticos. Algunos jóvenes
también, como los militantes de la izquierda universitaria detenidos en enero
de 1977. Con los que compartían algunos gustos de la edad, pero los separaba
una eternidad. Los estudiantes habían reclamado, en plena dictadura y con la
actividad política prohibida, por la vida del dirigente sindical René
Salamanca, desaparecido en Córdoba.
Indagados.
El 30 de
diciembre de 1976 la causa llegó a manos de la Justicia Federal pampeana, la
misma que hoy, 36 años después, investiga los verdaderos hechos detrás de las
detenciones. Ese expediente, que es utilizado en la actualidad como prueba,
tiene dos caras: la formal, la del papeleo judicial; y la clandestina, la faz
que no figura y que se debe leer entrelíneas, la de las torturas.
El juez Lema le
tomó declaración en esa sede judicial a García, Grande, Seia, Torres y
Pastorino, y luego regresaron a la U4. Desde ese momento, volverán a pasar una
y otro vez ante los representantes de la Justicia procesista. El magistrado
volvió a tomarles declaración el 7 y el 12 de enero de 1977. Ante los hechos,
resolvió el sobreseimiento definitivo de los cinco muchachos por la infracción
a la ley 20840. Y se declaró incompetente respecto de la dilucidación de otros
delitos, por lo que puso a los detenidos a disposición de la justicia ordinaria
de General Pico.
El 19 de enero
de 1977, los jóvenes fueron otra vez indagados, esta vez por el juez de
Instrucción piquense por el delito de usurpación de autoridad. El 21 de enero,
el magistrado resolvió la falta de mérito de los cinco y el 12 de octubre de
1977 los sobreseyó definitivamente.
El Juzgado
Federal dio por acreditada la privación ilegal de la libertad y tormentos
padecidos por los cinco muchachos el fin de año del 76.
El Peugeot en
Bahía Blanca
En el
testimonio de Carlos Horacio García, una de las víctimas, ante el Juzgado
Federal, surgió un dato llamativo y que puede llegar a tener relación con otras
causas de delitos de lesa humanidad en curso. Cuando fue detenido el 25 de
diciembre, la Subzona 14 le secuestró el Peugeot 504 comprado poco antes. El
automóvil, según indicó el Juzgado Federal en el auto de procesamiento,
"le fue devuelto destruido después de tres o cuatro meses y supo que con
el vehículo habían estado 'levantando' gente en Bahía Blanca".
(Publicado en La Arena)
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