El "cuartelazo" contra Regazzoli

En marzo de 1974, la policía provincial se acuarteló contra el gobierno democrático de José Aquiles Regazzoli. Los ecos del golpe contra el gobernador cordobés días antes hizo temer que ocurriera lo mismo en La Pampa.

Norberto G. Asquini


En marzo de 1974, cuando la Argentina vivía un momento difícil ante el enfrentamiento interno en el peronismo que gobernaba, en La Pampa hubo un movimiento policial que alteró la calma provinciana e hizo pensar que el gobierno de José Aquiles Regazzoli podía caer. Apenas unos días antes había ocurrido un "golpe" local en Córdoba, en los que policías se levantaron en armas y destituyeron al gobernador Ricargo Obregón Cano, al que identificaba la ortodoxia peronista con la izquierda.
Para entonces, gobernaba el país el presidente Juan Domingo Perón, que intentaba poner orden en una sociedad movilizada, y había comenzado a ordenar al justicialismo apartando al ala izquierda y realizado una vuelta a la ortodoxia peronista.
En ese marco, ocurrió un extraño suceso que recorrió la provincia en la primera semana de marzo cuando la policía se acuarteló en reclamo de aumentos de sueldos, pero en el que muchos alcanzaron a ver otros objetivos más destituyentes.

El Navarrazo.
Días antes del acuartelamiento pampeano, el 27 de febrero, había ocurrido en Córdoba el "Navarrazo", un golpe de Estado provincial en el que los uniformados de esa provincia se levantaron contra el gobierno constitucional y destituyeron al mandatario provincial Ricardo Obregón Cano, considerado cercano al ala revolucionaria del peronismo. Fue un golpe comando encabezado por el jefe de la policía cordobesa, el teniente coronel Antonio Navarro -que había sido exonerado por el mandatario-, más el apoyo de civiles armados que respondían a la ortodoxia sindical, que depuso al gobernador. Este movimiento estuvo en sintonía con la estrategia de excluir a la Tendencia revolucionaria, el ala izquierda, de los espacios institucionales y contó con el aval implícito de Perón, que no lo condenó. Así, las patotas ocuparon la Casa de Gobierno a punta de pistola, apresaron a ochenta funcionarios y destituyeron a Obregón Cano y al vicegobernador, el sindicalista combativo Atilio López. El golpe fue tácitamente avalado por el gobierno nacional que envió un interventor federal y no restituyó al mandatario depuesto. Días después, el 8 de marzo, el Congreso Nacional designó al peronista ortodoxo Duilio Brunello como nuevo interventor cordobés. Navarro sería procesado e indultado al poco tiempo.

En la Jefatura.
En las primeras horas del viernes 8 de marzo de 1974, el personal subalterno de la policía de La Pampa comenzó a tomar las dependencias a su cargo. El fin de semana se acercaba y esa madrugada se agitó inesperadamente. Apenas comenzada la insurrección policial en la provincia muchos se preguntaron si era una mera coincidencia que se produjera una semana después casi la misma situación que en Córdoba.
Ese mañana estaba prevista una audiencia a las 10 entre un grupo de policías y el gobernador Regazzoli. Pero cuando comenzaba la tarea diaria, oficiales, suboficiales y agentes se amotinaron. Hicieron desalojar a sus superiores, comisarios y subcomisarios, de todos los organismos y ocuparon las sedes. En la Jefatura los jerárquicos fueron desalojados del edificio apuntándoles con las pistolas reglamentarias, afirmaba La Arena, como le ocurrió al jefe de Policía, José Silva Garracini, y al subjefe, Nicolás Miskoff. También se abandonaron los servicios de calles y los puestos en los edificios públicos. En Casa de Gobierno, el personal policial de guardia se encerró en las habitaciones de su sector.

Insubordinados.
Al llegar temprano esa mañana a su despacho, Regazzoli quedó doblemente sorprendido. Cuando se comunicó con el interior de la provincia, todas las localidades parecían haberse plegado sistemáticamente a esa ola de insubordinación: las comisarías de General Pico -a través de un "Comando de Autoacuartelamiento"-, General Acha, Victorica y Eduardo Castex también habían sido tomadas. También se conocería luego que no había servicio policial en localidades como Larroudé, 25 de Mayo, La Adela o La Humada. Casi no hubo dudas: la "huelga" policial había sido tramada con anterioridad y precisión.
La mediación comenzó a través de los diputados sindicalistas del PJ que llamaron por teléfono a la Seccional Primera santarroseña, centro operativo de los policías acuartelados. Al mediodía comenzó a vislumbrarse una posible solución. Sin embargo, a las 15.30 se interrumpió el servicio telefónico.

Personalmente.
Regazzoli se trasladó a pie hasta la comisaría para negociar con el personal. Les enrostró que las puertas siempre estuvieron abiertas para que elevaran sus reclamos y que durante la dictadura militar no se habían registrado actos de esa índole. Hizo la propuesta de asignarles una bonificación en sus sueldos que fue aceptada por los policías acuartelados. Entretanto, mientras se negociaba, varios policías salían cada tanto de la dependencia con rumbo desconocido.

Conspiración.
Las palabras que durante el tenso día realizó al periodista Jorge Roó de La Arena el jefe Silva Garricini en una entrevista, abonaron la teoría conspirativa. El día anterior el comisario general retirado había estado con los policías y les había pedido que desistieran de cualquier medida de fuerza y estos habían designado a sus representantes y delegados para hablar con el gobernador. Sin embargo, horas después estalló el motín. El jefe de Policía dijo al cronista que "desde afuera se ha trabajado e influenciado para el endurecimiento de esa actitud y la resistencia a todo diálogo". Y apuntó directamente como promotores del alzamiento a varias figuras policiales con actuación durante la dictadura militar que habían sido desplazadas por el gobierno de Regazzoli. Los funcionarios de la institución tenían ya conocimiento que "un grupo de esencia reaccionaria" había estado agitando el ambiente en el interior de la provincia. La versión, no confirmada, señaló que varios de los dados de baja habían llegado desde Córdoba a Santa Rosa días antes y a la cabeza estaba "un alto ex funcionario policial". Según varios de los negociadores, tras de eso "habría una confabulación que podría apuntar al propio gobierno provincial".

Complot.
La revista Con Todos le endilgó a la cuestión policial haber intentado "cuestionar y socavar la gestión de Regazzoli". "No dejó de extrañar la presencia en Santa Rosa de antiguos funcionarios policiales fieles representantes del 'continuismo' y de actuales protagonistas, que junto a los antihéroes fueron sorprendidos con cierta periodicidad en diversas localidades del interior manteniendo extensos diálogos con quienes semanas más tarde habrían de integrar los 'comité de huelga' policiales", precisaba en el número de abril del 74.
"Una pertinaz propaganda contra Regazzoli que sólo verían en el gobernador un hombre bueno pero carente de los atributos para superar los problemas políticos hoy inherentes a la conducción de cualquier provincia", editorializaban los diarios al día siguiente del acuartelameinto. El 11 de marzo el gobernador firmó el decreto de aumento de haberes policiales.
Poco después, durante una entrevista para La Arena, se le preguntó a Regazzoli:
-¿Hay sectores que trabajan contra el gobierno?
-Sí, no sólo contra el gobierno provincial, sino contra el gobierno nacional. Aparecen brotes que crean malestar dentro de la sociedad. Creemos que aquí entran no sólo influencias, sino también dinero de afuera para eso, contestó el gobernador.

(Publicado en Caldenia)